Pide el Ejecutivo avanzar en la discusión de la futura ley de Emergencia Agropecuaria

La secretaria de Agroalimentos del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, María Eugenia Carrizo, insistió en la necesidad de contar con la nueva normativa de emergencia agropecuaria que, según puntualizó, "permitirá generar respuestas concretas y previsibilidad en los sistemas productivos santafesinos".

El mensaje que se refiere la funcionaria fue presentado por Poder Ejecutivo, se denomina Sistema Provincial Integral de Riesgos de Emergencias y Desastres Agropecuarios y se encuentra en comisiones de la Cámara de Senadores.

La iniciativa busca reemplazar la actual Ley Provincial Emergencia Agropecuaria Nº 11.297, que está vigente desde 1995. Para Producción, las principales falencias de la normativa vigente son, por un lado, ser una normativa post evento y, además, tener sólo como beneficiarios a los propietarios de la tierra con beneficios impositivos acotados - prórroga o condonación del impuesto inmobiliario rural; dejando de lado a los productores arrendatarios, que cubren el 70% de las explotaciones santafesinas.

"Nuestra provincia tuvo 12 millones de hectáreas declaradas este año en emergencia y/o desastre agropecuario en 18 departamentos por la Ley vigente, de las cuáles solamente se presentaron 1750 declaraciones juradas de los productores que representan 700 mil hectáreas, es decir sólo el 5,8% de la superficie. Estos números indican claramente que la Ley ha quedado totalmente obsoleta con el sistema productivo actual y los productores no adhieren dado que los beneficios son acotados", precisó Carrizo.

"La nueva normativa que proponemos contempla herramientas que son muy demandadas por los productores tales como asistencia financiera para la recomposición del capital de trabajo y para realizar inversiones para la mitigación de sequías o inundaciones, y un fuerte estímulo a la utilización de los seguros agropecuarios", acotó.

El nuevo proyecto se basa en un sistema que aborda todas las fases de la gestión de riesgos de emergencia y/o desastre agropecuario; y fue elaborado por el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, con el consenso de entidades intermedias del sector productivo, como SRA, Carsfe, Coninagro, FAA, Meprolsafe, AFA, las bolsas de Comercio de Santa Fe y Rosario, Aapresid, el Colegio de Médicos Veterinarios y Agrónomos, Inta y Senasa.

Carrizo destacó que, en el marco de la Emergencia Agropecuaria dictada este año, "se dispuso un fondo de 1000 millones de pesos que recibimos de Nación y que estamos ejecutando íntegramente. Estos recursos alcanzaron a más de 1200 productores que tomaron créditos a tasa cero con un año de plazo de pago, para recomponer capital de trabajo e invertir en prevención de riesgos climáticos. Para esto articulamos con la Red Provincial de agencias y asociaciones para el desarrollo, que nos permitió dotar a cada región de fondos rotatorios históricos que quedan en el territorio. Hablamos de recursos que otros productores van a poder disponer luego de la devolución".

Precisó Carrizo que "cada una de las acciones, inclusive el proyecto de Ley, fueron articuladas con entidades y productores, porque esta es la manera de gestionar que nos instruye el ministro Costamagna".

En ese marco, entre las acciones llevadas adelante en la provincia, destacó la disposición de fondos derivados de la Ley Nacional Nº 26.060 de Sustentabilidad de la Producción Algodonera. La herramienta se conformó a partir de la firma de convenios impulsados desde la cartera productiva, junto a tres instituciones intermedias (APPA y las asociaciones para el desarrollo de 9 de Julio y del Noreste Santafesino), con el objetivo de mantener e incrementar la superficie sembrada y el rendimiento del cultivo de algodón, expandiendo los procesos productivos de esta importante economía regional del norte santafesino.

Otra línea puesta a disposición por la cartera productiva son los créditos ejecutados por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) que forman parte de la línea de financiamiento de reactivación productiva que alcanza a aquellos productores agropecuarios interesados mejorar sus procesos productivos puede ser destinada para afrontar costos de capital de trabajo o para realizar inversiones de bienes de capital. Los montos de los préstamos van desde $1.000.000 hasta $20.000.000 y podrán ser beneficiarios microemprendimientos o pymes que desarrollen una actividad económica rentable y que cuenten con patrimonio para efectuar su devolución.

Finalmente, resaltó la funcionaria otra herramienta financiera que prevé créditos de hasta 150 mil pesos, sin intereses, con un plazo de gracia de seis meses y 12 para la devolución, destinados a pequeños productores apícolas de Santa Fe. Apunta a fortalecer la estructura productiva del sector y su capital de trabajo, y alcanza a productores que cuenten con hasta 50 colmenas registradas en el Registro Nacional de Productores Apícolas (RENAPA) y en el Registro Único de Producciones Primarias (RUPP), y que sus explotaciones residan dentro del territorio provincial. Los créditos están destinados a la compra de insumos, material vivo e inerte, indumentaria y útiles de trabajo.