¿Junio o julio? ¿Informe o interpelación?: el Congreso espera respuestas de Adorni

Lejos de aventar dudas respecto de su patrimonio y descomprimir la encerrona en la que se encuentra el gobierno nacional desde hace varios meses, desde que la Justicia comenzó a investigar al Jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito, la presentación de la declaración jurada por parte de Manuel Adorni complicó más el panorama.

Si hasta ahora algunas opiniones trascendían casi como murmullos, ahora salen al aire con nombre y apellido a viva voz.

Adorni presentó su documentación ante el ARCA y concedió una entrevista a un medio nacional en la que explicó algunos conceptos -por ejemplo que durante años había ahorrado “en negro”- cuyos detalles se conocieron este jueves, en coincidencia con el inicio del Mundial de Fútbol.

Así que durante toda la jornada del jueves el tema Adorni compartió pantalla y comentarios callejeros y mediáticos con la ceremonia inaugural y el primer partido en (y de) México.

Pero este Mundial es el más extenso de la historia, por lo que aún en el país más futbolero, es imposible paralizar la política para ver rodar una pelota. Y el tema Adorni quema.

En el Congreso lo están esperando: no para julio, como anunció en sus redes, para ir a brindar su informe de gestión al Senado como manda la Constitución Nacional en su artículo 101: la presidenta de la Cámara y vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel quiere que vaya en junio.

La compañera de fórmula de Javier Milei adoptó desde el primer momento una posición crítica respecto del funcionario que concentra la actividad de todos los ministerios, e incorporó terminología acorde en sus tuits: “cascada” en alusión a las reformas de su casa, y más recientemente “pendrive mágico”, por ejemplo.

Villarruel, de distante relación con el Presidente y su hermana y Secretaria General Karina Milei, y muy crítica de Adorni y sus explicaciones exigió al funcionario que se ponga “a disposición de las cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno”.

“Esta obligación es, al menos, una vez al mes; sin embargo, el jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 25”, cuando sucedió en el cargo a Guillermo Francos.

Desde las entrañas libertarias, Patricia Bullrich, presidenta del bloque de LLA, declaró sobre los dichos de Adorni (quien incorporó activos no declarados en su última DDJJ): “Esto es más que un error, es una omisión ética". "Nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado” y dejó en manos de la Justicia la resolución del tema.

También el jefe del bloque del PRO Martín Göerling Lara pidió que se convoque el funcionario para junio, en virtud de que el último informe fue el 26 de junio de 2025.

El partido que lidera el ex presidente Mauricio Macri, considerado aliado del gobierno en el Congreso, publicó un texto en el que se refiere al caso como “una falta grave”, porque (Adorni) “no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible”.

Según confirma el sitio especializado Parlamentario.com fue convocada una reunión con presidentes de las bancadas para el 17 de junio a las 18, a fin de definir la fecha de sesión especial con la presencia del funcionario.

Informes o moción de censura

En Diputados, 31 integrantes de diferentes bancadas (Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, monobloques y la izquierda) pidieron una sesión especial para el martes 23 de junio a las 14, para debatir seis proyectos presentados sobre Manuel Adorni, que van desde pedidos de informes a moción de censura.

Si se concreta, será un día antes de la sesión que gestiona el oficialismo para el 24 de junio.

Hay dos pedidos para que el funcionario haga una exposición verbal ante el Congreso sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos, además de informar sobre su situación patrimonial; otra solicitud de informes al Poder Ejecutivo sobre cuestiones relacionadas con la situación patrimonial de Adorni; y tres pedidos de interpelación con el fin de iniciar una moción de censura.

La moción de censura, conforme a lo establecido por la Constitución en su artículo 101, indica la posibilidad de remover al jefe de Gabinete por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras.

Suscriben el pedido Germán Martínez, Pablo Juliano, Maximiliano Ferraro, Cecilia Moreau, Esteban Paulón, Carlos Gutiérrez, Myriam Bregman, Martín Lousteau, Natalia de la Sota, Jorge Fernández, Marcela Pagano, Paula Penacca, Néstor Pitrola, Mónica Frade, Victoria Tolosa Paz, Mariela Coletta, Nicolás del Caño, Guillermo Snopek, Jorge Rizzotti, Ariel Rauschenberger, Romina del Plá, Gabriela Pedrali, Pablo Farías, María Graciela Parola, María Inés Zigarán, Jorge Mukdise, Juan Marino, Itai Hagman, Gabriela Estévez, Marcelo Barbur y Ernesto Alí.

Más críticas

Juan Schiaretti, diputado nacional y ex gobernador cordobés, no figura en esa nómina como tampoco algunos de los coterráneos que pertenecen a Provincias Unidas y se pronunciaron de manera contundente en sus redes: “Manuel Adorni no puede seguir siendo Jefe de Gabinete de Ministros. El Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más”, suscriben Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres, Juan Brügge y Carolina Basualdo, junto a la senadora Alejandra Vigo,

Por último, la UCR tuvo su propio pronunciamiento a través de una posición conjunta de senadores y diputados que considraron las declaraciones de Adorni como de una “gravedad ética incompatible” con la responsabilidad que conlleva ocupar una de las más altas funciones del Estado.

En el documento, el radicalismo remarcó que la confianza pública “se construye con transparencia, coherencia y respeto por la ley”, y subrayó que quienes ejercen funciones de gobierno deben ajustarse a los estándares más elevados de conducta. “La responsabilidad institucional exige ejemplaridad, especialmente cuando se ha hecho de la integridad y la rendición de cuentas una bandera política”, sostuvieron.

“La ejemplaridad en la función pública no es una opción, sino una obligación indelegable”, concluyeron.