El Poder Ejecutivo Nacional oficializó la reglamentación de la Ley 26.879 y sus modificaciones, con lo cual se amplía el alcance del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal.
Boletín Oficial
Se reglamentó la Ley de Datos Genéticos y amplió el uso del registro para investigaciones criminales
La norma actualiza el funcionamiento del Registro Nacional de Datos Genéticos, que permitirá usar perfiles de ADN no solo en delitos contra la integridad sexual, sino también en casos de homicidios, narcotráfico y robos agravados. El Ministerio de Seguridad será la autoridad de aplicación.
El decreto 709/2025, publicado en el Boletín Oficial, establece que el Ministerio de Seguridad será la autoridad encargada de aplicar la norma y administrar la base de datos que permitirá a la Justicia identificar sospechosos, resolver delitos graves y evitar la impunidad.
Un registro clave para esclarecer delitos
La ley 26.879 fue sancionada en 2013 con el objetivo de crear un banco de datos genéticos destinado a delitos contra la integridad sexual. Sin embargo, con la reforma introducida por la Ley 27.759, el alcance se amplió y ahora la herramienta podrá utilizarse en investigaciones de homicidios dolosos, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados.
El decreto firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, destaca que los avances científicos y tecnológicos de los últimos años hacen posible contar con instrumentos más eficaces para la individualización de personas a través del ADN, considerado hoy uno de los métodos más certeros en materia criminalística.
El Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal almacenará y sistematizará perfiles de distintos orígenes:
Evidencia encontrada en escenas del crimen.
Personas imputadas, procesadas o condenadas.
Cadáveres o restos humanos no identificados.
Familiares de personas desaparecidas o extraviadas.
Personal de fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales que intervengan en investigaciones.
Personas mayores de edad que voluntariamente quieran aportar su información genética.
Confidencialidad y control judicial
El decreto subraya que toda la información será administrada bajo estrictas normas de seguridad y confidencialidad, separando la base de datos de los perfiles genéticos de la información personal de los aportantes.
Además, se aclara que la decodificación de los perfiles almacenados solo podrá realizarse con control judicial y en caso de que exista un resultado positivo que ayude a la identificación de una persona vinculada con la investigación.
Para reforzar la transparencia, se guardará constancia de todos los funcionarios que accedan al sistema y se exigirá que la gestión informática garantice la trazabilidad de los datos y la utilización de conexiones seguras.
El registro también promoverá el intercambio de información con las bases provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de lograr una mayor coordinación federal y acelerar el esclarecimiento de causas judiciales.
Nuevo marco y designación de autoridades
Con esta medida queda derogada la reglamentación anterior, aprobada en 2017. La norma prevé la creación de la Comisión Nacional de Huellas Genéticas, que tendrá la tarea de coordinar y asesorar el funcionamiento del registro, además de intervenir en el concurso público para designar a su director definitivo.
Mientras tanto, el Poder Ejecutivo podrá nombrar un director interino con experiencia en genética forense para garantizar el funcionamiento del organismo. En un plazo de 120 días, el Ministerio de Seguridad deberá aprobar el procedimiento del concurso público de oposición y antecedentes para cubrir el cargo de manera permanente.
El decreto establece además que el puesto de director tendrá una remuneración correspondiente al nivel A, grado 0, función ejecutiva II del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).
Una herramienta contra la impunidad
Desde el Gobierno subrayaron que este banco genético es un instrumento central para la Justicia, no solo para identificar a presuntos responsables de delitos, sino también para desvincular a personas inocentes y evitar casos de revictimización.
Asimismo, se lo considera un aporte clave en la búsqueda de personas desaparecidas o extraviadas, y en la identificación de restos humanos no reconocidos.
El decreto resalta que el manejo de datos personales sensibles se regirá por la Ley de Protección de Datos Personales (25.326) y por los convenios internacionales de resguardo de la privacidad suscriptos por Argentina.
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