El debate sobre la ley de Lobby: entre la “visibilidad” y la “participación vigilada”

La Cámara de Diputados de la Nación retoma en comisiones el tratamiento del "Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses", más conocido como “ley de Lobby”.

Con la iniciativa, que imita el modelo americano, el Gobierno busca darle un marco de transparencia a las gestiones legítimas que realizan empresas o intermediarios ante los funcionarios y legisladores para promover intereses sectoriales e influir en la toma de decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.

Según la Casa Rosada, el propósito es generar un Estado “sin arbitrariedad ni privilegios, con mayor participación” y con reglas claras que sumen calidad institucional en la Argentina.

No obstante, la propuesta mereció una serie de advertencias de entidades como Fundar, Poder Ciudadano, Fopea y Amnistía Internacional, que llegaron a utilizar para caracterizar al proyecto la expresión de ley “de participación vigilada”.

En el documento que hicieron público, advirtieron que si el texto de esta iniciativa sale como lo mandó el Poder Ejecutivo, podría aumentar la supervisión estatal, sobre todo respecto de entidades críticas del Gobierno, como así también afectarse la libertad de expresión.

Un cambio legal y cultural

Las primeras discusiones se dieron la semana pasada, en plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, con apoyos y críticas de distinto tenor de parte de los representantes de cada uno de los bloques parlamentarios.

Desde el Poder Ejecutivo asistió a defender la iniciativa el director de Reforma Política del Ministerio del Interior, Diego Marias, quien destacó que desde el año 2003 a la fecha se presentaron 29 proyectos para regular el lobby, los cuales “abarcan o recorren prácticamente todo el arco político”.

Sobre la propuesta del Gobierno, aseguró que “intenta regularizar algo que en Argentina siempre se hizo, se hace y se va a hacer, como en cualquier país”. “Es un proyecto muy robusto”, definió, aunque se mostró a favor de “sugerencias, aportes, cambios” ya que el texto “es perfectible”.

“La comunidad europea en su conjunto, Brasil, Chile, recientemente Perú, México, Canadá tienen sus leyes de lobby. Estados Unidos tuvo la primera en el año 1946 y va por su cuarta”, señaló sobre la legislación internacional.

El funcionario insistió que se trata de “legalizar algo que existe” y “atraviesa a todos los gobiernos”. “Hoy el lobby se produce en un café, en un despacho, en la calle, y la verdad que eso genera un marco de cierta arbitrariedad. Esta ley se trata de mayor transparencia, mayor trazabilidad y mayor visibilidad de lo que hacemos los funcionarios públicos”, sostuvo.

Marias expresó que se prevén sanciones para los lobistas, mientras que “en la Ley de Ética Pública ya están previstas las sanciones a los funcionarios”. Y dijo que el lobby es “una que queremos regularizar, legalizar y profesionalizar”.

“Ante una reunión espontánea o casual, los funcionarios tienen la obligación de abstenerse de emprender esa gestión, hasta tanto no se cumpla con la registración”, explicó y subrayó que “el cambio es legal, pero es profunda y básicamente cultural”.

Qué dice la ley

La norma propuesta crea un Registro Público de Gestiones e Intereses donde se deberán inscribir lobistas, y exige declaraciones juradas sobre intereses representados, clientes o beneficiarios de las gestiones.

Además, los Registros Públicos de Gestión de Intereses deberán contener fecha, hora y modalidad del contacto, dependencia donde se realizó la gestión, el beneficiario o cliente de la gestión, y una síntesis de los asuntos abordados.

Los gestores de intereses que incurran en infracciones serán sancionados con multas desde 500 salarios mínimos hasta la inhabilitación definitiva para ejercer actividades como lobistas.

Por representación clandestina de intereses extranjeros será reprimido con prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.

La iniciativa exige también obligaciones para los funcionarios públicos, tanto del Gobierno como del Congreso, que deberán dar publicidad de cada audiencia que tengan con lobistas y rendir cuentas de esos vínculos.

