Alejandro Almada seguirá preso un mes más por la Causa Contratos

En el marco del avance de la conocida como Causa Contratos en la Legislatura provincial de Entre Ríos, la Justicia de Paraná continúa profundizando la investigación sobre el rol de Alejandro Almada y su presunta vinculación con maniobras de lavado de activos y desvío de fondos públicos.

Así lo dispuso este martes el juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, que subrogó a su par Marina Barbagelata, que tiene la causa desde su inicio. Se consideró el probable riesgo de fuga ante el pedido de 10 años de prisión que enfrenta, que se agravaría por una nueva causa por presunto Lavado de activos en la que se debe definir si se tramita en el fuero Federal o en el ordinario.

El juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, que subrogó a su par Marina Barbagelata que viene tramitando la compleja causa desde su inicio en octubre de 2018, dispuso este martes hacer lugar al pedido de prórroga de la prisión preventiva en la Unidad Penal Nº1 de Paraná para Alejandro Almada, por el plazo de 30 días e instó a las partes a buscar una salida menos gravosa.

Peligros procesales

El juez entendió que el peligro de fuga estaba vigente, pero consideró que se podría conjurar con una salida alternativa como el arresto domiciliario o la que las partes consideren pertinente y los instó a analizarlas. En la audiencia se informó que durante los 30 días que Almada estuvo con prisión preventiva tras entregarse, las partes avanzaron en un acuerdo de juicio abreviado que no se concretó.

A principios de septiembre, Almada se presentó voluntariamente en sede de Migraciones en la frontera con Brasil, a partir de tomar conocimiento por su madre del pedido de detención que se emitió tras violar las restricciones que pesaban sobre él y abandonar el país en el contexto de la investigación conocida como Causa Contratos Truchos.

La decisión del juez hizo lugar el forma parcial al pedido de los fiscales, Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, que solicitaron que la medida de coerción más gravosa -se trata de la privación de la libertad en la cárcel mientras se sustancia el proceso-, se dicte hasta la fecha de realización del debate. El 1 de julio, Barbagelata dispuso la remisión de la causa a juicio. No obstante, la resolución aún tiene pendientes varios recursos que la cuestionaron como así también recurrieron cuestiones relacionadas con la cuestión civil. Así, la fecha de debate es una incógnita.

La defensa de Almada, a cargo de Miguel Cullen, que fue asistido por su par, Francisco Cuello, se opuso al pedido y ofreció que se le imponga la obligación de entregar su pasaporte, la de comunicar a Migraciones la prohibición de salida del país, y solicitó que la medida se dicte en la modalidad de arresto domiciliario con tobillera.

Fiscalía expuso que Almada registró 216 egresos e ingresos, entre Argentina y Brasil, en el período en el que en Entre Ríos se debatía la remisión de la causa a debate. Añadió que en 193 oportunidades permaneció por 24 horas en el vecino país, lo que entendieron como un indicio de arraigo. Recordó que Almada, tras entregarse en la frontera y por acuerdo con su defensa, acordó una preventiva de 30 días cuando la causa ya estaba remitida, sin bien con recursos pendientes.

Los fiscales destacaron que el incumplimiento de las medidas de coerción que Almada se comprometió a cumplir en los inicios de la investigación sobre la presunta sustracción de millonarias sumas de dinero de las arcas del Estado en la modalidad de contratos de obra en la Legislatura -cuando en abril de 2019 se le morigeró el encierro en el penal y se le concedió la excarcelación y fijó un domicilio en Paraná que luego se comprobó que no habitaba-, se suma a la hipótesis de que las millonarias inversiones de su ex pareja y su ex cuñado en Foz de Iguazú, en Brasil, podrían tener relación con aquella millonaria sustracción.

Tras detallar las inversiones, que a montos actualizados por el valor del dólar arrojaron una suma de entre 190.000.000 y 210.000.000 de pesos, los fiscales consideraron que el riesgo de fuga que se evaluó en septiembre cuando se acordó la preventiva por 30 días, se acrecentó por la pena en expectativa que pesa sobre Almada –Fiscalía adelantó que pedirá 10 años de prisión-, y por la que le cabría de ser hallado culpable de otra causa que se le inició por el presunto delito de Lavado de activos por el origen de los fondos para concretar aquellas inversiones en Brasil.

Medidas sustitutivas

La defensa se opuso a la solicitud de Fiscalía y pidió “una interpretación racional del Código Procesal Penal (CPP)”. Ofreció como medidas sustitutivas del encierro en la prisión, la imposición de la obligación de entregar el pasaporte, de comunicar a la Dirección de Migraciones la prohibición de salida del país, la morigeración en la modalidad de arresto domiciliario con tobillera. También ofreció una caución. Se trata de la vivienda que Almada había denunciado como domicilio legal y está en proceso sucesorio. No obstante esta instancia, ofreció que los familiares de Almada que recibirán su parte del inmueble firmen la caución.