El Parlamento Europeo detiene el acuerdo UE-Mercosur y lo remite a la justicia
Con una ajustada votación, la Eurocámara decidió suspender la tramitación del tratado de libre comercio firmado hace días con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay y pidió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que analice su conformidad con los tratados comunitarios.
Protesta de agricultores mientras el Parlamento Europeo vota sobre si remitir el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur. Créditos REUTERS/Yves Herman
La decisión se produjo en el pleno reunido en Estrasburgo (Francia) por 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, una mayoría estrecha que refleja la división dentro de la propia Eurocámara sobre el futuro del acuerdo, considerado el más grande en volumen de población y potencial comercial que la UE haya negociado.
El Parlamento Europeo votó paralizar la aprobación del acuerdo comercial
Contexto de la decisión
El acuerdo de asociación y libre comercio UE-Mercosur fue firmado formalmente el pasado 17 de enero en Asunción después de más de 25 años de negociaciones, con el objetivo de crear una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo y estrechar vínculos económicos entre Europa y Sudamérica.
Sin embargo, su aprobación interna enfrenta resistencias importantes dentro de la Unión Europea.
La votación de este miércoles respondió a propuestas de grupos parlamentarios que cuestionan si el tratado puede implementarse sin una aprobación explícita de los parlamentos nacionales y si ciertas cláusulas —como los mecanismos de “reequilibrio” comercial— comprometen la capacidad de la UE para regular en ámbitos como medio ambiente, salud o derechos laborales.
La aprobación del acuerdo comercial enfrenta resistencias importantes dentro de la Unión Europea.
Al remitir el acuerdo al TJUE, el Parlamento Europeo detiene de facto cualquier proceso de ratificación adicional hasta que la Corte se pronuncie, en un proceso que puede tardar entre 18 y 24 meses. Ese dictamen será vinculante para decidir si la Eurocámara y los Estados miembros pueden avanzar en la entrada en vigor del pacto.
La decisión parlamentaria atiende también a la preocupación de sectores sociales y políticos que han expresado rechazo al tratado.
En varias capitales europeas, principalmente en Francia, agricultores y organizaciones rurales han protagonizado protestas advirtiendo sobre los riesgos que una mayor apertura comercial con Mercosur podría traer para la producción agrícola europea, ante la posible llegada de productos a menor costo y bajo estándares distintos.
La paralización del acuerdo representa un revés inesperado para la Comisión Europea y los gobiernos de los países sudamericanos, que lo veían como una oportunidad para ampliar intercambios comerciales, atraer inversiones y reducir barreras arancelarias.
Para la Unión Europea, la entrada en vigor del pacto se planteaba como un instrumento para contrarrestar tensiones comerciales con otros socios globales, como Estados Unidos y China, y reforzar su presencia económica en el Hemisferio Sur.
Desde el punto de vista político, la medida también expone las tensiones internas en el seno de la UE.
Países con amplios sectores agrícolas, como Francia, Austria, Hungría, Irlanda y Polonia, se habían mostrado críticos con el acuerdo, advirtiendo sobre los desequilibrios que podría generar. Otros Estados, como Alemania y España, habían defendido la firma del tratado por su potencial para diversificar mercados.
Para los países del Mercosur, y en particular para Argentina y Brasil como potencias productoras regionales, este frenazo implica una prolongación de la incertidumbre sobre el acceso preferencial a un mercado de más de 450 millones de consumidores y sobre las inversiones que podrían derivarse del pacto.
En los últimos días previo a la votación, líderes sudamericanos habían destacado la importancia política y económica del acuerdo, subrayando su potencial transformador para el comercio exterior.
Además, la revisión del TJUE también podría influir en cómo se negocian otros acuerdos futuros entre la UE y terceros países, al sentar precedentes sobre las condiciones de ratificación y los requisitos legales que deben cumplirse para respetar los tratados europeos.