No tienen oportunidad para avanzar dos leyes de fondo, de las que Santa Fe carece porque hay visiones ideológicas enfrentadas: la Ley de Educación y la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) provocan posiciones distintas entre ambas Cámaras. Ambas cuentan con la meda sanción de Diputados pero las objeciones de las iglesias a las dos y la necesidad de un tratamiento sin apuros para normas tan importantes las deja al margen de una negociación contrareloj.
Por otra parte, hay otro tipo de normas que las exige el contexto de hechos violentos delictivos que sufre la provincia, y que el gobierno santafesino reclama: se pide que se declare la emergencia en Seguridad y también en el Servicio Penitenciario. Se vará si con proyectos que surjan en el Senado o en Diputados. Y a esos textos que la Casa Gris alienta se podrían agregar otros que la oposición quiere instalar como la creación de una Junta Provincial de Seguridad, que abra la participación a la sociedad frente al espinoso tema que tiene a Rosario como epicentro.
El apuro y la voluntad de llegar a un acuerdo chocan con una difícil situación interna en Diputados donde los acuerdos entre radicales y socialistas ya no son lo que eran, incluso a nivel de las autoridades de la Cámara. Además, causan más ruidos ciertas rispideces recientes entre algunos legisladores del oficialismo en minoría, el amplio abanico de opositores, y los senadores justicialistas del Nes que se definen como el "oficialismo responsable".
En los pasillos de la Legislatura se dice que tanto la falta de diálogo de los funcionarios de la Casa Gris (no aparecen interlocutores con verdadero poder de negociación) como los temas en tratamiento en la Comisión de Acuerdos conspiran contra ese diálogo, urgido porque sin consenso no habrá leyes por lo menos hasta mayo de 2022. Y para eso faltan unos cinco largos meses.
Pasado el mediodía de este miércoles, esa comisión bicameral terminaba de entrevistar a los candidatos a jueces de primera y de segunda instancia en el recinto del Senado. Dentro y fuera de Acuerdos se señala con insistencia que este es el primer envío (de 14 propuestos) por parte de la actual gestión cuando está por terminar su segundo año de gobierno.
Una fuente confiable dijo a El Litoral que esta tarde o recién el jueves por la mañana podrían estar listos los dictámenes que recomendarán la aprobación o el rechazo de cada nombre al pleno de la Asamblea Legislativa formada por los 19 senadores y los 50 diputados. Y que no se descarta que haya pulgares para abajo. En cambio, el pliego de Mario Gabriel Mehauod como director obrero del Ente Regulador de los Servicios Sanitarios (Enress) parecía contar con el respaldo necesario.
El tratamiento de los nombres propuestos por el Ejecutivo no influye en el clima interno del Poder Legislativo. Sí, en cambio, ha generado cierta preocupación la acusación que el jefe del bloque de senadores Juan Domingo Perón, Armando Traferri (PJ-Nes-San Lorenzo), ha formulado formalmente ante Acuerdos contra los fiscales del Ministerio Público de la Acusación que pidieron a la Cámara alta sin éxito, a fines de 2020, poder investigarlo e imputarlo. Más allá de los alarmantes argumentos presentados por el legislador en su escrito de más de 40 páginas, con cuestionamientos sobre el acceso indiscriminado a datos del tráfico de comunicaciones del celular de Traferri, durante cuatro años, sin la debida autorización judicial, el tema preocupa por la lectura que de ese hecho hace la sociedad, tanto los juicios de valor como por los prejuicios en juego. Del tema se habló en la reunión de este miércoles, aunque no se tomaron decisiones: aparentemente habrá una instancia de consulta más antes de que se defina qué hacer con la denuncia.