Seisas defendió la prohibición de cuidacoches: "Era necesaria para poder ordenar la calle"

El senador provincial por Rosario e impulsor de la ley, Ciro Seisas, se refirió en el programa Primera Mañana de CyD Litoral a la entrada en vigencia de la prohibición de la actividad de los cuidacoches en Santa Fe.

En este marco, defendió la medida como una herramienta para combatir las extorsiones en la vía pública y sostuvo que la implementación deberá contemplar alternativas laborales y acompañamiento para las personas en situación de vulnerabilidad. Además, repasó otras iniciativas vinculadas con la seguridad y la recuperación de celulares robados.

"No se bancaba más el apriete"

Seisas explicó que la prohibición busca intervenir sobre una actividad que, según describió, comenzó como una alternativa informal para algunas familias y con el tiempo derivó en prácticas organizadas de cobro y extorsión.

"No es una ley que nos provocó felicidad discutirla, pero pensamos en esa palabra que era necesaria para poder ordenar la calle y para poder tipificar una actividad", expresó el legislador, afirmando que se detectaron grupos que distribuían personas en la vía pública, les imponían tarifas y se quedaban con la mayor parte de la recaudación.

Asimismo, mencionó los montos que debían pagar quienes asistían a recitales o partidos de fútbol para estacionar cerca de los lugares de los eventos. "En Rosario en cada recital se van 20.000 pesos o 30.000 pesos para acá y para allá", señaló. Para el senador, el problema radica en que se exige dinero por utilizar un espacio público, una práctica que considera necesario erradicar.

La normativa incorpora herramientas para intervenir ante estas situaciones y permite actuar frente a determinadas conductas, con la posibilidad de detener a una persona en casos de resistencia o reincidencia, según explicó. Además, indicó que las actuaciones por contravenciones pueden derivar en investigaciones penales si se detectan posibles delitos.

"Lo que no se bancaba más era el apriete", resumió.

Cómo será la implementación

El legislador aclaró que la aplicación de la ley requiere una adaptación a nivel local. Para ello, cada municipio deberá establecer una ordenanza que contemple las características de su territorio y defina modalidades y plazos de implementación.

"Cada ciudad tiene que adaptar la ley provincial a una ordenanza que tenga alcance local", explicó Seisas. También destacó la posibilidad de establecer acuerdos con organizaciones sociales y universidades para acompañar a quienes necesiten asistencia.

En Rosario, mencionó como alternativa la escuela de oficios de la Universidad Nacional de Rosario, que ofrece instancias de formación para facilitar el acceso a otras oportunidades laborales.

El senador advirtió que las situaciones de quienes realizan esta actividad son diversas y que algunas personas pueden necesitar atención por consumos problemáticos u otras dificultades de salud. Por eso, consideró que la salida no debe limitarse a la prohibición, sino incluir un abordaje integral que permita identificar las necesidades de cada caso.

"Es casi una reeducación hacia otra salida laboral", sostuvo, y reconoció que el proceso llevará tiempo.

También diferenció la actividad prohibida de la ayuda solidaria hacia quienes atraviesan situaciones de calle. Según explicó, asistir a una familia con alimentos, bebidas o acompañamiento no constituye el problema que busca resolver la ley.

Trazabilidad de celulares

Durante la entrevista, Seisas también se refirió a una modificación del Código Penal y del Código Contravencional que obtuvo media sanción en la Legislatura provincial. La iniciativa apunta a dificultar la comercialización de teléfonos robados y facilitar su recuperación.

Como presidente de la Comisión de Seguridad, explicó que el proyecto establece mayores exigencias de trazabilidad para los comercios que venden celulares, de modo que puedan acreditar el origen de los equipos y registrar a quién se los compraron y vendieron.

Además, la modificación busca habilitar la actuación policial para perseguir un teléfono robado cuando se encuentre geolocalizado, sin tener que esperar una orden judicial o fiscal para intervenir en los casos contemplados por la norma. El objetivo, señaló, es evitar que las demoras permitan trasladar los aparatos antes de que puedan recuperarse.

"Lo que se busca es disuadir", afirmó, al explicar que la medida pretende interrumpir el circuito que va desde el robo hasta el acopio y la posterior venta de los dispositivos.

Seisas indicó que en Rosario se roban aproximadamente 200 celulares por día y que cerca del 5% se recupera de alguna manera. A nivel nacional, mencionó unos 2.400 robos diarios denunciados, una cifra que, según advirtió, no incluye los casos que las víctimas no reportan.

El legislador también señaló que la incorporación de cámaras de seguridad y otras herramientas tecnológicas puede contribuir a identificar los hechos y mejorar las posibilidades de recuperar los equipos.

Baja de la violencia en Rosario

Por último, el senador evaluó los cambios registrados en materia de seguridad en Rosario durante los últimos tres años y atribuyó los resultados al trabajo conjunto del Gobierno provincial, las fuerzas de seguridad y los organismos federales.

Según detalló, el esquema de intervención incluye un comando unificado, inversión en equipamiento, infraestructura y entrenamiento, además de la participación mayoritaria de efectivos provinciales.

"Rosario es una ciudad completamente cambiada en el lapso de los últimos 3 años", afirmó. En ese marco, destacó que la ciudad registró una caída de la violencia lesiva y urbana que, según sus palabras, no se observaba desde hacía 24 años.

Para Seisas, sostener las políticas de seguridad y las herramientas de prevención será clave para consolidar los resultados. Finalmente, vinculó las medidas contra las extorsiones en la vía pública y el comercio de celulares robados con una estrategia más amplia para fortalecer la seguridad y la convivencia en los espacios públicos.