La Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid desalojaron durante la madrugada de este martes el campamento que reclamaba medidas para garantizar el acceso a la vivienda en la Puerta del Sol. El operativo se desarrolló sin incidentes de gravedad, aunque dos personas fueron detenidas por resistencia a la autoridad.
Tras 38 días
Desalojaron a 300 personas que acampaban en Madrid por el acceso a la vivienda
El operativo se realizó durante la madrugada en la Puerta del Sol, con la participación de 400 agentes. Dos manifestantes fueron detenidos por resistencia a la autoridad y los equipos municipales retiraron las instalaciones que permanecían en la plaza.
La intervención se produjo después de que los organizadores comunicaran que daban por finalizada la protesta. La Delegación del Gobierno en Madrid también mencionó la existencia de “hechos presuntamente delictivos e incidentes” para justificar el procedimiento.
400 agentes y dos detenidos
En un comunicado, la Delegación del Gobierno aseguró que el desalojo se llevó adelante de forma gradual y sin violencia. Según explicó, la medida buscó “garantizar el ejercicio pacífico de los derechos fundamentales, proteger a las personas y los bienes y recuperar el uso ordinario de la Puerta del Sol”.
Al momento del procedimiento, alrededor de 300 personas dormían en el campamento. Unos 400 efectivos participaron del operativo y, una vez que los últimos manifestantes abandonaron las tiendas, comenzaron las tareas de limpieza y retiro de los elementos que habían quedado en la plaza.
Minutos antes de las 9, los restos de la instalación se concentraban en una pequeña franja frente a la Real Casa de Correos. Allí trabajaban operarios municipales con dos excavadoras y tres camiones para cargar los materiales.
Parte de los organizadores ya había anunciado que el desmantelamiento sería progresivo, con el objetivo de preparar la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre por los principales sindicatos. La medida busca reclamar viviendas y salarios que permitan afrontar el costo habitacional.
El inicio de la protesta
La acampada se había instalado el 26 de septiembre para exigir respuestas ante el aumento de los alquileres. Su origen estuvo vinculado con el desahucio y posterior fallecimiento de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que había vivido durante siete décadas en la misma vivienda.
Con el paso de los días, la convocatoria sumó otros reclamos y reunió a distintos colectivos, entre ellos grupos antifascistas, anticomunistas, propalestinos y defensores de los derechos de las personas LGTBI. También se acercaron personas sin hogar que permanecieron en el lugar.
La continuidad de la protesta generó diferencias entre las autoridades madrileñas. Tanto el gobierno regional como el Ayuntamiento reclamaban que se levantara el campamento, mientras que el entonces delegado del Gobierno central, Francisco Martín, se oponía al desalojo mientras no estuvieran comprometidas la seguridad y el orden público.
La Puerta del Sol es uno de los principales puntos comerciales de la capital española y recibe diariamente a numerosos turistas nacionales y extranjeros.
Ayuso y Feijóo respaldaron la intervención
El desalojo recibió el respaldo de dirigentes del Partido Popular. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, responsabilizó al presidente del Gobierno español por haber permitido que la acampada permaneciera durante 38 días.
“Esto es lo que Pedro Sánchez ha consentido durante 38 días en la plaza de todos los españoles. O comunismo o libertad”, escribió en sus redes sociales.
En la misma plataforma, Carlos Díaz-Pache, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, afirmó que el operativo podría haberse realizado antes. También cuestionó la permanencia de la instalación por los problemas de seguridad, insalubridad y daños al patrimonio que, según sostuvo, se habían registrado. Además, consideró que las autoridades debían dar explicaciones ante la Justicia.
Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, definió el procedimiento como “una buena noticia para la salubridad pública” y celebró que “vuelva a funcionar el Estado de derecho”.
Durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, también señaló que la medida favorecía a los comerciantes, al sector de la hostelería y a la imagen de Madrid.
Feijóo sostuvo que las decisiones del Ayuntamiento y del gobierno regional habían dado resultado. Además, consideró que las demandas y denuncias presentadas ante la Justicia habían generado preocupación entre sus destinatarios.
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