Pliegos para jueces federales con “guiños” y nombres sugestivos

El envío en dos tandas de más de un centenar de pliegos de candidatos para la justicia federal en distintos puntos del país (sobre todo jueces, pero también fiscales y defensores) supuso la puesta en marcha de un procedimiento que el gobierno nacional postergó durante más de dos años y que, sumada a los retrasos de la gestión anterior, llevó las vacantes a un alarmante nivel del 40 %.

En los últimos días, el gobierno sumó 30 propuestas a las 77 originales, que ya están a estudio del Senado, y que en el curso de esta semana comenzaron a transitar las audiencias públicas previas a su tratamiento en el recinto.

Más allá de la atención de una necesidad acuciante a la que se busca dar respuesta, no puede ignorarse la circunstancia de que el volumen de los nombramientos a producir implica un verdadero rediseño del mapa de la justicia federal en el país. Lo que no se circunscribe al cumplimiento de la tarea jurisdiccional, sino que involucra una redistribución del poder que eso conlleva.

Y que, justamente por la cantidad de lugares a ocupar (más de 300), habilita negociaciones a varias puntas con referentes políticos provinciales y gobernadores, con parámetros que en muchos casos se atienen estrictamente al mérito y las condiciones de los postulantes, y en muchos otros priorizan criterios de oportunidad, conveniencias, afinidades e incluso premios y castigos.

Por esa razón, en el listado aparecen candidatos indiscutibles (por su perfil y por el trámite que los llevó a esta instancia), y otros que no pueden sustraerse a la sombra que proyectan los lazos familiares, su intervención en causas delicadas para el gobierno, su trayectoria en gestiones anteriores o su actual vinculación con jueces en ejercicio.

“Desórdenes” de mérito

Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), 12 de los candidatos de los primeros 67 postulados registran “saltos” superiores a 10 posiciones entre el orden de mérito inicial y la entrevista final del proceso de concursos de selección que realiza el Consejo de la Magistratura.

Algunos tienen diferencias de hasta 32 lugares entre la orden de mérito inicial, basada en antecedentes y un examen escrito, y la entrevista personal en que los miembros del Consejo tienen un amplio margen discrecional. Y 7 personas propuestas tienen vínculos familiares con magistrados o exmagistrados.

En su informe ACIJ apoyada por Poder Ciudadano, el INECIP y otras ONGs, advierte que esta situación “plantea interrogantes sobre la existencia de posibles acuerdos que podrían poner en riesgo la independencia judicial”.

Será justicia (legítima)

Esta advertencia, producida sobre la base de la primera tanda de pliegos, contiene referencias concretas a situaciones o perfiles que se repiten en los últimos 30 pliegos enviados, que comenzarán a ser analizados en comisión por los integrantes de la cámara alta una vez que se les dé ingreso formal.

Entre los nominados está Juan Manuel Mejuto, firmante del primer comunicado de la agrupación ultra K Justicia Legítima y propuesto para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 de la Capital. También se suma Hernán Figueroa, quien también avaló la solicitada de 2013 que defendía la reforma judicial K.

En la lista de pliegos también se encuentra el de Santiago Vismara, uno de los primeros fiscales designados "Ad Hoc" por la ex procuradora Alejandra Gils Carbó y ex firmante de la solicitada de Justicia Legítima, como así también el del ex subsecretario de Justicia Jorge Djivaris, propuesto por la Cámara de Apelaciones en lo Comercial.

Djivari, ex funcionario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, defenderá su postulación a vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y Pablo Wilk, acusado por el kirchnerismo de participar de la "gestapo sindical", defenderá su pliego a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N2 de La Plata.

Wilk es, además, uno de los nombres mencionados en la lista de los candidatos que resultaron favorecidos por la alteración del orden de mérito.

Otro nombre que encendió alarmas en la oposición es el de Ana Clarisa Galán, propuesta como defensora ante la Cámara de Casación Penal, igual que el de María Esther Pinos, para Formosa, cercana a la ex procuradora Alejandra Gils Carbó.

