Mario Cáffaro- Luis Rodrigo
En el Senado se estudió en comisiones el Presupuesto. La reforma tributaria se debatió a fondo en Diputados. Se aprobaron ambos mensajes.
Mario Cáffaro- Luis Rodrigo
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Las leyes de Presupuesto 2017 y los cambios en al Código Fiscal y a la ley Impositiva Anual, que el gobernador Miguel Lifschitz había pedido a la Legislatura se votaron este jueves, en ambas Cámaras.
El Senado se encargó de analizar y aprobar por unanimidad la llamada ley de leyes, mientras que Diputados hizo lo propio con los cambios en materia de impuestos.
El cálculo de gastos y recursos que elaboró la Casa Gris llegó en tiempo y forma a la Cámara alta, en octubre, en tanto que a mediados de noviembre se giraron las modificaciones impositivas en Diputados.
“Una oportunidad”
En el Senado hubo cambios menores a la Ley de Presupuesto, que en pocas palabras suman más recursos para las municipalidades y las comunas, en materia de distribución del Fondo de Financiamiento Educativo y de los eventuales excedentes que se registren con el Fondo Solidario (o “sojero”).
Para Alcides Calvo (PJ-Castellanos), miembro informante por la mayoría, el volumen de obras e inversiones en infraestructura vial representa “una oportunidad” para la provincia y para el gobierno provincial de “revertir la baja ejecución” que ha caracterizado a las gestiones del Frente Progresista, Cívico y Social.
El titular de la Comisión de Presupuesto elogió varios aspectos del cálculo de gastos y recursos, pero no se privó de señalar que 2016 termina con una ejecución de obras que es de apenas el 20% de lo que iba a hacerse.
Del mismo modo, al destacar el aumento del presupuesto en Seguridad recordó que esa es “una materia pendiente”.
El senador destacó que el PJ es consecuente en su compromiso público de colaborar con la gobernabilidad, desde que le toca ser oposición y explicó -puertas adentro de la oposición- que a nadie le sirve que el gobierno se maneje sin ley de presupuesto, en términos de control del gasto y de la transparencia de los actos de gobierno.
Luego de alertar que han crecido este año “otra vez” los gastos corrientes del Estado, reclamó estrategias ante “la rigidez” de esas erogaciones.
En tanto, por el oficialismo, el presidente del bloque de senadores del FPCyS Felipe Michlig expresó que la posibilidad de ampliar el endeudamiento con 1.300 millones de pesos, contenida en la Ley de Presupuesto, es parte de las posibilidades que brinda la ley de responsablidad financiera que rige en Santa Fe desde que la provincia era gobernada por el justicialismo.
Destacó que en 2017 se verán los frutos de una fuerte apuesta por la inversión en obras públicas. Michlig destacó el gesto de la oposición de tratar el mensaje del Ejecutivo sin especulaciones políticas menores y subrayó que se alcanzó el consenso con la mayoría, con los funcionarios de la Casa Gris y con los jefes de los bloques de la Cámara baja donde se completó la sanción de la norma por amplia mayoría: 35 votos afirmativos, uno en contra (del diputado Carlos del Frade) y cinco abstenciones justicialistas.
Menos presión
La Cámara de Diputados tuvo la iniciativa en la reforma tributaria y entre el Frente Progresista y Cambiemos sumaron 32 votos contra 8 negativos y 5 abstenciones justicialistas.
La base de la reforma es el mensaje elaborado por el Poder Ejecutivo que surgió de un acuerdo con 14 entidades empresariales. En la Comisión de Presupuesto y dentro del recinto se agregaron retoques a la manera de calcular la imposición de Ingresos Brutos a autos cero kilómetros y maquinaria agrícola e incluir entre los gravados a servicios audiovisuales por Internet.
El proyecto sancionado tiene cuatro capítulos donde se incluyen las subas de entre 25 y 32% en el Impuesto Inmobiliario -tanto Urbano como Rural- y en Ingresos Brutos; la creación de un Régimen Simplificado para pequeños comercios y servicios y el régimen de promoción para los calls centers.
La ley comprende reformas como la alícuota del 15% del importe del valor de su compra para la comercialización de autos 0 km tanto efectuada por concesionarios o agentes oficiales; alícuotas diferenciales para determinar Ingresos Brutos para operaciones de bancos y entidades financieras; régimen de promoción con beneficios fiscales para empresas radicadas o que en el futuro se radiquen en la provincia de Santa Fe y cuya actividad principal esté destinada a operar como call center, con una alícuota diferencial del 1,55%; alícuota del 1,5% para la actividad industrial desarrollada por fasonier a terceros -bajo la modalidad de fasón- y para quien encarga la elaboración de los mismos, siempre que ambos se encuentren radicados en la jurisdicción de la provincia. Además reducción de la alícuota al 3% (la vigente es 3,25%) para el expendio al público de combustibles e incremento de la alícuota al 0,5% para la comercialización mayorista de combustible, siendo la actual 0,25%. También actualiza en un 25% los importes mínimos mensuales para los contribuyentes de Ingresos Brutos que liquiden el impuesto por el régimen general y especifica el hecho imponible y el monto imponible de los derechos reales de superficie, creados como objeto de impuesto en el período fiscal 2016.
La socialista Clara García y el radical Julián Galdeano fueron los encargados de defender técnicamente y políticamente el proyecto. El segundo afirmó que “hay una menor presión en Ingresos Brutos”. Desde el macrismo, Sergio Más Varela dio el apoyo crítico mientras que el izquierdista Carlos Del Frade y el justicialista Héctor Cavallero justificaron su rechazo.