Ante el argumento oficial del Gobierno Nacional, que sostiene que a partir del nuevo esquema de libertad tarifaria y desregulación del transporte automotor interjurisdiccional, las empresas deberán absorber el costo de los pasajes gratuitos de personas con discapacidad, trasplantadas o en tratamiento oncopediátrico, el diputado Nacional, Diego Giuliano, eleboró un proyectó proyecto con el pedido de dejar sin efecto la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación, e instar al restablecimiento inmediato de los mecanismos necesarios para garantizar de manera efectiva dicho derecho.
Desregulación
Giuliano: “Quitar los pasajes gratuitos a las personas con discapacidad, es una muestra más de esta temporada de injusticias"
El diputado Nacional, Diego Giuliano, presentó un proyecto de Resolución para que se deje sin efecto la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, mediante la cual se elimina el sistema de subsidios que compensaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad, personas trasplantadas y pacientes oncopediátricos.
Al respecto, Giuliano manifestó: “Sobran fundamentos para afirmar que la medida adoptada genera una profunda preocupación institucional, jurídica y social, donde además, en ningún lado se advierte una evaluación integral del impacto social, humano, sanitario y jurídico que la medida puede producir sobre colectivos especialmente protegidos. Cuando el Estado mira derechos humanos desde la lógica de una planilla de Excel, deja de mirar personas para mirar exclusivamente números”, argumentó el diputado Nacional.
“También existe una dimensión federal que no puede ser ignorada. Muchas de las personas afectadas, viven en el interior del país y dependen del transporte de larga distancia para acceder a controles médicos, tratamientos, rehabilitación o prestaciones de salud de mayor complejidad, que no se encuentran disponibles en sus localidades de origen”, agregó Giuliano.
Luego, enfatizó: “Nos encontramos frente a una decisión construida desde una lógica puramente contable, donde se analiza una política pública sensible únicamente desde el costo económico, omitiendo que detrás de cada partida presupuestaria existen personas concretas, derechos fundamentales y obligaciones constitucionales indelegables del Estado”.
“Hablar de movilidad, en estos casos, es hablar de calidad de vida, acceso a tratamientos médicos, rehabilitación, controles sanitarios, educación, integración social y mucho más. El transporte gratuito destinado a personas con discapacidad, personas trasplantadas y pacientes oncopediátricos no constituye un privilegio, sino que es una herramienta concreta de inclusión, accesibilidad y garantía de derechos fundamentales”, concluyó.
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