La diputada socialista Lionella Cattalini ingresó un proyecto de ley para regular uno de los institutos claves previstos por la reformada Constitución de Santa Fe, como es el Tribunal de Enjuiciamiento para jueces, fiscales y defensores del Ministerio Público.
En Santa Fe
Propuesta socialista para regular el enjuiciamiento de los magistrados, fiscales y defensores
La iniciativa de Cattalini prevé que sea un Jurado de Enjuiciamiento el encargado de la tarea. Los ministros de la Corte y las autoridades superiores del Ministerio Público están exceptuados del nuevo cargo y seguirán en manos de la Asamblea Legislativa.
La decisión, una vez sancionada, quitará a la Legislatura el control de la conducta de fiscales y defensores.
Cattalini, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara y hoy vicepresidenta de la Comisión de Acuerdos, presentó el proyecto sobre una temática que también viene siendo analizada por el Poder Ejecutivo pero que hasta el momento no remitió el mensaje a las cámaras.
"Hasta la entrada en vigencia de la ley que regule los procedimientos disciplinarios de jueces, procuradores, fiscales y defensores, los mismos se sustanciarán ante los órganos y se regirán por la normativa actualmente en vigor", destaca la cláusula transitoria número 12 de la Constitución.
La reforma trajo consigo la manda de reglar tanto el Tribunal de Enjuiciamiento como el Consejo de Selección del Poder Judicial y del Ministerio Público para escoger los futuros integrantes del Poder Judicial.
En el Poder Ejecutivo se trabaja en definir los alcances de ambos institutos pero Cattalini resolvió avanzar con el proyecto propio sobre uno de ellos, no sin antes dar cuenta a la Casa Gris de su decisión.
"Tenemos que dejar atrás la lógica corporativa y avanzar hacia un sistema con más transparencia, control y reglas comunes", sostuvo la socialista.
La reforma de la Constitución, entre otras cosas, redefinió el régimen de enjuiciamiento de magistrados, procuradores, fiscales y defensores y dispuso la necesidad de crear un nuevo jurado para juzgar jueces, fiscales y defensores por faltas graves o delitos dolosos. Hoy los magistrados son sometidos a Jury que integran la Corte, un legislador por cámara y dos abogados. Fiscales y defensores son investigados por la Comisión de Acuerdos de Legislatura que luego eleva las actuaciones al pleno de las dos cámaras.
El proyecto de Cattalini apunta a reglamentar lo dispuesto por los artículos 142 y 143 de la Constitución, que crean el Jurado de Enjuiciamiento, establece las causales de remoción, fija los principios que deben regir el procedimiento y remite a la ley la regulación de su integración, funcionamiento y del órgano encargado de ejercer la acusación.
"Necesitamos una ley que permita poner en funcionamiento lo que establece la nueva Constitución y dejar atrás un sistema en el que el juzgamiento de los jueces estaba en manos de la Corte y el de los fiscales y defensores, en manos de la Legislatura. Esta ley es la herramienta necesaria para hacerlo realidad", explicó.
El proyecto socialista prevé que el nuevo jurado estará integrado por un ministro de la Corte Suprema Justicia, el fiscal general o el defensor general, dos jueces, fiscales o defensores según corresponda, tres senadores y tres diputados elegidos por ambas Cámaras y con representación de las minorías y dos abogados matriculados en los colegios de la provincia.
"Durante la reforma constitucional discutimos cómo equilibrar el poder y garantizar la independencia de la Justicia. También planteamos que quienes tienen responsabilidades judiciales deben contar con mecanismos claros para ser controlados y rendir cuentas. En el enjuiciamiento, eso implica dejar atrás la lógica corporativa y establecer reglas comunes para jueces, fiscales y defensores", sostuvo Cattalini.
La diputada destacó el alcance del cambio que propone la iniciativa: "Es un cambio de paradigma: los jueces, fiscales y defensores tienen funciones diferentes, pero todos ejercen responsabilidades públicas y tienen que responder bajo las mismas reglas".
La legisladora socialista remarcó que el desafío ahora es avanzar con el debate legislativo: "La nueva Constitución ya definió el camino y ahora nos toca a nosotros hacerlo realidad. Por eso es importante que este proyecto sea debatido en la Legislatura, con todos los aportes necesarios, para que Santa Fe tenga un sistema de enjuiciamiento moderno, transparente y con reglas claras".
Piden informes sobre cobros judiciales en EPE
La Cámara de Diputados votó, por unanimidad, un pedido de informes presentado por los justicialistas Marcos Corach y Lucila De Ponti a los efectos de saber los criterios de la Empresa Provincial de Energía para derivar a ejecutores fiscales el cobro de deudas de usuarios residenciales por consumos eléctricos.
"Motiva el proyecto nuestra profunda preocupación al tomar conocimiento de situaciones que denotan una grave desproporción en la política de recupero de acreencias por parte de la EPE. Esta situación se materializa en el inicio de juicios ejecutivos y la posterior traba de embargos sobre sueldos de trabajadores en relación de dependencia por sumas millonarias", explicaron los autores.
"Vemos la necesidad imperiosa de contrastar el rigor procesal aplicado contra trabajadores individuales frente a las facilidades o esquemas de regularización que pudieran estar otorgándose a grandes consumidores y deudores corporativos. A su vez, es vital constatar el crecimiento efectivo de los niveles de mora general como correlato de los ajustes en el cuadro tarifario provincial", acotaron.
El primer punto del pedido es para que se informe cuál es el protocolo o criterio normativo interno que define el pase a cobro judicial de acreencias de usuarios residenciales, detallando a partir de cuántos períodos impagos o qué montos adeudados se autoriza el inicio de este tipo de ejecuciones.
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