El centro de Santiago de Chile se convirtió este miércoles en el escenario de una batalla campal. Columnas de estudiantes universitarios se enfrentaron con la policía antimotines en el marco de una masiva movilización convocada para reactivar el movimiento estudiantil y repudiar el fuerte ajuste fiscal implementado por el flamante presidente de ultraderecha, José Antonio Kast.
“¡La educación se defiende en las calles!”
Violentos enfrentamientos entre estudiantes y la policía en una multitudinaria marcha en Santiago de Chile
Las agrupaciones universitarias se congregaron para rechazar un drástico recorte fiscal en Educación Superior de 221 millones de dólares. Hubo incidentes frente a la Universidad Católica, camiones hidrantes y al menos una decena de detenidos.
Bajo la consigna “¡La educación se defiende en las calles!”, la marcha —que no contaba con la autorización de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana— visibilizó el profundo malestar de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) ante una poda presupuestaria en el área educativa que alcanza los 197,7 mil millones de pesos chilenos (unos 221 millones de dólares al cambio actual), afectando principalmente a las universidades.
Camiones hidrantes, gases y detenciones en la Alameda
Los primeros focos de tensión y los incidentes más graves se registraron en las inmediaciones de la casa central de la Universidad Católica. Allí, efectivos de Carabineros desplegaron camiones hidrantes y lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, quienes respondieron arrojando piedras a las fuerzas de seguridad.
Como consecuencia de los disturbios, que se extendieron por espacio de una hora, la red de Metro de Santiago debió clausurar de manera preventiva las estaciones Universidad Católica y Santa Lucía. Si bien el cuerpo policial no entregó un balance oficial inmediato, cronistas en el lugar constataron al menos una decena de arrestos, incluyendo el de una joven que presentaba heridas sangrantes en el rostro.
“No más recortes, no es ajuste es robo” y “con los recortes, la salud no pasa de agosto”, rezaban algunas de las pancartas que portaban los jóvenes en alusión al impacto de las medidas oficiales.
El plan de Kast: "Habrá dolor, pero elegimos la responsabilidad"
El estallido en las calles se produce a pocos meses de que Kast, un abogado de 60 años y líder del Partido Republicano, asumiera la presidencia el pasado 11 de marzo. Con la premisa de equilibrar las cuentas públicas y reimpulsar la economía, el mandatario —el primero de extrema derecha desde el retorno de la democracia en el país trasandino— firmó apenas asumido una reducción del 3% promedio en el gasto de todos los ministerios.
Esta misma semana, durante su primer mensaje sobre el estado del país ante el Parlamento en Valparaíso, el jefe de Estado ratificó el rumbo de su plan de austeridad, con el que pretende recortar 6.000 millones de dólares en un plazo de 18 meses.
“No será rápido, va a haber dolor. No les voy a prometer milagros, pero sí les prometo que vamos a recuperar el orden de las cuentas públicas”, advirtió Kast frente a los legisladores, asegurando que la situación fiscal es “incluso más compleja” de lo estimado originalmente.
Pese al descontento social, el presidente chileno se mostró inflexible ante posibles presiones: “Nuestro Gobierno no se va a desviar del camino. Ante el dilema entre la popularidad y la responsabilidad, elegimos siempre la responsabilidad. Porque la popularidad pasa, pero las consecuencias de gobernar mal las pagan, durante años, las familias chilenas”.
Un arranque de gestión bajo turbulencia
La masiva protesta estudiantil se suma a un inicio de mandato complejo para el Ejecutivo chileno, condicionado por un marcado retroceso en los índices de aprobación popular y un prematuro recambio de gabinete a solo sesenta días de gestión, que forzó la salida de la vocera de Gobierno y de la ministra de Seguridad.
En el plano legislativo, el oficialismo logró a fines de mayo la aprobación en la Cámara de Diputados de su megarreforma económica. El proyecto contempla una rebaja gradual del impuesto a la renta corporativa (del 27% al 23%) con el objetivo de situar el desempleo en el 6,5% y apuntalar un crecimiento del 4% anual. Sin embargo, la iniciativa cosecha fuertes críticas de la oposición de izquierda, que denuncia un esquema de beneficios fiscales orientado exclusivamente a los sectores de mayores ingresos.
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