Ximena García junto a otros legisladores trabajan en una ley provincial para prohibir los cuidacoches

La diputada provincial por Unidos Ximena García, junto a los diputados Walter Ghione y Germán Scavuzzo y al senador Ciro Seisas trabajan en un proyecto de ley que busca prohibir la actividad de cuidacoches en toda la provincia de Santa Fe: la propuesta surge como respuesta a una problemática que combina inseguridad y uso indebido del espacio público, transformando una ayuda informal en situaciones de presión, extorsión y violencia para los vecinos. La iniciativa la acompañarán otros legisladores de Unidos: Martin Rosúa, Astrid Hummel, Sofia Galnares y Jose Corral.

“El espacio público es de todos los santafesinos y no de quienes pretenden adueñarse de la calle mediante la amenaza. No podemos seguir permitiendo que el vecino se sienta rehén en su propia ciudad”, sentenció García, quien destacó que el proyecto busca terminar con la "doble imposición" de pagar estacionamiento medido y, a la vez, un aporte informal forzado.

El límite legal y la necesidad de una norma provincial

La iniciativa no parte de cero, sino que busca dar un marco legal homogéneo y efectivo integrando iniciativas de los diputados Walter Ghione y Germán Scavuzzo, y el senador Ciro Seisas. Además, toma como referencia la experiencia de la ciudad de Santa Fe impulsada por el intendente Juan Pablo Poletti y el secretario de Gobierno Sebastián Mastropaolo donde en 2024 se sancionó la Ordenanza Nº 12.961 que prohibió la actividad de cuidacoches y permitió avanzar en operativos conjuntos con la provincia, controles sostenidos y programas de reconversión laboral. El proyecto busca justamente trasladar ese aprendizaje al plano provincial, dotando a la Policía y a la Justicia de un marco normativo claro para acompañar las decisiones locales.

Además, García destacó que la propuesta fue trabajada en articulación con el Gobierno Provincial, que se puso a disposición desde el inicio y aportó acompañamiento técnico para su desarrollo. En ese sentido, remarcó que la Provincia viene trabajando de manera mancomunada con el Municipio desde hace tiempo para abordar la problemática y fortalecer herramientas que permitan una intervención efectiva en el espacio público.

“Estamos sumando fuerzas para que la provincia cuente con una norma clara. Hoy los municipios encuentran límites: cuando hay reincidencia o violencia, la intervención termina en una demora breve y la persona vuelve a la calle a las pocas horas. En Rosario pasa lo mismo: hay operativos, pero sin una ley provincial el abordaje queda incompleto”, explicó García.

Sanciones efectivas y reconversión laboral

El proyecto incorpora una respuesta gradual, proporcional y aplicable en la práctica para ordenar la convivencia en el espacio público, siempre que la conducta no constituya un delito. La sanción prioriza el trabajo comunitario como primera medida y prevé arrestos contravencionales para los casos de reincidencia.

Es importante aclarar que la sanción contravencional se aplica únicamente cuando la actividad esté expresamente prohibida por la normativa local vigente, de modo que cada municipio mantiene la facultad de regular el uso del espacio público según su realidad respetando la autonomía consagrada en la Constitución Provincial.

Un abordaje con sensibilidad social

García aclaró que la ley no ignora la vulnerabilidad de fondo. Por ello, la norma prevé un programa provincial de inclusión y formación laboral, junto con la creación de un registro e incentivos para que el sector privado incorpore a quienes decidan dejar la calle.

“Esta ley combina la firmeza necesaria para recuperar el orden con las herramientas para que quien quiera trabajar de verdad tenga una oportunidad formal. Se trata de brindar un marco jurídico que permita actuar con coherencia, firmeza y sensibilidad social en toda la provincia”, concluyó.