El encargado de negocios de Irán en la Argentina, Mohsen Soltani Tehrani, dejó el territorio nacional este sábado, tras cumplirse el plazo de 48 horas establecido por las autoridades argentinas.
Se concretó la salida del diplomático iraní tras el plazo fijado por el Gobierno
El encargado de negocios de Irán en la Argentina, Mohsen Soltani Tehrani, abandonó el país tras cumplir el plazo de 48 horas dispuesto por el Gobierno, luego de ser declarado persona no grata por la Cancillería Argentina.

La confirmación fue realizada por el canciller Pablo Quirno, quien informó que el diplomático ya no se encuentra en el país, en cumplimiento de la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo.
Motivos de la decisión oficial
La medida fue dispuesta luego de que el Gobierno argentino declarara persona no grata al representante iraní, en el marco de un diferendo diplomático reciente.
Según lo informado por la Cancillería Argentina, la decisión respondió a manifestaciones atribuidas a representaciones diplomáticas iraníes en la región, consideradas por las autoridades locales como inapropiadas en el ámbito de las relaciones bilaterales.

En ese sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que dichas expresiones fueron interpretadas como incompatibles con los principios que rigen la interacción diplomática entre Estados.
Alcances y contexto
El encargado de negocios es el funcionario que queda al frente de una misión diplomática en ausencia de un embajador, por lo que su salida implica una reducción en el nivel de representación formal de Irán en la Argentina.

La decisión se inscribe en un escenario de tensión diplomática entre ambos países, en el que se han producido intercambios de declaraciones oficiales en los últimos días.
Desde Irán se expresó preocupación por la medida y se advirtió que podría afectar el vínculo bilateral. Por su parte, el Gobierno argentino ratificó la decisión adoptada en el marco de su política exterior.

En términos formales, la declaración de “persona no grata” es un instrumento contemplado en la práctica diplomática internacional que habilita a un Estado a solicitar el retiro de un representante extranjero.








