Este miércoles se desarrolla en los Tribunales de San Isidro la última audiencia preliminar del juicio por jurados contra Dahiana Gisela Madrid, una de las ocho personas acusadas por la muerte de Diego Armando Maradona. La instancia es clave, ya que se espera que los particulares damnificados soliciten la nulidad del proceso.
Este jueves
Última audiencia preliminar en el juicio por la muerte de Maradona
El Tribunal Oral N°7 de San Isidro analiza planteos de nulidad y define si avanza el proceso contra la enfermera Dahiana Madrid, imputada por homicidio simple con dolo eventual.
Según adelantó Mario Baudry, abogado de Verónica Ojeda y de Dieguito Fernando Maradona, pedirá formalmente la nulidad del debate. El motivo central: las decisiones de la jueza Julieta Makintach, declaradas nulas por la Justicia tras conocerse que permitió grabar un documental durante el juicio.
Madrid enfrenta una acusación por homicidio simple con dolo eventual, un delito que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.
Espera por el nuevo juez
Defensores, fiscales y querellantes aguardan además la notificación del sorteo para definir quién reemplazará al juez Alejandro Horacio Lago, apartado por razones de salud.
El 19 de junio pasado, se resolvió que el nuevo juicio quedará a cargo del Tribunal N°7 de San Isidro. Estará integrado por los jueces Roberto Gaig, Alberto Ortolani y el magistrado que surja del sorteo para cubrir la vacante de Lago. El cambio se produce luego de que el primer debate fuera declarado nulo por haberse grabado material audiovisual sin autorización judicial.
En el centro de la polémica se encuentra el documental "Justicia Divina", que provocó la anulación del juicio tras 22 audiencias ya celebradas.
Consentimiento y documental
El productor del documental, José María Arnal Ponti, responsable de la productora Ladoble, declaró ante la Justicia que la jueza Makintach conocía y aceptaba el proyecto desde el inicio. Según explicó, la magistrada “estaba absolutamente de acuerdo con su realización” y dio su consentimiento explícito para filmar, pese a tratarse de un juicio de gran exposición mediática.
Ponti detalló además que el documental tenía un presupuesto estimado de 800 mil dólares. Las ganancias se repartirían entre la productora y Juan Manuel D’Emilio, creativo publicitario, junto a su socia. Aclaró también que Makintach “nunca fue parte de reuniones previas ni concurrió a nuestras oficinas”, aunque dio luz verde para grabar el material.
Renuncia y presión institucional
En medio del escándalo, la jueza Julieta Makintach, de 47 años, presentó su renuncia ante la Suprema Corte bonaerense. Con este paso busca evitar enfrentar un juicio político en su contra. El pedido aún debe ser aceptado o rechazado por el gobernador Axel Kicillof.
De forma paralela, el Colegio de Abogados de San Isidro solicitó públicamente que no se acepte la renuncia para que la magistrada pueda ser juzgada en un jury, considerando la gravedad institucional del caso.
Mientras tanto, la familia de Maradona y los querellantes insisten en que el juicio debe anularse por completo, ante las irregularidades que surgieron a partir de la grabación no autorizada del documental.
El futuro del proceso judicial por la muerte de Diego Maradona, lejos de definirse, sigue envuelto en controversia y con importantes definiciones por delante.
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