El ministro de Justicia defiende su segunda reforma con más facultades a policías y fiscales

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni defendió en rueda de prensa el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Provincial que reforma el Código Procesal Penal y crea “Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública”, con once cambios sobre la actual normativa.

El funcionario expresó que las modificaciones respetan “el piso de garantías constitucionales”, e interpretó que hubo “confusiones” e incluso “poca lectura” en las críticas formuladas desde la oposición o el ámbito de los colegios profesionales.

Se trata de un segundo paquete de reformas al proceso penal y a las regulaciones en mantera de seguridad desde que se inició el gobierno de Maximiliano Pullaro. La primera ola de cambios, que tuvieron a la víctima y la urgencia de la situación en Rosario como nortes, se aprobaron entre diciembre de 2023 y a lo largo de 2024, con un alto consenso legislativo.

“Estudio profundo”

“En cada uno de estos proyectos hubo un estudio en profundidad de los antecedentes, de su necesidad. Yo he escuchado muchas declaraciones, por supuesto hay gente que uno respeta, que conoce y algunos, claro, que son amigos. Pero una cosa es la amistad y otra cosa es lo que es necesario para la seguridad de los santafesinos”, destacó.

“Creo que hay algún grado de confusión respecto de lo siguiente. Hay un piso de garantías constitucionales indiscutido, que se respeta en todo el proyecto. Y de ese piso para arriba el legislador puede oscilar en el nivel de severidad de las normas”, dijo. Y más adelante insistió: “lo que no podemos es perforar el piso”.

Aseguró que “se respetan esas garantías constitucionales en cada uno de los institutos. Y se refirió a las críticas de “gente a la que le tengo mucho respeto, algunos son colegas, amigos, pero que no que no se han matado mucho estudiando el proyecto tampoco… “, deslizó.

Nuevas figuras

Puntualizó que “el procedimiento por decreto penal existe en la ordenanza alemana que fue la base de nuestro Código Procesal Penal. O sea, nosotros copiamos el modelo acusatorio de los alemanes. Bueno, agarren la ordenanza alemana y van a ver procedimiento por decreto o mandato penal”.

Las medidas coercitivas por orden fiscal hoy ya existen porque “el fiscal te puede tener detenido por un mes. ¿Eso no es una medida coercitiva por orden fiscal?, ¿cómo esto que rige no es inconstitucional y lo mismo ahora en un nuevo proyecto sí?

Puso para el caso del “derribo por orden fiscal” la reciente decisión judicial para que una topadora termine con una ruinosa edificación en Zazpe y Zavalla que era usada por narcos. Con los escombros aún sobre el piso el ministro se preguntó: “¿Qué podría haber pasado si hubiera existido la más mínima demora?”. Y se respondió: “por suerte, se habló, se trabajó para para agilizar pero ¿qué pasa si la agenda judicial está saturada y la audiencia de derribo te la posponen? El día que un alacrán pique un chico, después nos vamos a señalar para ver quién tuvo la culpa de la demora”, expuso a manera de ejemplo.

Dijo que los fiscales deben contar con la herramienta legal para derribar sin demoras los bunker de drogas y sostuvo que se trata de una facultad “puramente cautelar”.

Sobre la declaración informativa a cargo de ciudadanos ante la policía, sin que medie orden judicial, acusación de un fiscal o presencia de un abogado defensor, el ministro dijo: “En los primeros momentos de la investigación, todavía no se sabe si una persona va a resultar imputada o no. Le toman declaración testimonial bajo juramento de decir verdad. Después resulta que es imputado. ¡Ah, pero ya declaró bajo juramento y el imputado no puede declarar bajo juramento! Entonces… ¿Qué hacemos?”, inquirió.

“Son cosas que se estudian y contemplan dentro de lo que técnica procesal penal permite. Yo puedo ser más duro, más blando, moverme en función de las necesidades político-criminales, pero decir que todo es inconstitucional me parece por lo menos una expresión un tanto simplista y además una generalización”, afirmó.

“Estamos hablando de un proyecto que plantea once reformas estructurales que nosotros estamos dispuestos a explicar: el debate lo tienen que dar en la Legislatura y serán los legisladores los que analicen esto. Si a nosotros nos convocan, nosotros vamos a ir y vamos a dar los argumentos de por qué necesitamos esta herramienta”, aseveró.