Tres fallos judiciales recientes, que invocan el “derecho a la vida, la seguridad personal y la libre circulación” de los santafesinos, contemplados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales, intiman al Estado nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), a reparar en forma urgente las deterioradas rutas nacionales que atraviesan la provincia.
Son 110 km de Ruta 11
Otro fallo judicial insta a Nación a reparar rutas federales que cruzan la provincia de Santa Fe
Por tercera vez en el año, la Justicia Federal hizo lugar a un recurso de amparo que obliga a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) a adoptar medidas preventivas en los tramos críticos.
El último, firmado el viernes 27 de junio por el juez Aldo Mario Alurralde, como subrogante del Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe, hizo lugar a la medida cautelar impulsada el 27 de mayo por el diputado provincial José Corral.
El recurso de amparo concedido ordena a la DNV ejecutar una serie de medidas urgentes para mitigar el deterioro de un tramo de 110 kilómetros de la Ruta Nacional Nº 11 y la Ruta A-007, comprendido entre la ciudad de Santa Fe y San Justo, que afecta a las localidades de Recreo, Gobernador Candioti, Iriondo, Nelson, Llambi Campbell, Cabal, Emilia y Videla.
Reparación integral
El escrito tenía por finalidad “realizar, en forma urgente, inmediata y definitiva, la reparación integral y la presentación de un plan de operación y mantenimiento, del tramo vial comprendido entre la Ruta Nacional A-007 (también conocida como Mar Argentino o Avenida de Circunvalación) y su empalme con la Ruta Nacional Nº 11”.
La resolución impone a la DNV, entre otras medidas:
- Presentar en cinco días un plan de tareas de bacheo, reparación, limpieza de banquinas y reposición de luminarias;
- Ejecutar obras de reparación mínima en los tramos más críticos, en un plazo de tres meses;
- Instalar señalización preventiva en zonas de emergencia vial dentro de los próximos tres días;
- Realizar desvíos o restricciones de tránsito donde el estado del camino implique riesgo extremo;
- Informar sobre el estado de avance de las obras de iluminación ya iniciadas;
- Implementar una campaña informativa para advertir a los usuarios sobre los riesgos actuales;
- Identificar quiénes son los funcionarios responsables de cumplir con estas tareas, bajo apercibimiento legal.
Ruta peligrosa
Entre los argumentos vertidos por el legislador, señala que “por la gran afluencia de tránsito y el estado deplorable de su infraestructura, (la Once) se ha convertido en una de las rutas más peligrosas de la región”.
Enumera las falencias que van desde: “Pavimento agrietado", “baches profundos”, “señalización horizontal y vertical insuficiente o directamente inexistente”, “banquinas descalzadas, erosionadas y cubiertas de vegetación, sin mantenimiento”, “falta de iluminación en la mayoría de los tramos” e “inexistencia de barandas de contención”.
También hace referencia a los “desagües obstruidos o directamente abandonados, lo que genera anegamientos y profundiza el deterioro del pavimento”.
Y como no podía ser de otra manera, el combo anterior “ha provocado numerosos siniestros viales, muchos de ellos de extrema gravedad, incluyendo víctimas fatales, heridos de consideración y cuantiosos daños materiales a los vehículos que transitan por la ruta”.
Caso Reconquista
El fallo judicial del Dr. Alurralde tiene como antecedente otros dos recursos de amparo presentados por legisladores, en los que se exponen problemáticas idénticas en otros sectores de la provincia de Santa Fe por donde cruzan rutas nacionales.
El 10 de marzo pasado, el mismo juez Alurralde, como titular del Juzgado Federal de Reconquista, hizo lugar a la acción de amparo impulsada por el diputado provincial Dionisio Scarpín.
La denuncia del legislador norteño se remonta a octubre de 2024 y afectaba 266 km de asfalto entre “los departamentos Vera, San Javier y General Obligado y que identifican el kilómetro 665 (aproximadamente) -en el extremo sur- y el 931 (aproximadamente)-en el extremo norte- que se corresponde con el paralelo 28 sur”.
La medida fue apelada por Vialidad Nacional pero, el 16 de abril, la Cámara Federal de Resistencia (Chaco) confirmó en su totalidad lo dispuesto por el juez de Reconquista, que el 5 de mayo intimó a la autoridad competente para que realice las reparaciones prometidas.
