El Senado nacional retoma este martes el debate de los proyectos referidos a la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la mayoría de los cuales impulsa la ampliación en el número de sus miembros. Actualmente está fijado en 5 pero, tras los intentos frustrados por cubrir las vacantes existentes, funciona con 3: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Los diez proyectos a considerar por el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales incluyen también la paridad o cupo de género, además de la representatividad territorial.
Qué dicen los proyectos
Retoman el debate para ampliar la Corte Suprema de la Nación
Hoy tiene 5 miembros, aunque funciona con 3. Hay 10 propuestas en comisión, que los llevan a 7, 9 y hasta 15, con opiniones divididas entre los juristas. En cambio, hay consenso sobre la representatividad de género. Tras el inédito rechazo de dos pliegos, y con la llave del Senado, el PJ apura la discusión. El gobierno quiere dejarla para después de octubre.
El debate por la ampliación de la Corte, que cuenta con un antecedente reciente de 2022, con una media sanción del Senado impulsada por el entonces Frente de Todos, comenzó a finales de mayo pasado, luego del histórico rechazo a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. En el interín se produjo la ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, que revitalizó las críticas del peronismo al Tribunal (sobre el que en 2023 desató un intento de juicio político) y el impulso a la modificación de su composición, sumando incluso un nuevo proyecto a los existentes hasta entonces, firmado por Juliana Di Tullio.
En este punto, sobre la mesa hay una decena de iniciativas. Corresponden a Silvia Sapag (UP), Nora del Valle Giménez (UP), Flavio Fama (UCR), Juan Carlos Romero (LPU), Alejandra Vigo (LPU), Lucila Crexell (LPU), Mónica Silva (JSRN), Edith Terenzi (LPU) y Juliana Di Tullio (UP).
Las iniciativas se enfocan en tres líneas temáticas: ampliación de miembros de la Corte (Romero pidió pasarla de 5 jueces a 7, Silva y Di Tullio promueven aumentarla a 9, Sapag planteó llevarlo a 15); paridad de género (Crexell, Giménez, Silva, Fama, Vigo, Di Tullio y Sapag); y distribución de los magistrados en cinco regiones federales, que no puedan tener más de dos representantes cada una (Silva).
Tiempos no sincronizados
De acuerdo a la Constitución, la designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia requiere del voto positivo de dos tercios de los presentes del Senado, un trámite que con la composición actual es imposible llevar adelante sin un acuerdo del oficialismo con Unión por la Patria. Por eso, luego de los rechazos de los pliegos de Lijo y García-Mansilla (quien ocupó el sillón brevemente y por decreto), el PJ apura la aprobación de los cambios para antes de fin de año, y el gobierno se mantiene al margen y apunta a dejarlos para después de la renovación parlamentaria en diciembre.
El 28 de mayo fue el último encuentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en donde se discute la reforma. La senadora cordobesa Alejandra Vigo, presidenta de Asuntos Constitucionales, aseguró entonces que se buscaría escuchar a "todas las voces" y el debate llevaría "el tiempo que haga falta" para lograr consensos.
En ese plenario expusieron María Esther Cafure de Battistelli, asesora y delegada de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina en Córdoba; el constitucionalista Andrés Gil Domínguez; Ricardo Gil Lavedra, en su condición de presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; el constitucionalista y convencional constituyente Alberto García Lema; y Liliana Piccinini, jueza del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.
Entre las posturas se destacaron las de Gil Lavedra, quien consideró inoportuno ampliar el máximo tribunal; y Gil Domínguez, quien se mostró a favor de ampliarla, pero opinó que debía ser en el marco de una discusión más integral.
Crisis de confianza
Gil Lavedra se apoyó en la crisis de confianza social hacia la Justicia, y la atribuyó en buena medida a la recurrente modificación en su número de miembros. "Yo sospecho que si en la discusión se abre la suspicacia de que la modificación de los miembros de la Corte responde a intereses políticos, esto va a deteriorar más la confianza de la gente. Esto es evidente, lo que primero tenemos que hacer es tratar de estabilizar la institución. Que de nuevo se vuelva a ampliar por intereses meramente políticos no va a ayudar precisamente a restablecer la confianza.
"Por supuesto, ninguno de los proyectos trae la cuestión de la división en salas de la Corte. Y este es un punto estratégico. Sin duda es un aspecto controvertido, ¿no? Porque hay algunos doctrinarios que piensan que se podría dividir en salas, y en consecuencia podríamos aumentar el número". Tras aclarar que considera que ello no corresponde, advirtió que "si la Corte no se puede dividir, cada ampliación de miembros repercute en la eficacia, porque tiene que pasar el proyecto de sentencia por más miembros, como decía la famosa acordada 44 del año 89. En consecuencia, el número de miembros de la Corte tiene que ser escaso. Es decir, no debe ser muy numeroso. Muchos jueces retardan las decisiones", remarcó.
En tanto, consideró "inadmisible que tengamos un tribunal superior compuesto exclusivamente por hombres. Es inadmisible con lo que requiere la Constitución, con lo que ocurre en todos los países del mundo occidental: no existen tribunales superiores compuestos exclusivamente por hombres. Por eso, me parecen muy bien todos los proyectos que contienen esto, como así también, que la Corte tiene una cuestión de la representación federal, eso está muy bien".
Un nuevo marco legal
Por su parte, Gil Domínguez opinó que "tomando en cuenta el proceso histórico, el número de la Corte tendría que ser entre 9, 11 o 13 integrantes", y señaló que con un número mayor "tendría más relevancia la diversidad de géneros, que es una obligación que emerge de nuestra Constitución" y también de convenciones internacionales. También tomaría relevancia la perspectiva federal y "la diversidad ideológica entendida desde lo político o doctrinaria". "En esta aritmética estas variables tienen una posibilidad mayor de tener sustento, repercusión y garantía", añadió.
Más allá de lo cual, dejó en claro que el punto "debe englobarse en un debate más amplio, que se vincula con la necesidad de tener una nueva ley orgánica que se dirija a reestructurar el funcionamiento integral de la Corte", planteó. Para el especialista, es necesaria "una ley que se encargue de delinear aspectos jurisdiccionales", al tiempo de "establecer claramente que la Corte tiene que tener plazos, agenda, orden cronológico".
A la reunión convocada para este martes fueron invitados como expositores Aída Tarditti, jueza del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba; Marcelo López Mesa, académico de la Academia Nacional de Ciencias y de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires; y Diego Hernán Armesto, abogado constitucionalista.
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