El Gobierno nacional confirmó que descontará el día de salario a los trabajadores estatales que se sumen al paro general convocado por centrales sindicales en rechazo a la reforma laboral.

La administración de Javier Milei confirmó que aplicará descuentos salariales a empleados públicos que participen de la medida convocada por la CGT. La decisión se enmarca en el conflicto por los cambios laborales impulsados por el Ejecutivo.

El Gobierno nacional confirmó que descontará el día de salario a los trabajadores estatales que se sumen al paro general convocado por centrales sindicales en rechazo a la reforma laboral.
La medida forma parte de la estrategia oficial frente a la protesta y busca desalentar la adhesión dentro del sector público.

La administración del presidente Javier Milei ratificó que aplicará descuentos en los haberes a los empleados estatales que no concurran a sus puestos de trabajo durante la jornada de paro. La decisión alcanza a trabajadores de la administración pública nacional y organismos descentralizados.
Desde el Ejecutivo sostienen que la medida responde al principio de “día no trabajado, día no pagado”, una postura que el Gobierno ya aplicó en otros conflictos sindicales desde el inicio de la gestión. En ese sentido, remarcan que no se trata de una sanción disciplinaria sino de la aplicación de criterios administrativos habituales.
La advertencia fue difundida en la previa del paro convocado por la CGT y otros gremios, que cuestionan los cambios impulsados por el oficialismo en materia laboral. La central obrera llamó a una huelga nacional como forma de rechazo a la reforma, que consideran regresiva en derechos laborales.

En paralelo, desde el Gobierno señalaron que cada organismo deberá relevar la asistencia de su personal para determinar los descuentos correspondientes. Este procedimiento ya se utilizó en medidas de fuerza anteriores, en las que también se aplicaron quitas salariales a quienes adhirieron a paros o protestas.
La postura oficial se apoya en la idea de garantizar la continuidad de los servicios públicos y limitar el impacto de las medidas gremiales. Fuentes gubernamentales indicaron que el objetivo es evitar interrupciones en áreas sensibles de la administración estatal.

El anuncio se produce en un escenario de creciente tensión entre el Gobierno y los sindicatos, en el marco del debate por la reforma laboral incluida en el paquete de transformaciones impulsado por el Ejecutivo. La iniciativa apunta a modificar aspectos centrales de las relaciones laborales, lo que generó fuerte rechazo en sectores gremiales.
La CGT y otros sindicatos sostienen que los cambios propuestos afectan derechos adquiridos y precarizan condiciones de trabajo. Por ese motivo, convocaron a un paro general que incluirá movilizaciones y protestas en distintos puntos del país.
Desde el oficialismo, en cambio, argumentan que la reforma busca modernizar el mercado laboral, reducir la litigiosidad y fomentar la creación de empleo formal. Funcionarios nacionales remarcan que las modificaciones forman parte de un programa más amplio orientado a desregular la economía y flexibilizar normas que consideran obsoletas.
En este contexto, la decisión de descontar el día a estatales se interpreta como una señal política del Ejecutivo frente a la protesta sindical. El Gobierno intenta marcar una posición firme ante las medidas de fuerza y enviar un mensaje hacia el interior del sector público.