Advertencias

Para la sesión de este miércoles se previó la participación de ONG involucradas en la temática, para que tengan la oportunidad de expresar sus reparos y puntos de vista.

En el escrito que previamente dieron a conocer las entidades firmantes, encabezadas por Fundar, Fopea, Poder Ciudadano y Amnistía Internacional, plantean que la ley de lobby libertaria derivará en que actividades normales en democracia -como reunirse con legisladores, impulsar reformas o participar del debate público- queden sujetas a “supervisión estatal permanente”.

Además, denuncian que la obligación de inscripción previa y de reportes periódicos, y las sanciones administrativas o penales que prevé el proyecto, “pueden generar barreras burocráticas importantes”, especialmente para las organizaciones pequeñas o con menos recursos para afrontar los nuevos requisitos.

Ponen como ejemplo que esto aumentará los costos administrativos y la necesidad de contar con asesoramiento legal. Y en ese sentido refieren que la equiparación entre entidades de distinto porte es “jurídicamente incorrecta y políticamente riesgosa”.

Bajo esa misma postura, también expresan que las multas contempladas como infracciones pueden ser “insignificantes” para empresas internacionales pero “impagables” para ONGs locales, por lo que denuncian “asimetría en la severidad”.

Asimismo, estas organizaciones se quejan de que el texto de la ley equipara la “participación social” a la hora de construir políticas públicas con el lobby comercial.

Y añaden que factores del texto como la “falta de independencia” de la autoridad de aplicación o cierta “amplitud” en conceptos que quedan librados a la reglamentación posterior que haga el Poder Ejecutivo pueden implicar "riesgos de implementación selectiva" o incluso la “utilización arbitraria y discriminatoria de la ley contra actores críticos”.

Afectaciones

Según las entidades firmantes, si esta iniciativa resulta aprobada tal cual la mandó el Gobierno, organizaciones que tienen como función controlar al poder podrían quedar sometidas a “mayores niveles de monitoreo y fiscalización” por parte del mismo poder que controlan, algo que “afectaría su independencia y capacidad de acción”.

“Uno de los aspectos más delicados del proyecto es su posible impacto sobre la libertad de expresión, el periodismo y la circulación democrática de información en asuntos de interés público”, advierten.

En el texto, sin embargo, el proyecto oficial incluye a las actividades periodísticas dentro de las no alcanzadas por la ley de lobby. No obstante, estas organizaciones aseguran que esa excepción aparece “redactada de manera ambigua” y “condicionada”.

Entonces, consideran que ese punto es “particularmente problemático” para el periodismo de investigación, porque “en muchos casos habrá una dimensión de incidencia pública que los pondrá al alcance de las sanciones, con el riesgo que esto puede implicar también para el resguardo de las fuentes”.

Discriminaciones

Las organizaciones firmantes refieren que el proyecto del Gobierno no distingue entre incidencia ciudadana e interés comercial, algo que podría afectar “de manera significativa” el trabajo de organizaciones de DDHH y comunitarias, internacionales, movimientos sociales, universidades, centros de estudiantes, sindicatos, periodistas, iglesias, entre otras.

También puntualizan en que una parte del articulado de la ley oficialista "asocia de forma espuria a las organizaciones que reciben financiamiento de la cooperación internacional con la representación de intereses extranjeros". Por tanto, reclaman que esto puede generar un riesgo “reputacional y político”, y una “estigmatización” contra organizaciones críticas del Gobierno.

El documento de estas organizaciones también cuestiona la conformación de un Registro público de gestores, ya que asegura que así el Estado gozará de “cierto grado de discrecionalidad” para aprobar, rechazar o demorar las solicitudes de inscripción.

“Esto podría utilizarse para demorar o bloquear intervenciones importantes y sensibles al paso del tiempo y limitar la participación de determinados actores”, enfatizan.

A su vez, puntualizan en que la obligación a las organizaciones inscriptas de presentar reportes trimestrales puede, en el caso de aquellas que controlan al Estado, obligarlas a revelar información que afecte “su independencia y capacidad de control sobre el poder público”, como así también que queden sometidas a “presión o persecución política”.