Todas las fichas al Senado: frenética actividad legislativa en el último tramo de extraordinarias

El Senado nacional se prepara para su sprint final antes de que culmine el período de sesiones extraordinarias de febrero que se extendió hasta el sábado 28.

En el Congreso Nacional el protagonismo va a ser todo de la Cámara alta durante tres días: martes, sesión preparatoria para elección de autoridades; jueves, Ley Penal Juvenil, y viernes, Reforma Laboral, solo por citar algunos de los temas en agenda.

El objetivo es cumplir con la demanda del Poder Ejecutivo y tener listas, al menos, dos de las leyes en las que más empeñó en las últimas semanas a fin de mostrar resultados positivos el domingo 1º de marzo, cuando el presidente Javier Milei inaugure el período de sesiones ordinarias ante la asamblea legislativa.

Claro que en la misma semana podría definirse un nuevo paro general de 24 horas con 12 más de movilización. La decisión está en manos de los gremios (encabezados por UOM, Aceiteros y Pilotos) que se reunirán el martes por la tarde y esperan sumar a la CGT a la medida. La central de trabajadores protagonizó una huelga nacional el jueves último, mientras Diputados aprobaba la Reforma Laboral. Como se introdujeron cambios, la norma vuelve al Senado y el reclamo gremial se reactiva.

En definitiva, además de jornadas muy intensas desde el punto de vista legislativo e informativo, se descuenta que los próximos días serán de alta conflictividad.

No es que se anticipe un clima de tranquilidad para la primera semana de marzo: el Congreso Nacional de CTERA anunció un paro docente en todo el país para el inicio del ciclo lectivo, previsto para el lunes 2. En Santa Fe hay una medida de fuerza confirmada por Amsafe, en este caso en rechazo a la propuesta salarial que hizo el gobierno en la última reunión paritaria, y varias provincias plantean adherir a la decisión nacional.

Habrá que seguir de cerca y hora por hora el desarrollo de los frentes de conflicto. Mientras tanto, se hace un repaso de los próximos días, jornada por jornada.

Martes

El 24 de febrero a las 12 se hará la sesión preparatoria que establece el artículo 1° del reglamento del Senado para elegir autoridades. Aunque no reciba atención masiva, no es un tema menor; es una instancia en la que se pone en juego el rol de las diferentes fuerzas políticas en el control de la Cámara.

Según anticipa el sitio especializado Parlamentario.com, los cargos quedarían como están hoy, con la salvedad de la vicepresidencia 1°, que le corresponde al bloque Justicialista, que como viene sucediendo con las comisiones, haría reserva del lugar y designaría a su representante más adelante. Hasta el 10 de diciembre pasado ocupaba ese lugar la neuquina Silvia Sapag, quien ya no es senadora.

De esta manera, el presidente provisional del Senado continuaría siendo el puntano Bartolomé Abdala (LLA); la vice primera la santafesina Carolina Losada, y la vicepresidenta segunda la cordobesa Alejandra Vigo.

También se elegirá a los secretarios administrativos y parlamentarios.

Jueves

Para el penúltimo día hábil de la semana, el Senado está llamado a sesionar a fin de convertir en ley (si es que se repite el resultado positivo de Diputados) el Régimen Penal Juvenil que establece, como principal aspecto, la baja de edad de imputabilidad a los 14 años. Hoy es de 16.

La media sanción de la Cámara baja fue puesta a consideración en un plenario de comisiones el jueves último y se logró un dictamen que es el que se llevará al recinto. En ese plenario estuvieron presentes familiares de víctimas de delitos cometidos a manos de menores de edad; entre ellas, la mamá de Jeremías Monzón, en cuyo asesinato intervinieron una joven de 16 años y dos adolescentes de 14.

En síntesis, la Ley Penal Juvenil, que reforma una ley vigente desde la dictadura, propone un abanico de sanciones alternativas a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias para la reinserción social y ciudadana.

El proyecto deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua y fija un máximo de 15 años de prisión para menores.

Además de las críticas que recibió de un sector de la oposición, que advierte que no hay evidencia empírica real en Latinoamérica ni el mundo que respalde la idea de que aplicando más severamente el Código Penal sobre menores bajen los índices de criminalidad o delincuencia, también pusieron reparos a su aprobación otros organismos.

Es el caso de la Iglesia Católica, que se pronunció a través de un documento encabezado por la Pastoral Social, y de Unicef, que advirtió que el Comité de los Derechos del Niño, órgano responsable de supervisar el cumplimiento de la Convención, “le solicitó al Estado mantener la edad mínima en 16 años y evitar cualquier regresión. Reducirla implicaría apartarse de estas recomendaciones y podría evaluarse como una disminución del nivel de protección vigente de los derechos y garantías de los adolescentes de 14 y 15 años”.

También las Defensorías de Niñas, Niños y Adolescentes de varias provincias, incluida Santa Fe, evaluaron en un pronunciamiento conjunto que “la baja de la edad mínima constituye una regresión normativa, expresamente desaconsejada por los organismos internacionales de control”.

Mientras tanto, para el Gobierno y quienes apoyan la ley, un menor de 14 años es consciente y comprende la naturaleza de la acción delictiva que está cometiendo y sus efectos, tiene capacidad de discernimiento, por lo que debería ser punible como un adulto.

El texto que el Senado se apresta a debatir establece que para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculadas a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

En cuanto al financiamiento, tema que fue ampliamente debatido porque las modificciones que se introducen requerirán nuevas erogaciones, se asignarán más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia para la puesta en práctica de la ley.

Viernes

Para el último día hábil de la semana a las 11 quedó el debate y posible sanción de la ley de Reforma Laboral (desde la oposición rechazan el término “modernización” que impulsa el gobierno porque interpretan que la norma no incorpora los cambios que se produjeron en el mundo del trabajo).

El proyecto tuvo media sanción en la Cámara alta (11 de febrero), recibió apoyo pero también modificaciones en Diputados (que el 19 de este mes eliminó el artículo 44 sobre reducciones salariales en caso de enfermedad del trabajador) y ahora vuelve al lugar de origen, con la posibilidad cierta de un nuevo paro y movilización puertas afuera del Congreso.

La ley impactará de lleno en las relaciones laborales ya que introducirá cambios en las vacaciones, horas extras, negociaciones colectivas, pago de indemnizaciones y derecho de huelga.

Desde el gobierno nacional descuentan que la norma será judicializada, pero insiste en su sanción. Todo indica que así será pero en un clima de alto conflicto.