La seguridad interior argentina atraviesa un proceso de transformación que, a mi entender, va mucho más allá de una modificación de estructuras, nombres o competencias. El verdadero desafío consiste en determinar qué modelo de seguridad queremos construir frente a una criminalidad cada vez más compleja, organizada, tecnológica y, en muchos casos, transnacional.
Debate federal
Seguridad interior: el desafío de pasar de la reacción a la inteligencia
Las reformas institucionales y la nueva legislación sobre organizaciones criminales abren una oportunidad para revisar el modelo de seguridad argentino. El desafío es construir un sistema integrado capaz de transformar información en conocimiento, anticipar escenarios y fortalecer la investigación sin resignar controles ni garantías.
Las reformas introducidas durante 2025 en las fuerzas federales y la Ley N.º 27.786 sobre organizaciones criminales abren una oportunidad para discutir seriamente el funcionamiento del sistema de seguridad argentino.
Pero también obligan a preguntarnos si estamos construyendo un sistema verdaderamente integrado o simplemente reorganizando estructuras que continuarán funcionando de manera fragmentada.
Un sistema fragmentado
En mi opinión, el principal problema de la seguridad argentina no es la falta de instituciones. Contamos con Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA, Servicio Penitenciario Federal y policías y fuerzas provinciales. El problema aparece cuando esas capacidades no logran transformarse en un verdadero sistema.
La criminalidad organizada no trabaja dividida por jurisdicciones administrativas. Una organización dedicada al narcotráfico puede operar en un barrio, utilizar una ruta nacional, mover dinero mediante el sistema financiero, emplear empresas legales para lavar activos y continuar impartiendo órdenes desde una unidad penitenciaria.
El delito funciona como una red; el Estado, en cambio, muchas veces responde como una suma de compartimentos.
Por eso, la discusión más importante no debería ser qué fuerza tiene más atribuciones, sino cómo logramos que cada organismo aporte sus capacidades a un objetivo común.
Especializar sin aislar
La reforma de la Policía Federal Argentina representa una oportunidad importante. Orientarla hacia la investigación de delitos federales y complejos significa apostar por mayores capacidades investigativas, tecnológicas y analíticas frente al narcotráfico, lavado de activos, trata, delitos económicos, ciberdelito y estructuras criminales complejas.
Pero especializar no significa aislar. La PFA debe trabajar permanentemente con Gendarmería, Prefectura, PSA, organismos de inteligencia, UIF, Ministerio Público Fiscal y policías provinciales. La información necesaria para una investigación moderna no se encuentra necesariamente en una sola institución.
Existe además otro problema fundamental: todavía confundimos información con inteligencia. Tener miles de datos no significa poseer conocimiento. La inteligencia criminal comienza cuando esa información es evaluada, relacionada y analizada para transformarse en conocimiento útil para decidir.
Una denuncia aislada es información; una serie de hechos relacionados temporal y territorialmente puede constituir un patrón. Identificar actores, vínculos, roles, recursos económicos y movimientos territoriales permite construir hipótesis de inteligencia. Cuando estas son validadas mediante distintas fuentes, pueden convertirse en conocimiento estratégico, operacional o táctico.
Una política de seguridad moderna no puede limitarse a reaccionar después del delito: debe desarrollar capacidad para anticipar escenarios.
Información y conocimiento
Por ello considero necesario avanzar hacia una regulación más precisa de la inteligencia criminal dentro del Sistema de Seguridad Interior.
No debería ser patrimonio exclusivo de una fuerza policial ni confundirse con la inteligencia nacional. Debe ser una herramienta destinada a comprender fenómenos criminales, identificar estructuras, detectar tendencias, establecer relaciones y orientar la prevención y la investigación.
Esto exige reglas claras y controles. La producción de conocimiento debe respetar la Constitución Nacional, las garantías individuales, la protección de datos, el debido proceso y las competencias judiciales. Eficacia y garantías no son conceptos incompatibles: una política profesional debe demostrar que es posible combatir eficazmente el delito dentro de la legalidad.
Seguir el dinero
Cuando hablamos de narcotráfico, muchas veces caemos en explicaciones simplificadas. No todo homicidio ocurrido en un barrio está necesariamente relacionado con una organización narcocriminal. No toda persona vinculada con la venta de drogas integra una estructura organizada, ni toda manifestación de violencia demuestra automáticamente la existencia de una gran organización.
