Ciencia soberana, ¿para qué?

Vivimos en una sociedad productivista, donde cada componente debe cumplir un rol claro y evidente.

Si a eso le sumamos un Estado sobresaturado, con décadas de inflación acumulada, alta disparidad salarial y una falsa idea de meritocracia, esa que promete que hacer más te lleva más lejos, cuando en realidad la economía está moldeada por los vaivenes del mercado, preguntarnos por el concepto de "Ciencia soberana" parece casi irreal.

Ciencia soberana y la situación en Argentina

Hablar de soberanía es hablar de la capacidad de tomar decisiones de manera autónoma y ejercer autoridad sobre algo; en este caso, sobre el conocimiento científico que se genera en un país. En Argentina, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología se estructura en cuatro grandes grupos de organismos del Estado:

El financiamiento y la investigación general (Agencia y Conicet); la innovación productiva (INTA, INTI, CNEA y Conae); el resguardo territorial y estratégico (Citedef, IGN, SMN y SHN) y la protección de la salud pública junto al monitoreo de los recursos naturales y sismológicos (Anlis, INA, Inidep, Segemar, Senasa e INPRES).

Quizás los que más te suenen sean el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet, donde trabajo), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) o el Instituto Nacional del Agua (INA).

Pero hay otros como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto Geográfico Nacional (IGN) o el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que cumplen funciones diversas generando conocimiento de relevancia y aplicaciones tecnológicas estratégicas para nuestro país.

Históricamente en Argentina, cada vez que la prioridad política pasa por reducir el gasto público de manera acelerada, la ciencia suele estar entre las áreas más afectadas. Esto se traduce en pérdida de poder adquisitivo de sus trabajadores, menos financiamientos para proyectos de investigación y dificultades para sostener líneas de trabajo a largo plazo.

La pregunta que surge es si entendemos las consecuencias que estas decisiones tienen años después, cuando necesitamos conocimiento propio para resolver problemas complejos. Para tener una dimensión realista, Argentina invierte hoy alrededor del 0,6% de su Producto Bruto Interno (PBI) en el sector científico y el financiamiento de universidades públicas y privadas (datos actualizados al año 2023).

Por medio de la ley Nº 27614 (de Financiamiento de la Ciencia), se estableció que para 2032 se alcanzara de forma progresiva el 1%. Lamentablemente, este horizonte quedó trunco tras los recientes cambios legislativos que eliminaron la obligatoriedad de alcanzar ese piso.

Mirar a la región nos muestra que se invierte, en general menos del 1% del PBI en Ciencia: Brasil destina 1,19%, Chile 0,39% y Uruguay 0,70%.

En contraste, las naciones desarrolladas muestran otra prioridad: Estados Unidos invierte 3,45%, Bélgica 3,27% y Alemania 3,15%; siendo Israel uno de los que más inversión realiza alcanzando valores de 6,35%. Una respuesta frecuente es que estos países pueden hacerlo porque son economías más desarrolladas y estables.

Sin embargo, la relación también funciona en sentido inverso: gran parte de su desarrollo económico, tecnológico y productivo es consecuencia de décadas de inversión sostenida en investigación y desarrollo.

Ciencia Básica y Ciencia Aplicada

Para que nos entendamos mejor: la ciencia básica explora los fundamentos de la naturaleza. Su objetivo es ampliar los límites de lo que sabemos. La ciencia aplicada, por su parte, toma parte de ese saber generado para diseñar soluciones reales, como nuevos medicamentos, mejoras en cultivos o energías limpias. No compiten; se necesitan.

Por ejemplo, el láser que lee los códigos de barras en el supermercado funciona gracias a conocimientos desarrollados décadas antes en física cuántica. Lo mismo ocurre con la fibra óptica que usamos para trabajar o el wifi que tenemos en casa, tecnologías que surgieron a partir de la generación de conocimiento básico.

Esto es, muchas de las tecnologías que hoy damos por sentadas nacieron de investigaciones que, en su momento, parecían no tener una aplicación práctica e inmediata. Hoy nos atraviesan el cambio climático, el aumento poblacional, la contaminación, la degradación de ecosistemas y la desigualdad social.