Además se cuestiona la nominación de Pablo Matkovic para el tribunal federal de Neuquén, ya que fue quien en 2017 presentó un hábeas corpus contra Patricia Bullrich por un allanamiento a la comunidad mapuche.

A esto se agrega el caso del camarista Víctor Arturo Pesino, quien busca extender su mandato por 5 años tras llegar a la edad jubilatoria tras participar en el fallo que dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido en forma parcial la aplicación la ley de Reforma Laboral.

Asuntos de familia

En general, el envío de los pliegos fue interpretado como un guiño a la "familia judicial", ya que entre los postulantes que defenderán sus postulaciones se encuentran la secretaria del juez Julián Ercolini, María Julia Sosa; la de la Cámara Federal, Ivana Quinteros (Sala I Cámara Federal) y el ex secretario del juez Ariel Lijo, Javier Arzubi Calvo.

Juan Andrés Moldes, hijo del difunto fiscal Germán Moldes, y Nicolás Pacilio, hijo del exjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Antonio Pacilio, son otras dos de las figuras incluidas en la lista de pliegos que deberán exponer y defender sus postulaciones esta semana.

La primera audiencia comenzará a las 10hs de este miércoles 6 de mayo y en ella expondrá Sosa, actual secretaria de Juzgado de Ercolini, quien tiene la causa por supuesto espionaje vinculada al caso ANDIS, sobre su postulación a jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata.

Otros nombres que llamaron la atención son los de dos magistrados en lo Penal Económico para que ocupen ahora dos vacantes en la Cámara de ese mismo fuero. Se trata de Alejandro Catania y Juan Galván Greenway.

Greenway fue quien sobreseyó a “Chiqui” Tapia en una causa de posible lavado de dinero tras determinar que el presidente de la AFA podía justificar todo su patrimonio, incluidas las compras de autos de alta gama alemanes.

La denuncia se había iniciado en 2021 tras el pago de una indemnización que cobró la entidad del fútbol argentino luego de que se cancelara un partido amistoso entre Argentina e Israel. Ocurre que el sobreseimiento de Tapia, lo que podría invalidar nuevas pesquisas sobre su fortuna, fue dictado por Galván Greenway el 24 de abril pasado.

Alertas periodísticas

En cuanto a Catania, sobre quien también se señala vínculos con la AFA, exhibe una serie de pronunciamientos coincidentes con movimientos impulsados por Néstor y Cristina Kirchner cuando estaban en el poder.

Eso incluye actuaciones funcionales a los embates contra periodistas durante esas gestiones, y que se corresponden con el temperamento adoptado por el actual gobierno de Javier Milei con respecto a la difusión de informaciones que comprometen o habilitan interrogantes sobre su propio accionar o el de sus funcionarios.

Como el juez en lo penal económico, Catania emitió en 2011 una orden a diferentes medios de prensa para identificar a los periodistas que desde 2006 escribieron artículos sobre las mediciones de inflación distintas a las del INDEC.

Esa medida fue repudiada por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que hizo notar en un comunicado que “la individualización compulsiva de periodistas por el mero hecho de cumplir con su tarea -informar cuestiones de interés público a partir de fuentes libremente seleccionadas- constituye una indudable presión intimidatoria sobre dichos profesionales".

Además, considera que ésto "conlleva un riesgo claro de censura indirecta y de potencial restricción a la libre información de la ciudadanía”.

La decisión judicial fue coincidente con el desarrollo de una denuncia penal del entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno, contra consultoras privadas que elaboraban índices inflacionarios que contradecían el “dibujo” oficial de las cifras.

“La imposición de un relato único y oficial atenta contra el concepto mismo de la democracia y la libertad de expresión. Medidas como la del juez Catania contribuyen a crear un clima de persecución a quienes quieren ejercer la labor periodística de manera independiente, sin tutelaje ni control estatal, como lo garantiza nuestra Constitución”, advertía entonces ADEPA.