La cobertura de vacantes en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe se enmarca en un procedimiento que busca compatibilizar la idoneidad profesional de los candidatos, la transparencia del proceso y la participación de distintos actores institucionales y de la sociedad.
Justicia y política
Cómo se eligen los ministros de la Corte Suprema de Santa Fe
El proceso para designarlos combina requisitos técnicos, etapas administrativas y controles institucionales que involucran al Ejecutivo, la sociedad y la Legislatura. Tras el anuncio de los tres candidatos propuestos por el gobernador, el trámite entró en su fase legislativa con plazos y audiencias públicas previstos por la Constitución reformada. Las entrevistas presididas por la Comisión de Acuerdos marcarán un paso clave antes de la votación final.
En diciembre de 2025, el gobierno provincial oficializó los nombres de tres postulantes que aspiran a integrar el máximo tribunal ante las vacantes que dejarán tres ministros a lo largo de 2026. Desde entonces, el trámite avanza conforme a la normativa vigente, que incluye etapas públicas y plazos definidos por la Constitución provincial reformada.
El 17 de diciembre de 2025 se dieron a conocer los postulados: Aldo Mario Alurralde, juez federal con asiento en Reconquista; Diego Luis Maciel, secretario administrativo de la Cámara de Senadores provincial; y Jorgelina Mabel Genghini, abogada rosarina con trayectoria en el Consejo de la Magistratura y en la Federación Argentina de Colegios de Abogados.
Los tres aspirantes fueron incluidos en el Decreto Nº 3218/25 que habilitó la presentación formal de antecedentes, apertura de un período para adhesiones u objeciones —que se extendió hasta el 2 de enero de 2026— y la elevación posterior de los pliegos a la Legislatura.
Tras el cierre de ese lapso administrativo, el gobernador Maximiliano Pullaro firmó el envío de la documentación para iniciar la fase institucional del proceso.
Requisitos y etapas previas
En diálogo con El Litoral, el secretario de Justicia de Santa Fe, Santiago Mascheroni, explicó que el procedimiento de selección está reglado y no se agota en la decisión política del Ejecutivo. “La nominación de integrantes de la Corte está regulada por decretos vigentes, y en este caso se activó mediante el decreto 3218/25, que fija requisitos, plazos y pautas objetivas”, señaló.
Entre las exigencias, Mascheroni detalló que los postulantes deben presentar “todos sus antecedentes laborales, académicos y jurisdiccionales, certificaciones del Registro de Reincidencia y del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, una declaración de incompatibilidades y una declaración jurada patrimonial completa”.
Precisó además que parte de la documentación tiene carácter reservado: “La información sensible vinculada al patrimonio se presenta en sobre cerrado; el resto es pública y accesible”.
El funcionario remarcó que el procedimiento también contempla la participación ciudadana.
“El decreto establece un plazo para que personas u organizaciones presenten avales u objeciones”, explicó, y aclaró que en esta instancia “no hubo impugnaciones personales contra los candidatos; las objeciones estuvieron vinculadas principalmente a la cuestión de la paridad de género en la conformación de la propuesta”.
Audiencias públicas y definición legislativa
Una vez enviados los pliegos al Senado, el proceso entra en su tramo decisivo. La diputada provincial Lionella Cattalini, presidenta de la Comisión de Acuerdos, subrayó que la Constitución provincial reformada introdujo cambios sustanciales.
“Desde que ingresan los pliegos, la Legislatura tiene un plazo máximo de 45 días para tratarlos”, indicó, y aclaró: “Ya no existe la aprobación automática por el paso del tiempo; los pliegos de la Corte deben votarse expresamente”.
Cattalini explicó que el procedimiento incluye una instancia obligatoria de participación pública. “La ley impone la realización de una audiencia pública, donde se escuchará a los postulantes y a los ciudadanos que quieran expresar apoyos u objeciones”, señaló. Luego de esa etapa, la Comisión de Acuerdos emite un dictamen que se eleva a la Asamblea Legislativa.
“La definición final se toma en la Asamblea, con mayoría simple”, precisó la legisladora, y adelantó que el tratamiento comenzará “una vez que los pliegos ingresen formalmente y se cumplan todas las instancias previstas”.
Esta etapa con audiencias y exposición pública representa una ampliación del marco de participación en relación con procesos anteriores de selección de magistrados, buscando brindar mayor transparencia y visibilidad de los antecedentes de cada candidato ante la sociedad.
Representación y perfil de los candidatos
Los tres candidatos propuestos responden también a criterios de representación institucional, profesional y territorial. Alurralde, con más de una década como juez federal en el norte provincial, aporta experiencia jurisdiccional y ha sido destacado públicamente por actores políticos por su trayectoria en causas complejas.
Maciel, egresado de la Universidad Nacional del Litoral, combina formación académica con experiencia en gestión parlamentaria, mientras que Genghini suma antecedentes en el ámbito colegiado profesional y una presencia destacada en asociaciones de abogados.
El Ejecutivo defendió la propuesta como un equilibrio entre ámbitos profesionales, judiciales y políticos, además de una distribución territorial que incluye al norte, centro y sur de Santa Fe.
Una vez completada la instrucción legislativa mediante audiencias y dictámenes, la Asamblea deberá expedirse por cada pliego en votación explícita, conforme a lo que marca la Constitución santafesina reformada.
El resultado de esta fase definirá finalmente quiénes ocuparán las vacantes que dejarán sus cargos los ministros Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco durante 2026, marcando una renovación significativa en la integración del máximo tribunal provincial.
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