En este contexto, el desarrollo científico-tecnológico es una herramienta indispensable para tomar decisiones que se traduzcan en políticas públicas eficientes. La mayoría de estas cosas no las vemos, pero hay mucha investigación y personas detrás que trabajan para hacernos la vida más simple.

Según el Banco Mundial, en las próximas décadas la producción global de alimentos deberá aumentar de manera sostenible para satisfacer la demanda, superando desafíos como la sequía, las plagas y la salinización de los suelos. En tanto que, en salud, las enfermedades transmitidas por vectores y la contaminación del agua siguen imponiendo una carga enorme sobre los países en desarrollo.

En nuestro caso, por ejemplo, el problema de la contaminación de aguas subterráneas por arsénico o el aumento de la frecuencia y área de distribución de enfermedades endémicas como el Dengue o el Mal de Chagas es una realidad en muchas localidades de la provincia de Santa Fe.

Haciendo ciencia en Argentina

Nuestro territorio está moldeado por los ríos Paraná y Salado, junto a una extensa trama de arroyos y ríos de menor porte que dan forma a una compleja red hidrográfica.

Como investigador del Conicet, mi trabajo se enfoca en los indicadores de calidad del agua, particularmente en el fitoplancton: organismos microscópicos que hacen fotosíntesis al igual que las plantas y que sostienen, por ejemplo, las redes tróficas de peces de valor comercial como el sábalo, la boga o el pacú.

En este sentido, mi labor como investigador busca conocer el estado de salud de los sistemas acuáticos de Santa Fe y Entre Ríos buscando alternativas eficientes para aportar con medidas de gestión ambiental concretas que sean de utilidad para los gobiernos de turno, ya sea municipales, provinciales o nacionales.

Es decir, busco generar herramientas que sirvan para monitorear y proteger el agua no solo para nuestro consumo, sino para el resto de los seres vivos que dependen de estos ecosistemas; y qué, a fin de cuentas, también nos generan beneficios inmediatos como son el control de plagas, la amortiguación de inundaciones o la producción de oxígeno que respiramos.

¿Esto es ciencia básica o aplicada? Probablemente tenga algo de ambas. Al final del día, ¿realmente importa la etiqueta? Llegar a este punto me demandó quince años entre la carrera de grado, maestría, doctorado y posdoctorado, sumados a los años que llevo dentro de la carrera del investigador, con cargos concursados y ganados, primero como investigador Asistente y luego como Adjunto.

La ciencia avanza a paso lento; y el conocimiento que no resulta útil hoy pero puede ser importante en el futuro, es el resultado colectivo de muchas personas que, como yo, dependemos del sistema científico público para generar conocimiento científico de calidad.

¿Qué pasaría si la ciencia en Argentina fuera financiada únicamente por empresas privadas? Esto no es inventado, al contrario, es una idea que circula desde hace tiempo y hasta hay proyectos de ley en curso. Las empresas cumplen un papel fundamental en la innovación, pero sus objetivos naturalmente responden a intereses sectoriales o comerciales.

Imaginemos entonces que las mismas compañías cuyos productos pueden generar impactos ambientales de importancia en nuestro entorno (contaminación del aire, agua, suelo o consumiendo los recursos naturales que se nos están acabando); sean las que definan qué preguntas científicas vale la pena investigar y cuáles no ¿Sería esa una ciencia soberana?

El actual desfinanciamiento de líneas de investigación, la reducción de nuestro poder adquisitivo como trabajadores del Estado con dedicación exclusiva, la disminución de becas doctorales y posdoctorales que truncan líneas de investigación que tardan años en consolidarse, o los retiros voluntarios implementados en organismos como el INTA, son situaciones que están ocurriendo ahora mismo.

Y aunque muchas veces parezcan discusiones lejanas, también terminan afectando la calidad de los alimentos que consumimos, la gestión de nuestros recursos naturales o la capacidad de nuestro país para resolver problemas propios.

La pregunta que nos queda como sociedad no es, ¿para qué sirve la ciencia?, sino si realmente estamos dispuestos a resignar la capacidad de producir y aplicar el conocimiento que necesitamos para tomar decisiones autónomas. Pensalo bien porque pequeñas decisiones muchas veces llevan a grandes cambios.

El autor es doctor en Ciencias Biológicas. Investigador del Conicet.