Productores rurales reclaman proteger la propiedad privada en la nueva Constitución

Varios productores agropecuarios se reunieron a metros de la Legislatura de la provincia de Santa Fe. Llegaron desde Rosario, Rafaela y Sastre. Fue para llegar juntos a las 10.00 de la mañana de este martes a la mesa de entradas del Senado, lugar donde se entregan las propuestas de reforma para la nueva Constitución de la Provincia. Buscaban hacer lo propio con cuatro proyectos que tienen alrededor de 300 adherentes formales para proteger la propiedad privada y asegurar el equilibrio entre campo y ciudad.

El coordinador de los trabajos fue Bryan J. Mayer, ex candidato a convencional por el departamento Castellanos. Según explicó el funcionario, “estaba trabajando en 14 proyectos de diversos temas que venía desarrollando con mi equipo cuando Fernando Belinde y la Asociación de Productores Unidos me propuso hacer algo en conjunto con colegas de Rosario y Sastre, lo que me pareció muy atinado ya que fueron temas que también impulsé durante la campaña”.

Al revisar los nombres del equipo redactor se distingue a Ma. Soledad Aramendi que, si bien trabajó a título personal, es Presidente de la Sociedad Rural de Rosario. Junto a ella se destaca también la participación del Ing. Agr. Guillermo Farbman. Aramendi mantiene un alto perfil en materia agropecuaria y su presencia en esta movida demuestra las severas inquietudes que hay en el sector rural sobre el contenido de la futura carta magna de nuestra provincia.

Una zona muy golpeada por la legislación vigente y la interpretación de la misma es la de Sastre y Garibaldi, por ello no sorprende que Daniel Bernard, acompañado por Mariano Trossero y María Celia Baldo hayan trabajado en detalle con el resto del equipo. Sumaron fuerte acompañamiento de un nutrido grupo de productores y vecinos autoconvocados que tomaron el toro por las astas, como dicen en el campo.

Los ejes principales de los proyectos

“Parece que en las comunas y municipios se olvidaron de lo que es el respeto inamovible de la propiedad privada y el respeto por la propiedad preexistente.”

Entre sus declaraciones a la prensa, Belinde hizo hincapié en “el avance que los límites urbanos van teniendo hacia el sector rural y las implicancias que eso tiene para la producción”. Por su parte, Bernard indicó que “la mala información que existe sobre la aplicación fitosanitaria genera un gran prejuicio que se traduce en políticas erradas que generan un gran daño sin que nos den herramientas para contrarrestarlo”. Además, todos coincidieron en que la inseguridad rural es uno de los grandes problemas que acechan el desarrollo productivo sin compromiso político de solución.

En ese marco, los cuatro proyectos se pueden resumir primeramente en uno que propone establecer “principios en materia de protección del ambiente y de los recursos naturales, ordenamiento territorial y ambiental y desarrollo sostenible; contemplando la sostenibilidad económica, social y ambiental de las actividades productivas y garantizando la protección de la propiedad privada.”

El segundo, propone que no se pueda declarar zona urbana a toda aquella donde aún no se hubieran asegurado los servicios básicos. Sin perjuicio de ello, también reclaman un resarcimiento económico para todo actor privado que se vea afectado en su capital o producción por medidas del Estado, en cualquiera de sus niveles, que los afecte. También contiene un inciso para agilizar la reubicación de asentamientos irregulares.

En línea con el cierre del anterior, otro proyecto prohíbe la circulación en propiedad privada en lugares donde existan caminos públicos, excepto previa autorización o por tratarse de una situación de urgencia. Esto se debe a la gran cantidad de casos de intrusión denunciados en toda la provincia, que no guardan consecuencias contundentes.

Finalmente, los referentes y sus adherentes pidieron plasmar que los municipios y comunas no puedan arbitrariamente o subjetivamente, ni sin la participación de personal técnico o profesional llevar adelante restricciones a las diversas actividades económicas legalmente aceptadas; contra la propiedad privada ni contra el derecho al trabajo. También se plantea un resarcimiento en consecuencia, por el lucro cesante. Esta iniciativa apunta especialmente contra los famosos “límites agronómicos” que, según indican, “son cada vez mayores por desconocimiento y sesgo ideológico”, y además generan pérdidas de trabajo, económicas, de consumo y recaudación, perdemos todos. Cuando la solución es el respeto y cumplimiento de las leyes y las buenas prácticas agronómicas.