Tasa municipal de Rafaela: ni inflar el presupuesto, ni gastar en privilegios

El candidato libertario para el Concejo de Rafaela detonó por los aires la constante tranquilidad que hay en el legislativo local cuando puso en evidencia los gastos previstos en el presupuesto 2025 para esa institución. Sucede que, al hacerlo en un debate entre candidatos, desde la tribuna quien comenzó a los gritos no era un barrabrava sino el presidente del propio cuerpo legislativo. Reclamaba con histrionismo que jamás se habían ejecutado las partidas referenciadas. Luego, en un raid mediático cargado de valoraciones impropias de un representante de su categoría contra quienes lo pusieron en foco, aseguró también que nunca se ejecutarán esos gastos durante su presencia en el Concejo (que pronto superará la década).

Lo cierto es que sea cual sea la posición que defienda el lector, ambas son paupérrimas de cara a los contribuyentes que pagan sus compromisos con el Estado local. Aún peor si el escenario con el que se excusa el oficialista es cierto, porque estamos ante una estratégica jugada que pone en evidencia la forma de manejarse por parte de quienes conducen la ciudad.

Por un lado, si se gastan millones de pesos en diarios y revistas (cada vez más infrecuentes en papel y sin ningún medio de suscripción digital en nuestra ciudad); si se pagan viáticos a concejales (cuyos sueldos no están nada mal, sin contemplar el tiempo utilizado para el lucro privado) o si se paga publicidad para levantar un poco la imagen de la gestión; es cuestionable desde la posición de los vecinos que bien pueden preguntarse por qué deben pagar todo eso.

Por otra parte, tanto en los aumentos de tasa municipal del 2024 (que superó el 300%) como en los del 2025, la principal excusa oficialista fue “la necesidad de poder afrontar los gastos del Estado local”. Si las autoridades saben que ciertos ítems nunca se ejecutarán, ¿solamente los estipulan para justificar aumentos? ¿Los usan para otra cosa reasignando partidas? No es menor destacar que el caso en discusión es en una institución de no más de 30 empleados y pocas contrataciones, con cifras en el ojo de la tormenta que superan algunos millones de pesos pero ¿qué pasa en otros órdenes del Estado local donde el flujo de agentes y erogaciones son mayores?

Ya sea que se gaste en cuestiones superfluas o que se están inflando gastos para justificar aumentos y dibujar superávit, la conclusión es una sola: el que paga es el contribuyente y no deben enojarse los políticos que son interpelados por tal motivo.