En lo que se considera el movimiento más significativo hacia la distensión política en años, el gobierno de Venezuela concretó en las últimas horas la liberación de más de 3.000 personas que se encontraban privadas de su libertad.

En un giro político trascendental para la gestión de Delcy Rodríguez, miles de detenidos recuperaron su libertad. El proceso busca la reconciliación nacional en medio de la transición política de 2026.

En lo que se considera el movimiento más significativo hacia la distensión política en años, el gobierno de Venezuela concretó en las últimas horas la liberación de más de 3.000 personas que se encontraban privadas de su libertad.
La medida responde a la implementación de la Ley de Amnistía, sancionada recientemente por la Asamblea Nacional, y marca un punto de inflexión en la administración de la presidenta interina Delcy Rodríguez tras la salida de Nicolás Maduro del poder a principios de año.
De acuerdo con los reportes oficiales encabezados por el parlamentario Jorge Arreaza, las liberaciones se han procesado a un ritmo acelerado.
Si bien el grueso de los beneficiados (unos 3.000) corresponden a personas que ya gozaban de medidas cautelares y ahora recibieron la libertad plena, también se registran cientos de excarcelaciones directas de centros de reclusión, incluyendo a numerosos presos políticos.

La aplicación de la ley no ha estado exenta de matices. Mientras el oficialismo califica el hecho como un "paso hacia una Venezuela más democrática y justa", organizaciones no gubernamentales como Foro Penal monitorean minuto a minuto las salidas.
Hasta la fecha, se han recibido más de 4.200 solicitudes de amnistía, lo que indica que el proceso de revisión de expedientes continuará durante las próximas semanas.
La normativa establece criterios claros: se otorga el beneficio a quienes participaron en protestas y eventos políticos entre 1999 y 2026. No obstante, excluye de manera taxativa a aquellos condenados por violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra, asesinatos, narcotráfico o delitos graves de corrupción.
Esta distinción es la que mantiene en vilo a familiares de detenidos que aún no han sido incluidos en las listas de salida.

El impacto de esta decisión ha cruzado las fronteras. En Argentina, la expectativa es máxima debido a la situación de ciudadanos nacionales que fueron detenidos durante la crisis venezolana de 2025.
Aunque ya se han confirmado algunas liberaciones de extranjeros, la Cancillería argentina mantiene la cautela, vinculando la normalización de las relaciones diplomáticas a la liberación total de sus compatriotas.

Figuras internacionales como Donald Trump han reaccionado a la noticia, destacando el "ritmo acelerado" de las liberaciones como un gesto humanitario poderoso.
Por su parte, la Unión Europea, a través de sus representantes diplomáticos, ha comenzado a evaluar el levantamiento progresivo de sanciones individuales, condicionado a la transparencia y la irreversibilidad de este proceso de apertura.
El clima en las afueras de prisiones emblemáticas como El Helicoide o el penal Rodeo I es de una mezcla entre alivio y vigilia constante. Para el gobierno venezolano, esta amnistía masiva es la herramienta principal para bajar la tensión social y legitimar la transición actual. "Hay que saber pedir perdón y saber recibirlo", expresó la mandataria Rodríguez al promulgar la norma.
Sin embargo, el desafío para 2026 radica en la reinserción de estos ciudadanos y en la garantía de que sus derechos políticos sean restituidos de forma completa. Con miles de expedientes aún en manos de los jueces, la "primavera venezolana" de este febrero parece ser el comienzo de una reconfiguración profunda del tablero geopolítico regional.