Mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, fatiga la agenda de reuniones con gobernadores en busca de apoyo para la reforma laboral, en el Senado la comisión técnica que lidera la asesora Josefina Tajes lleva adelante encuentros individuales con los diferentes actores sociales y parlamentarios.
Ronda de consultas en el Senado
Reforma laboral: los empresarios apoyan y formulan advertencias
El Gobierno asegura que cuenta con los votos para aprobar la “modernización”. Pero que dará lugar a cambios en el texto, que se harán durante la sesión. Cuáles son los puntos más controvertidos y que podrían modificarse.
La senadora Patricia Bullrich confirmó que el debate en el recinto arrancará el 11 de febrero y aseguró que el oficialismo tiene los votos de 44 senadores para aprobar la iniciativa. Ese respaldo vendría apuntalado por las gestiones con mandatarios y sectores involucrados, y sostenido en algunos cambios requeridos y negociados.
De ese modo, tras la ronda de consultas, y como ya había adelantado Bullrich, el oficialismo aceptaría introducir modificaciones en la redacción original, que consta en el dictamen de comisión. Pero los cambios no se harán en la previa, sino en la propia votación del cuerpo.
Cambios en el recinto
Así lo adelantó Tajes, en su carácter de titular de la mesa técnica que analiza la viabilidad de las demandas de los sectores cercanos al Gobierno. La asesora legislativa anticipó que la intención es sesionar el martes 11 de febrero y ratificó que conservarán "el espíritu del proyecto" original.
"No hay un nuevo dictamen. El dictamen ya está aprobado y firmado. El procedimiento es el habitual: el proyecto va al recinto, se vota en general y, en el debate en particular, se incorporan las modificaciones o aclaraciones que eventualmente se hayan acordado”, detalló, en declaraciones a un portal parlamentario.
En ese sentido, explicó que "las cámaras nos envían por escrito sus inquietudes o los artículos que necesitan profundizar" y que analizarían la posibilidad de incorporar algunas de sus solicitudes. Por otra parte, rechazaron dividir las votaciones para evitar integrar los apartados más discutidos desde las provincias.
"Es cierto que existen conversaciones entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores por el impacto fiscal de algunos aspectos tributarios, particularmente vinculados al impuesto a las Ganancias y a la coparticipación, pero en ningún momento se habló de dividir la ley ni de separar el capítulo laboral del impositivo", precisó.
La postura de Santa Fe
Precisamente, la cuestión del impacto sobre las cuentas provinciales de las modificaciones en Ganancias es la principal que plantean los mandatarios, y que por lo mismo sustenta las objeciones desde el gobierno santafesino.
También, en boca del propio gobernador Maximiliano Pullaro, se planteó un apoyo a la modernización, pero con la advertencia de que se debe contemplar en particular la situación de las pymes, que concentran la mayor parte del empleo privado en la provincia y en el país.
Santa Fe hizo llegar su posición a legisladores nacionales y a funcionarios del Ejecutivo, reclamando que el proyecto incorpore una mirada productiva y federal, y que no traslade a las pymes la carga de renegociaciones permanentes, aportes adicionales o esquemas que solo pueden afrontar grandes compañías con estructura jurídica y financiera.
Al frente de la bancada de Provincias Unidas, Gisela Scaglia expresó su respaldo a los ejes centrales del proyecto, fundamentalmente en lo que hace a dos puntos clave: reducir la litigiosidad laboral y avanzar en la formalización del empleo.
Sin embargo, formuló reparos sobre aspectos específicos de la iniciativa, en particular el Fondo de Asistencia Laboral. Concretamente, el destino de aportes que hoy van al sistema previsional y que, con la reforma, podrían redirigirse a esquemas privados de capitalización. Y el interrogante al que eso da pie: cómo se financiará el sistema jubilatorio.
Apoyo y advertencias
A su paso por la comisión del Senado, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó su respaldo al espíritu del proyecto y destacó la necesidad de actualizar la legislación laboral frente a los cambios tecnológicos y sociales.
Su presidente, Natalio Mario Grinman, subrayó que la previsibilidad es clave para promover empleo formal y competitividad, aunque reconoció observaciones sobre artículos específicos.
Una postura similar adoptó la Unión Industrial Argentina (UIA), que presentó un documento con 20 puntos de apoyo, aunque dejó trascender reparos sobre la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que establece un aporte obligatorio del 3% de las remuneraciones, por su impacto en los costos empresariales.
Alerta pyme
Las principales objeciones provienen de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y de ADIMRA, que solicitaron la eliminación de cinco artículos (126, 128, 130, 131 y 132). Según advirtieron, esas disposiciones contradicen el objetivo de previsibilidad y equidad que proclama la reforma.
Entre los puntos más cuestionados figuran el fin de la ultraactividad plena de los convenios colectivos, la eliminación de aportes obligatorios a cámaras empresarias -mientras se mantienen los sindicales- y la priorización de convenios por empresa o región por sobre los de actividad.
Las entidades advierten que estos cambios favorecen a grandes compañías y colocan a las pymes en una situación de desventaja estructural.
En tanto, el Consejo Agroindustrial Argentino reclamó modificaciones al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), al considerar que excluye a amplios sectores de las economías regionales, como bodegas, molinos, procesadoras de alimentos y fabricantes de maquinaria agrícola.
El rechazo más duro llegó desde el sistema bancario. ADEBA, ABA y ABAPPRA cuestionaron la habilitación para que billeteras virtuales paguen salarios y jubilaciones, al sostener que el sistema bancario formal garantiza seguridad, trazabilidad y gratuidad para los usuarios.
Coincidencias inesperadas
Aunque por razones distintas, cámaras empresarias y la CGT coinciden en rechazar parte del proyecto por entender que desarticula los mecanismos de negociación colectiva.
Así en lo que atañe al artículo 126, que pone fin a la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo (CCT), principio por el cual un convenio mantiene su vigencia hasta tanto sea reemplazado por otro.
Eso obligaría a las empresas y a los sindicatos a renegociar de manera permanente, con el lógico desgaste que implica para ambas partes, y el riesgo de que se generen vacíos legales que puedan provocar un aumento de la litigiosidad.
Lo mismo ocurre con los artículos 130 y 131, que buscan hacer prevalecer convenios de ámbito menor sobre otros de ámbito mayor. En Argentina rige el principio de negociación por sector o rama de actividad. Eso implica un “piso” de condiciones para las empresas y para los trabajadores en todo el país y en todas las empresas.
El Gobierno propone cambiar ese paradigma a la negociación colectiva por región o por empresa. La CGT coincide con las cámaras en el rechazo a esta modificación, por entender que pondría a trabajadores en una situación de debilidad frente a las empresas.
A la vez, los empleadores consideran que la eliminación de reglas comunes podría generar competencia desleal, ya que las empresas que negocien con seccionales de sindicatos o comisiones internas más débiles podrían utilizan la baja de salarios para ganar competitividad a expensas de sus rivales.
También hay resistencia al art. 132, que habilita a la autoridad administrativa a suspender los efectos de convenios, aún homologados, cuando se verificasen “distorsiones económicas graves que afecten el interés general”. Otra vez, la cuestión pasa aquí por la falta de certeza y el potencial aumento de litigiosidad.
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