Hay 22 mil pensiones por discapacidad bajo la lupa del gobierno nacional

En medio del debate por el Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados que tiene al financiamiento universitario y discapacidad como dos de los temas más debatidos, y la media sanción de la Cámara baja sobre un proyecto sobre Discapacidad (que logró apoyo mayoritario en el recinto), el gobierno nacional anunció que mantendrá suspendido el otorgamiento de 21.812 pensiones no contributivas por invalidez laboral.

Se trata de casos que fueron denunciados y no cuentan con el respectivo CUD, según informaron fuentes oficiales.

La novedad llegó este martes por parte del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien difundió la decisión tomada por la Secretaría de Discapacidad que depende del Ministerio de Salud.

La decisión es dejar sin efecto los restablecimientos cautelares y mantener la suspensión de la cifra de pensiones ya mencionada.

“Para el gobierno de (Javier) Milei es prioritario asegurar que la asistencia social llegue en forma efectiva a quien se encuentra en situación de vulnerabilidad. Por eso, desde el comienzo de la administración hemos fortalecido programas que van directo a las personas que los necesitan”, dijo el portavoz presidencial en su habitual conferencia de prensa.

A los fines de “garantizar transparencia y sustentabilidad” al sistema es que se avanza en las auditorías de las pensiones no contributivas por invalidez laboral, destinada a quienes “se encuentran imposibilitados de trabajar y carecen de medios de subsistencia”.

“El beneficio no se otorga por la sola existencia de discapacidad o por contar con el certificado”, aclaró Ravier para pasar luego a un cuadro comparativo que muestra el incremento “exponencial” de pensiones entre el año 2001 y 2023: “El padrón se multiplicó por mas de 15 veces”, advirtió para concluir en que “Argentina es uno de los países con mayor porcentaje de pensionados por invalidez laboral en el mundo, similar a países que tuvieron o tienen guerras”.

La explicación y qué trámite hacer

En el caso de las casi 22 mil pensiones que vuelven a quedar en suspenso, aseguró que “no se presentaron antecedentes médicos o socio económicos que las justifiquen”. Esto “no implica determinar que no presentan incapacidad, sino que no se cuenta con información que permita verificarla”.

A estas personas se les otorgará un plazo de 30 días hábiles administrativos para aportar la información requerida, justificar su ausencia en auditorías o aportar antecedentes para revisar su situación.

Para eso deberán recurrir a la plataforma tramitesadistancia.gob.ar o a las oficinas territoriales de la Secretaria de Discapacidad.

Con la imagen aun fresca del ex vocero Manuel Adorni mostrando una radiografía de un animal como presunta prueba de discapacidad (cuestión que fue rotundamente desmentida), Ravier pasó lista a algunas de las situaciones encontradas entre esos casi 22 mil casos bajo observación: "38 con dos o más vehículos, 26 con dos o más inmuebles, algunos con propiedades de más de 40 hectáreas, otro más con un avión".

También aludió a irregularidades en la documentación médica y puso por ejemplo a dos departamentos de la provincia de Tucumán con expedientes firmados por el mismo profesional.

Además, señaló que otros dos departamentos: General José de San Martín en Salta, y General Güemes en Chaco, “concentran el 13 % de las suspensiones”.

Consultado sobre si el gobierno había presentado alguna denuncia penal al respecto, el vocero consideró que se hará en la medida en que se confirme un delito.