La Cámara de Diputados consensuó un proyecto de ley destinado a crear un registro provincial de Obligados Alimentarios que apunta a identificar a los padres que no cumplen con trasladar mensualmente recursos para los hijos que conviven, fundamentalmente con las madres.
Unanimidad en Diputados para crear el registro de Obligados Alimentarios
La Cámara trabajó sobre la base de nueve proyectos de diferentes bloques. El objetivo es que el registro dependa del Poder Ejecutivo y no del Poder Judicial como ocurre hoy con el de deudores alimentarios.

Santa Fe tiene vigente un Registro de Deudores Alimentarios que funciona bajo la órbita del Poder Judicial, dividido en cinco circunscripciones. El objetivo es que el nuevo registro esté en dependencias del Poder Ejecutivo e incluso funcionarias se reunieron con legisladores para avanzar con la elaboración del texto.
En el artículo 1 se define el objetivo: Promover el cumplimiento oportuno y efectivo de las obligaciones alimentarias priorizando la satisfacción de la deuda, su regularización y la registración de información vinculada a la persona obligada alimentaria a efectos de la adopción de medidas idóneas para asegurar el pago de las prestaciones debidas.
Son nueve los proyectos que se discutieron en comisiones con base en el primero de los ingresados y que fue autoría del bloque Somos Vida. Fue la socialista Lionella Cattalini la que explicó los alcances de los acuerdos para intentar superar la ley vigente y dar seguridad del cobro de las deudas alimentarias con una serie de sanciones para los casos de incumplimientos que van desde la negativa a obtener la licencia de conducir hasta la veda al ingreso a espectáculos, entre otros.
La legisladora mencionó datos de Unicef, a nivel mundial, que señala que el 56% no cumple la obligación de girar los recursos para sus hijos. "Ya nadie inscribe en el Registro de Deudores Alimentarios porque no tiene sentido; debemos buscar superar esa situación", destacó. Definió al registro como público, gratuito y que permitirá la trazabilidad.

El justicialismo ponderó los acuerdos alcanzados a través de exposiciones de Lucila De Ponti, Celia Arena y Alejandra Rodenas. "Hay un enorme nivel de incumplimiento y debemos buscar una solución a esto que afecta especialmente a los hijos", destacó la primera. "Es una ley que apunta a ayudar a las madres que están esperando una ayuda del Estado para tener los recursos dinerarios correspondientes".
Arena subrayó lo importante de la construcción colectiva del proyecto. "Damos un paso muy importante y me atrevo a decir que es de género porque recae en las mujeres la crianza de los hijos y en muchos casos sin los recursos correspondientes.
Algunos puntos
En el proyecto votado, se crea, "en la órbita del Poder Ejecutivo, el Registro Provincial de Personas Obligadas Alimentarias".
Dispone que el Registro "constituye una base de datos única, digital, actualizada e interoperable, destinada a la registración de las personas obligadas al cumplimiento de obligaciones alimentarias determinadas judicialmente, su situación económica, las circunstancias relevantes vinculadas con dichas obligaciones y su estado de cumplimiento y de las personas humanas o jurídicas que incumplan órdenes judiciales debidamente notificadas de retención, transferencia o depósito de sumas destinadas al pago de alimentos".
Entre las muchas funciones que se le encomienda está la de "formar y mantener actualizada la base de datos de las personas obligadas al cumplimiento de obligaciones alimentarias y de su estado de cumplimiento, y registrar, como categoría autónoma, a las personas humanas o jurídicas que incumplan una orden judicial de retención, transferencia o depósito de sumas destinadas al pago de alimentos."
También registrar las órdenes judiciales relativas a la inscripción, modificación y baja de las personas comprendidas en el Registro, así como las demás medidas judiciales que determine la reglamentación; mantener actualizada la información incorporada al Registro y asegurar su integridad, trazabilidad y disponibilidad.
Prevé el texto votado que deberán inscribir en el Registro "las personas humanas respecto de las cuales exista un convenio homologado judicialmente o una resolución judicial que determine una obligación alimentaria, ya sea como obligadas principales o subsidiarias y con carácter provisorio o definitivo". Además las personas humanas o jurídicas que incumplan una orden judicial que disponga la retención, transferencia o depósito de sumas destinadas al pago de alimentos, sin perjuicio de las sanciones conminatorias que disponga el órgano judicial interviniente".
Una parte clave de la futura norma determina los organismos, colegios, clubes, casinos, etc que deberán consultar al Registro para el caso de incorporar personal o habilitar el ingreso de personas a espectáculos o salas de juegos.

En el caso del Estado, los organismos "deben consultar el Registro, en los procesos de selección y concursos de personal y en los procedimientos de contratación, licitación, concesión, habilitación, autorización, licencia, permiso, inscripción o incorporación a registros provinciales, así como en sus prórrogas, renovaciones o modificaciones cuando corresponda".
Los empleadores del sector privado deben consultar el Registro al momento de dar de alta una persona trabajadora. Los colegios profesionales a la hora de inscribir en la matrícula.
Otros organismos que deben hacer la consulta sobre casinos, bingos o salas de juegos de azar para permitir el ingreso a sus locales. Otros sujetos obligados o supuestos de consulta son los organismos públicos, entidades privadas, entidades deportivas, instituciones profesionales, entidades financieras y demás personas jurídicas.
Tonero
La diputada Cattalini mencionó el aporte que hizo el Poder Ejecutivo para la discusión del proyecto votado por unanimidad. En ese ámbito destacó el trabajo de las diputadas con la secretario Legal y Técnica, Julia Tonero.
Seguridad
Unidos pidió tratamiento preferencial para la próxima sesión para los tres mensajes del Poder Ejecutivo que refieren a temas de seguridad pública y que están considerando en forma conjunta las comisiones de Seguridad y de Asuntos Constitucionales.
La semana próxima, con nuevos invitados, habrá otra reunión de comisiones y luego en la última de octubre el proyecto podría llegar al recinto.








