Abogados de Santa Fe cuestionaron el paquete de seguridad por afectar garantías constitucionales

El Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe manifestó este miércoles su preocupación por distintos aspectos del proyecto de ley denominado Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, impulsado por el gobierno provincial y actualmente en discusión legislativa.

Durante una conferencia de prensa realizada en la sede institucional, sus representantes advirtieron que algunas de las disposiciones propuestas podrían vulnerar garantías constitucionales, alterar la división de poderes y otorgar facultades propias de los jueces a organismos administrativos, policiales y fiscales.

La actividad fue encabezada por la presidenta del Colegio, Balbina Cavalieri, y contó con la participación de los abogados Néstor Oroño, Ignacio Alfonso Garrone, Alejandro Otte y Federico Kiener. Los representantes coincidieron en que la necesidad de fortalecer la seguridad pública no puede justificar medidas que impliquen un retroceso en materia de derechos fundamentales.

“No estamos en contra de las medidas que tienden a garantizar la seguridad pública. Somos parte de esta sociedad y queremos vivir y estar seguros, pero no a costa de la vulneración de los derechos de las personas, del principio de garantía constitucional de defensa y, fundamentalmente, afectando la división de poderes”, sostuvo Cavalieri al sintetizar la posición institucional.

La titular de la entidad también aclaró que el planteo comprende tanto a la defensa privada como a la pública, y recordó que el Colegio ya había expresado sus objeciones ante la Comisión específica de la Cámara de Diputados.

En ese sentido, insistió en que el propósito es convocar a una reflexión sobre el contenido del paquete legislativo, sin desconocer las demandas sociales en materia de seguridad.

Centro de las objeciones

Uno de los cuestionamientos más enfáticos estuvo a cargo de Néstor Oroño, reconocido abogado penalista y profesor universitario, quien advirtió sobre lo que consideró una transferencia de atribuciones jurisdiccionales hacia otras áreas del Estado.

“Los derechos fundamentales solamente pueden ser afectados en el marco de una causa judicial. Cuando hay injerencia sobre derechos constitucionales, sobre derechos fundamentales, el único sujeto constitucionalmente habilitado para disponer eso es un juez”, explicó.

Oroño puso especial atención en las denominadas zonas de intervención policial exclusiva, a las que prefirió llamar “zonas de exclusión”. Según su interpretación, la iniciativa podría colocar bajo sospecha a una generalidad de personas por el solo hecho de habitar determinados sectores geográficos o barriales.

También cuestionó la posibilidad de que se habiliten traslados y demoras policiales de hasta 48 horas, al considerar que se trata de restricciones que afectan la libertad ambulatoria y las actividades cotidianas de los ciudadanos.

Para el letrado, el proyecto pretende “administrativizar” decisiones trascendentales vinculadas con la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, las comunicaciones y el derecho a circular y trabajar.

“Cuando un poder acapara funciones, evidentemente lo está haciendo en detrimento de otro poder”, advirtió, al señalar el impacto que estas medidas podrían tener sobre el equilibrio republicano.

Decreto fiscal y derecho de defensa

Por su parte, Ignacio Alfonso Garrone, presidente del Instituto de Derecho Penal del Colegio, sostuvo que los cuestionamientos no implican desconocer la necesidad de contar con herramientas eficaces frente al delito, pero remarcó que esas facultades deben tener límites.

El abogado puso en discusión el denominado procedimiento por decreto fiscal y las condenas sumarias previstas en el proyecto. Consideró que esas herramientas no representarían un aporte sustancial a la seguridad pública, especialmente porque estarían dirigidas a delitos menores, y advirtió sobre la posibilidad de avanzar sin las garantías de un proceso judicial pleno.

También rechazó que la posición del Colegio responda a un reclamo corporativo de los abogados defensores. “Hay que pensar en las víctimas, porque un procedimiento que permite la persecución de perejiles va a terminar perjudicandolas”, sostuvo, al advertir que las deficiencias en la investigación y el juzgamiento pueden terminar obstaculizando la posibilidad de hacer justicia.

En la misma línea, Alejandro Otte, integrante del Colegio y del equipo del Instituto de Derecho Penal, señaló que, aunque el discurso oficial presenta las nuevas herramientas como una estrategia para perseguir delincuentes, su alcance podría extenderse a cualquier ciudadano.

“Los primeros perjudicados serán aquellas personas que cumplan con determinados estereotipos, pero finalmente puede alcanzar a cualquier persona”, planteó. Además, cuestionó que se otorguen a la policía y al Ministerio Público de la Acusación facultades que, según sostuvo, corresponden exclusivamente a los jueces.

Otte hizo hincapié en la importancia de preservar las instancias de control judicial y el ejercicio de la defensa técnica, tanto pública como privada. “Este proyecto literalmente niega la posibilidad de la persona de recurrir ante un juez”, afirmó.

Como ejemplo, describió el funcionamiento de las audiencias penales, en las que la Fiscalía presenta sus evidencias y argumentos para solicitar una restricción de libertad, mientras que la defensa puede controvertirlos y el juez resuelve.

A su entender, la iniciativa podría habilitar al MPA a imponer medidas restrictivas incluso frente al rechazo judicial de un pedido de prisión preventiva o de otras medidas cautelares.

Libertades individuales

El abogado Federico Kiener también respaldó el pronunciamiento institucional y aclaró que su intervención no tenía una motivación partidaria, sino que buscaba señalar lo que considera una afectación de la Constitución, las libertades individuales y el derecho de propiedad.

“En un Estado policial los principales beneficiados vamos a ser los abogados, pero lo que estamos marcando es el límite en el juego democrático”, expresó, al descartar que la postura del Colegio responda a intereses sectoriales.

Las objeciones planteadas durante la conferencia se encuentran desarrolladas en un pronunciamiento institucional que identifica varios puntos de especial preocupación.

Entre ellos, la posibilidad de que las fuerzas policiales interroguen a personas detenidas sin la presencia de su abogado; la habilitación de allanamientos domiciliarios y restricciones de libertad por decisión fiscal sin control judicial previo; y la incorporación de procedimientos que podrían permitir condenas sin un juicio previo pleno ni una adecuada intervención de la defensa técnica.

El documento advierte que estas disposiciones resultarían incompatibles con principios y garantías reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.

Llamado a los legisladores

La conferencia se desarrolló en un contexto de discusión sobre las herramientas normativas que impulsa el Ejecutivo para profundizar su política de seguridad. Este miércoles, durante la apertura de ExpoSeguridad Rosario, el gobernador Maximiliano Pullaro defendió el paquete legislativo y sostuvo que la provincia necesita nuevas leyes para fortalecer el plan de seguridad.

Frente a ese escenario, el Colegio de Profesionales de la Abogacía buscó dejar en claro que sus objeciones no implican desconocer la legitimidad de esa demanda, sino advertir sobre los límites constitucionales que deben observarse al momento de legislar.

En su pronunciamiento, la institución se puso a disposición de los poderes públicos para contribuir a la elaboración de herramientas normativas que atiendan las necesidades actuales en materia de seguridad, sin menoscabar las libertades, los derechos y las garantías de las personas sometidas a proceso penal.

El mensaje final de sus representantes estuvo dirigido a los legisladores que deberán analizar y votar la iniciativa: promover un debate amplio y responsable, con especial atención a las consecuencias institucionales de las modificaciones propuestas. “La seguridad debe garantizarse, pero no a cualquier costo”, fue la síntesis de la posición expresada por las autoridades del Colegio.