Rutas del Sur
Casi en simultáneo, el 11 de marzo de 2025, la senadora por el departamento General López, Leticia Di Gregorio, interpuso otro recurso de amparo contra la DNV, en cuya presentación, incluyó evidencias del estado calamitoso de las rutas 7, 8 y 33 en el sur santafesino.
Semanas después el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, hizo lugar la cautelar y exigió en breve plazo, que el organismo nacional debía señalizar, desviar y bachear los tramos de la Ruta Nacional 8 (entre las rutas provinciales 94 y 4S, entre Venado Tuerto e Isabel, entre los Km 370 y 346); Ruta 33 (entre Sancti Spiritu y Firmat) y Ruta 7 (todo el trayecto dentro del departamento).
“El deterioro de las rutas no solo compromete derechos fundamentales, sino que afecta la economía regional, el turismo, el transporte de mercancías y el trabajo de miles de familias”, advirtió la legisladora en su demanda.
Antecedente cercano
Tiempo atrás y al igual que el Dr. Alurralde, que resolvió en dos jurisdicciones diferentes haciendo lugar a los amparos, el Dr. Cuello Murúa había hecho lo propio como subrogante del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, ante un reclamo de la intendencia de Cañada de Gómez.
La presentación data de 2019, en la cual el municipio cañadense reclamó la reparación integral de la Ruta Nacional N° 9, en el tramo que atraviesa su jurisdicción (Km 367,20 al 388,50), por encontrarse en un estado de grave deterioro que ponía en riesgo la seguridad vial.
La acción fue respaldada por ciudadanos, instituciones locales y otros municipios vecinos como Carcarañá, Bustinza, Correa y San Jerónimo Sud y como en las recientes ocasiones, también contó con el respaldo de un fallo de Cámara.
Audiencias públicas
Mientras la Justicia Federal en suelo santafesino obliga al Ejecutivo Nacional a ponerse a derecho con sus ciudadanos del interior, comenzaron a llevarse a cabo las audiencias públicas para concesionar rutas nacionales de todo el país.
El último miércoles Casa Central de la DNV anunció que “avanza en el procedimiento de participación ciudadana en el marco de la Red Federal de Concesiones - Etapa III”.
Las dos primeras audiencias públicas fueron el lunes 30 de junio y miércoles 2 de julio, en las provincias de Mendoza (tramo Cuyo RN 7) y Tucumán (tramos Centro-Norte RN 34 y Noroeste RN 9, 34, 66, 1V66 y A-016).
El viernes 4 se realizó la tercera en Chaco, donde se abordaron los tramos Chaco-Santa Fe (RN 11), Litoral (RN 12 y 16) y Noreste (RN 12 y 105). Y se espera que este lunes 7 se lleve adelante otro encuentro en Entre Ríos, para presentar los tramos Mesopotámico (RN 12, 18 y A-012) y Centro (RN 9, 19 y 34).
A propósito de la reunión del pasado viernes, la reciente resolución del juez Alurralde advierte que la Resolución 827/2025 del 16 de mayo, emitida por Vialidad “por la cual resuelve comenzar a intervenir, acondicionar y concesionar diferentes tramos de la Ruta Nacional N° 11 en todo el país, (...) no contempla el tramo objeto de la presente acción de amparo”.
Luminarias
Uno de los pasajes de la resolución del juez Alurralde marca la falta de iluminación en zonas de travesías urbanas, a lo que DNV contestó que existe un convenio firmado con la Dirección Provincial de Vialidad y solicitó que en ese caso, también se los cite para dar las explicaciones del caso.
Mediante Resolución N° 651 del 30 de abril de 2025 argumentaron: “Actualmente, en la traza de la Avda. de Circunvalación se está trabajando respecto de las luminarias en el restableciendo de las mismas, en cumplimiento del referido contrato suscripto entre la DNV y DPV; así también en el respectivo tramo de la R.N. N° 11”.
Por ese motivo se “solicita la citación como tercero del ente vial provincial, atendiendo a las obligaciones que contractualmente le caben” y propusieron “citar a la empresa contratista de la ejecución de obra COEMYC SA”, pedidos los cuales fueron rechazados por la justicia.
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