La investigación debe demostrar vínculos, identificar roles, establecer permanencia, reconstruir relaciones, analizar el territorio y, fundamentalmente, seguir el dinero.
La investigación patrimonial y financiera debe ocupar un lugar central. Detener únicamente a quienes ocupan niveles inferiores puede generar una respuesta visible, pero insuficiente. El verdadero objetivo debería ser afectar la capacidad de funcionamiento de la organización.
La dimensión penitenciaria
Otro aspecto fundamental es la inteligencia penitenciaria. La prisión no debe ser entendida únicamente como el lugar donde se cumple una condena o medida de coerción. En determinados fenómenos criminales puede convertirse también en un espacio desde el cual se mantienen vínculos, comunicaciones y decisiones.
Por eso es indispensable que la inteligencia penitenciaria tenga canales institucionales de cooperación con la inteligencia criminal.
La información producida dentro del sistema penitenciario puede resultar relevante para comprender estructuras que operan fuera de los establecimientos. La información penitenciaria, la inteligencia criminal y la inteligencia financiera deben poder dialogar dentro de un marco jurídico claro.
Santa Fe y Rosario
En Santa Fe, y particularmente en Rosario, este debate adquiere una importancia todavía mayor. La provincia necesita una política de inteligencia criminal que permita comprender el fenómeno delictivo desde una perspectiva territorial, evitando estigmatizar barrios o comunidades.
El territorio es una variable del análisis, no una explicación criminal por sí misma. Hay que estudiar actores, mercados ilícitos, relaciones, violencia, movilidad, recursos económicos, comunicaciones y estructuras.
Rosario necesita inteligencia criminal que permita anticipar y no solamente responder; información integrada, análisis financiero, inteligencia penitenciaria, cooperación entre Nación y Provincia y una estrategia sostenida en el tiempo.
Las políticas de seguridad no pueden modificarse completamente con cada gestión política: la inteligencia criminal requiere continuidad.
Control institucional
También considero necesario fortalecer los mecanismos de control. Existe una idea equivocada según la cual controlar a las fuerzas de seguridad significa debilitarlas. Pienso exactamente lo contrario. Una institución profesional necesita controles externos, parlamentarios, judiciales y administrativos.
Estos no deberían considerarse enemigos de la seguridad, sino garantías de legitimidad. Una fuerza que trabaja dentro de la ley es institucionalmente más fuerte. El secreto operativo puede ser necesario; la ausencia de control, no.
Una política sostenida
Argentina necesita discutir seriamente su modelo de seguridad. No alcanza con aumentar patrullajes después de una ola de violencia, realizar allanamientos, secuestrar droga o detener personas. Todas esas acciones pueden ser necesarias, pero no constituyen por sí mismas una política integral.
El Estado debe preguntarse quién organiza, quién financia, quién provee, quién lava, quién transporta, quién comunica, quién reemplaza a los detenidos y cómo se reproduce la estructura criminal. Esa es la diferencia entre perseguir hechos y comprender fenómenos. Allí aparece el verdadero valor de la inteligencia criminal.
Las reformas institucionales realizadas durante 2025 pueden constituir un punto de partida para construir un sistema federal de seguridad más moderno, profesional y especializado.
Pero las reformas normativas no alcanzan. Se necesitan doctrina, capacitación, tecnología, intercambio de información, investigación financiera, inteligencia penitenciaria, coordinación federal y provincial y evaluación de resultados.
La seguridad del siglo XXI no puede construirse solamente con más presencia policial: necesita conocimiento.
Como abogado penalista, investigador, docente vinculado al estudio de la inteligencia criminal y ex investigador federal, considero que este es uno de los principales debates que debemos afrontar: pasar de una cultura predominantemente reactiva a una verdadera cultura de inteligencia y prevención.
Porque conocer el delito después de que ocurrió es investigar; conocer cómo funciona, quiénes lo integran, cómo se financia y hacia dónde puede evolucionar es inteligencia; y transformar ese conocimiento en decisiones concretas de prevención y seguridad es, finalmente, política criminal.
* Abogado penalista, ex investigador federal, especialista avanzado contra el narcotráfico.
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