El Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N° 27.642, conocida popularmente como la Ley de Etiquetado Frontal.
Punto por punto
Qué puede pasar con la ley de etiquetado frontal tras los cambios impulsados por el Gobierno
El Gobierno nacional avanzó con la derogación de aspectos centrales de la normativa de etiquetado frontal de alimentos. La decisión abrió un nuevo debate entre sectores industriales, especialistas en salud y organizaciones de consumidores.
La decisión del Gobierno nacional de avanzar sobre la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal volvió a instalar la discusión sobre las políticas de información alimentaria y regulación de productos ultraprocesados en Argentina.
La medida, impulsada en el marco de la revisión de normativas consideradas restrictivas para la actividad económica, generó reacciones tanto en sectores de la industria alimenticia como entre especialistas en salud pública.
La ley había sido sancionada en 2021 y establecía la obligación de incorporar sellos negros de advertencia en envases de alimentos y bebidas que superaran determinados niveles de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías.
También contemplaba restricciones publicitarias y limitaciones para la promoción de ciertos productos dirigidos a niños y adolescentes.
Con la nueva decisión oficial, algunos de los puntos centrales de la normativa quedan sin efecto o sujetos a modificaciones regulatorias, mientras se abre un escenario de redefinición para fabricantes, cadenas comerciales y organismos de control.
Qué contemplaba la ley y cuáles son los cambios
La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida popularmente como Ley de Etiquetado Frontal, había sido aprobada tras un amplio debate parlamentario y respaldada por entidades médicas, organizaciones civiles y organismos internacionales vinculados a la salud.
El sistema establecía sellos octogonales negros visibles en la parte frontal de los envases para advertir cuando un producto presentaba exceso de nutrientes considerados críticos para la salud. El objetivo era facilitar información clara y rápida para consumidores al momento de realizar compras.
Además de los sellos, la normativa limitaba estrategias de marketing dirigidas al público infantil, prohibía el uso de personajes animados, promociones o regalos en productos con advertencias nutricionales y regulaba su oferta dentro de escuelas.
Desde el Gobierno nacional argumentaron que la derogación y revisión de distintos aspectos de la ley buscan reducir cargas regulatorias y avanzar hacia un esquema considerado “menos intervencionista” para el sector privado.
Funcionarios nacionales sostienen que algunas exigencias generaban costos adicionales para empresas y dificultades operativas para determinadas industrias alimenticias, especialmente pequeñas y medianas empresas.
En paralelo, sectores empresariales ligados a la producción alimentaria habían planteado en reiteradas oportunidades cuestionamientos sobre el impacto económico de la implementación y sobre la necesidad de armonizar criterios con normativas internacionales y mercados externos.
Sin embargo, organizaciones de consumidores y especialistas en nutrición expresaron preocupación por el retroceso de herramientas destinadas a promover hábitos alimentarios más saludables.
Distintas entidades médicas remarcaron que Argentina registra altos índices de obesidad, sobrepeso infantil y enfermedades no transmisibles vinculadas a la alimentación, como diabetes e hipertensión arterial.
Las repercusiones y el debate sanitario
Tras conocerse la decisión oficial, diversos actores vinculados a la salud pública señalaron que el etiquetado frontal había comenzado a modificar conductas de consumo y también impulsado reformulaciones de productos por parte de empresas alimenticias.
Especialistas sostienen que este tipo de sistemas de advertencia ya funciona en otros países de América Latina, entre ellos Chile, México y Uruguay, donde se implementaron medidas similares orientadas a mejorar la información nutricional disponible para la población.
Desde organismos vinculados a la nutrición señalaron además que los sellos frontales resultaban especialmente útiles para consumidores con menor acceso a información técnica o menor tiempo para analizar tablas nutricionales complejas.
En contraste, sectores industriales y representantes de cámaras empresariales insistieron en la necesidad de revisar mecanismos regulatorios que, según plantean, pueden afectar competitividad, costos productivos y procesos de comercialización.
La discusión también alcanzó al ámbito político. Legisladores de distintos espacios anticiparon que buscarán analizar el alcance concreto de la derogación y las herramientas legales disponibles para sostener algunos aspectos de la normativa original.
Mientras tanto, el debate vuelve a poner en el centro una discusión más amplia sobre el rol del Estado en materia alimentaria y sanitaria. Por un lado aparecen quienes consideran que las advertencias nutricionales representan una herramienta necesaria de salud pública; por otro, quienes sostienen que el consumidor debe contar con libertad plena de elección sin regulaciones adicionales.
En Argentina, según datos oficiales y estudios sanitarios recientes, el sobrepeso y la obesidad afectan a una proporción significativa de adultos y niños. Diversos informes médicos también alertan sobre el crecimiento de enfermedades asociadas al consumo excesivo de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas.
En ese contexto, la redefinición de la política de etiquetado frontal promete mantener abierto el debate entre salud pública, industria alimentaria y regulación estatal, en un escenario donde las decisiones vinculadas a la alimentación siguen ocupando un lugar central dentro de la agenda sanitaria y económica del país.
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