Las comisiones de Seguridad y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados volverán a reunirse la próxima semana, y activarán una nueva ronda de consultas con diferentes actores sociales que requirieron ser escuchados en el marco del debate del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura, e identificado como "Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública".
Sigue el debate
Reformas en seguridad: otras ocho entidades de Santa Fe piden ser escuchadas
La próxima semana, los diputados recibirán a representantes de los Colegios de Abogados de Santa Fe y Rosario, a universidades y otras organizaciones intermedias. Los puntos que generan más fricción, y las advertencias sobre aspectos que podrían ser inconstitucionales.
Según pudo saber El Litoral, ocho entidades serán recibidas el miércoles para dar continuidad a una discusión que se inició formalmente esa semana con otros actores instituciones como el ministerio Público de la Acusación, el de la Defensa y la propia Corte Suprema de Justicia.
Quiénes van
El nuevo listado de invitados que asistirán al plenario de comisiones incluye a organizaciones tanto de Santa Fe como de Rosario. Entre ellos, se encuentra el Colegio de Abogados Segunda Circunscripción, el Foro Contra la Impunidad y por la Justicia, la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, la Red Puentes de esta ciudad, el Centro de Estudios e Investigación en Derechos Humanos, "Juan Carlos Gardella", representantes de la Universidad Nacional de Rosario; el Colegio de Abogados Primera Circunscripción (Santa Fe), y la Asociación Civil Familiares de Víctimas contra la Inseguridad, también de Rosario.
Qué se discute
El mensaje del Poder Ejecutivo prevé reformas a cinco leyes de la provincia vinculadas con la temática de la seguridad pública. Plantea modificaciones al Código Procesal Penal, a la Ley de Ejecución Penal, a la Ley de Recompensas, a la Ley de Inteligencia y a la Ley Orgánica de la Policía.
La estrategia legislativa de la Cámara de Diputados fue unificar el tratamiento de dicho mensaje al de otros dos que ya fueron votados por el Senado: la ley que modifica aspectos del funcionamiento del Ministerio Público de la Defensa; y la ley de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos, que esencialmente busca contrarrestar el robo de celulares.
A partir de esa decisión, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Seguridad resolvieron sesionar de manera conjunta, y convinieron abrir una ronda de diálogo con diferentes actores involucrados en la discusión.
En ese marco, este miércoles fueron escuchados por los legisladores – como se dijo- representantes del Ministerio Público de la Defensa, de la Acusación y los siete integrantes del máximo tribunal de Justicia de Santa Fe.
Qué cuestionan
Las principales objeciones planteadas particularmente por los representantes de la Corte se sustentaron en la delegación "excesiva" de facultades a la policía, y en algunos casos, también a los fiscales. Los magistrados advirtieron que ello tendría visos de inconstitucionalidad.
Los cambios que se promueven van desde la posibilidad de hacer allanamientos sin orden judicial, en determinadas circunstancias; hasta la chance de tomar declaración a un imputado sin la presencia obligatoria de un abogado defensor. También, que el Poder Ejecutivo de manera autónoma, sin requerimiento de un fiscal, pueda solicitar la activación de un pedido de recompensa. Asimismo, la ley para combatir el robo de celulares, autoriza a la policía a solicitar a cualquier ciudadano el IMEI (International Mobile Equipment Identity). Se trata de un código único de 15 dígitos que identifica a cada dispositivo; es una suerte de "huella digital del equipo". Pero si la persona de negara a facilitar el teléfono, la policía podrá requisarlo y hasta secuestrarle el aparato. Para el ex Fiscal General de la provincia y actual ministro de la Corte, Jorge Baclini, tal situación implica una "presunción de ilicitud excesiva".
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