El funcionamiento del Estado tiene una consecuencia directa en la vida cotidiana: detrás de cada jubilación, una prestación social, una beca o un servicio público hay obligaciones que deben cumplirse en tiempo y forma.
Presupuesto 2026: el Gobierno aumentó los fondos para salarios y prestaciones sociales
Mediante una reasignación de fondos, la Casa Rosada busca blindar prestaciones sociales y gastos operativos ante la falta de una actualización general.

Con ese argumento, el Gobierno nacional modificó el Presupuesto 2026 y dispuso una redistribución de partidas para que distintas áreas de la Administración Nacional cuenten con los recursos necesarios para sostener sus funciones. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1391/2026, publicado este jueves 19 de noviembre en el Boletín Oficial.
La norma establece que la adecuación busca atender necesidades vigentes en materia salarial, gastos de funcionamiento, equipamiento y distintas prestaciones. En sus fundamentos, el Poder Ejecutivo sostiene que, sin una actualización inmediata de los créditos presupuestarios, podría peligrar la continuidad de determinados servicios esenciales cuya responsabilidad corresponde al Estado nacional.
El decreto modifica el Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026, aprobado por la Ley 27.798, y también introduce cambios en la distribución de cargos del sector público. La medida fue dictada por el presidente Javier Milei en acuerdo general de ministros y entró en vigencia el mismo día de su publicación.

Qué áreas recibirán refuerzos en el Presupuesto 2026
Entre los puntos centrales de la modificación aparecen los recursos destinados a gastos en personal. Según los considerandos del decreto, el refuerzo apunta a atender necesidades salariales y de funcionamiento de las distintas jurisdicciones y entidades que integran la Administración Nacional.
También contempla partidas para inteligencia, equipamiento, becas, compensaciones, transferencias y otras erogaciones vinculadas con las tareas de los organismos públicos.
Uno de los capítulos relevantes está relacionado con las prestaciones de la seguridad social. El texto dispone incrementar el presupuesto de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para afrontar el pago de prestaciones previsionales, en función de la movilidad establecida por la Ley 26.417.
También se prevé reforzar los créditos destinados al pago del refuerzo de ingresos previsionales para jubilados y pensionados, además de los fondos para financiar asignaciones familiares. En este último caso, el decreto señala que la actualización presupuestaria busca incorporar el impacto de la movilidad previsional.
La modificación incluye, además, recursos para atender el pago de la prestación por desempleo. El fundamento señalado en la norma es el incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil dispuesto mediante una resolución del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Otro de los programas alcanzados es el Plan 1000 Días, destinado a la atención y el cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, en el marco de la Ley 27.611.

Pensiones, discapacidad y deudas previsionales: qué establece el decreto
La adecuación presupuestaria también comprende partidas vinculadas con el sistema de pensiones no contributivas. El decreto dispone incrementar los fondos del Ministerio de Salud para afrontar la actualización de esos haberes y contempla un refuerzo de ingreso previsional destinado a sus beneficiarios.
En materia de discapacidad, la norma incorpora recursos para el Programa Incluir Salud, que depende de la Secretaría Nacional de Discapacidad. El objetivo expresado en el texto oficial es atender deudas con prestadores, en el marco de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad.
A su vez, se prevén mayores créditos para las transferencias de ANSES al Programa de Atención Médica Integral (PAMI), en función de las retenciones efectuadas sobre los haberes previsionales.
El decreto incluye otros compromisos que deben ser atendidos por el Estado. Entre ellos, menciona las obligaciones derivadas de los servicios prestados por el Correo Oficial de la República Argentina, las transferencias a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y los gastos correspondientes a los servicios financieros de la deuda pública.

También incorpora una partida específica de $543.205.555.376 para cancelar deudas previsionales reconocidas mediante sentencias judiciales firmes. Ese monto corresponde a pagos en efectivo por retroactivos derivados de ajustes en las prestaciones de retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal.
Qué pasará con la modificación del Presupuesto 2026
Además de los cambios en las partidas de gastos, el Decreto 1391/2026 modifica las autorizaciones para realizar operaciones de crédito público.
En particular, incrementa en $78,7 billones el monto autorizado para operaciones de crédito con un plazo mínimo de amortización de 90 días. Se trata de una autorización vinculada al financiamiento del Estado y no de una partida que deba confundirse con los refuerzos destinados al pago de salarios o prestaciones.
La norma también incorpora una garantía para la provincia de Santa Fe, por un monto máximo de 25 millones de dólares, con un plazo mínimo de amortización de tres años.

El destino establecido es la defensa contra inundaciones en el departamento San Javier. Para Córdoba, en tanto, modifica el destino de un aval previamente autorizado: pasa de financiar proyectos de economía circular a infraestructura hídrica y de saneamiento.
Por último, el decreto establece que la medida debe ser comunicada a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación, organismo que tiene competencia para pronunciarse sobre la validez o invalidez de los decretos de necesidad y urgencia.
De esta manera, la modificación presupuestaria busca adecuar los recursos disponibles a las obligaciones que el Estado nacional debe afrontar durante el ejercicio 2026.
Entre los compromisos mencionados en el texto oficial figuran salarios, jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, prestaciones por desempleo, programas de salud y pagos a prestadores. Son partidas que sostienen prestaciones y servicios de los que dependen millones de personas y el funcionamiento de distintos organismos públicos.








