Por Pablo Crippa (*)


Por Pablo Crippa (*)
La seguridad vial debe ser reconocida como un derecho humano esencial, intrínsecamente vinculado a la vida, la salud, la movilidad segura y la integridad física. Su garantía no puede quedar librada a la coyuntura o a la voluntad política de turno: requiere de una política de Estado con jerarquía constitucional que asegure continuidad, transversalidad y prioridad.
Se enuncia que el reto al que deben enfrentarse desde la sociedad, consiste en desarrollar estrategias y alternativas que propendan a resolver las potenciales situaciones conflictivas, en este caso en lo atinente a la cultura vial, como contribución a la nueva constitución y de una nueva ciudadanía, capaz de afrontar los retos de su tiempo desde la ética del "hacerse cargo". Y que cualquier enfoque que no tome en consideración más que las fluctuaciones de causa-consecuencia en la convivencia social -entre las sociedades y el medio ambiente, y los ciudadanos entre sí, y respecto de los criterios y estilos de convivencias-, es incompleto.
En cambio, es necesario adoptar un enfoque culturalmente diversificado que atienda, integre e incluya a las diferentes y complejas actitudes que observamos entre sujetos, cultura, medio ambiente y desarrollo. La incorporación de este eje en la nueva Constitución de la Provincia de Santa Fe permitirá saldar una deuda histórica con miles de santafesinas y santafesinos afectados por siniestros viales evitables. No es posible seguir naturalizando la pérdida de vidas humanas en el espacio público sin una reacción estructural por parte del Estado.
La provincia de Santa Fe registra año tras año cifras alarmantes:
Esta situación demuestra la necesidad de un abordaje profundo, sostenido y prioritario. No se trata de un tema menor, ni exclusivo del ámbito del tránsito: es una cuestión de vida o muerte.
La seguridad vial afecta e involucra a diversas áreas del Estado:
Este carácter intersectorial exige una normativa madre que articule todos los niveles y garantice coherencia institucional.
La Organización de las Naciones Unidas ha declarado la seguridad vial como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente en el ODS 3.6. La Argentina, como Estado miembro, adhiere a estas metas. Santa Fe tiene hoy la oportunidad de ser pionera en el país al incorporar este principio en su Constitución, alineando la normativa local con los estándares internacionales y ofreciendo un marco ejemplar para otras provincias.
La Constitución expresa el contrato social de una comunidad. Incluir la seguridad vial en su texto es reconocer que el derecho a la vida no termina en la vereda, que la movilidad segura es condición de ejercicio de otros derechos (educación, trabajo, salud, recreación), y que la prevención no puede depender del azar ni de decisiones administrativas aisladas. Reconocer la seguridad vial como principio constitucional es, también, rendir justicia a las víctimas y sus familias, y afirmar que la vida en comunidad debe ser cuidada en todos sus trayectos.
(*) Docente, secretario del bloque UCR del Concejo Municipal de Santa Fe. Asesor pedagógico Factor Vial. Miembro de la Coalición Argentina de la Movilidad Segura.
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