El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo plan de retiro voluntario para trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en el marco de las políticas de ajuste y reorganización de organismos públicos que impulsa la gestión de Javier Milei. La iniciativa fue aprobada por el Consejo Directivo del organismo y comenzó a regir esta semana, con vigencia inicial hasta el 31 de mayo.
Boletín Oficial
El Gobierno lanzó un plan de retiro voluntario en el INTA y busca reducir personal
El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria aprobó un sistema de retiro voluntario para trabajadores de planta permanente. La medida se enmarca en el proceso de reducción del gasto público impulsado por la administración nacional y podría alcanzar a cientos de empleados en todo el país.
La medida alcanza exclusivamente al personal de planta permanente y contempla compensaciones económicas calculadas en función de la antigüedad y los salarios actualizados de los empleados que decidan adherirse al esquema. Según la resolución oficial, el régimen podría extenderse por única vez durante quince días más si así lo determina el propio Consejo Directivo.
El programa se suma a otros procesos similares implementados recientemente en distintas áreas de la administración pública nacional, como la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), donde el Ejecutivo también avanzó con mecanismos de desvinculación voluntaria.
Cómo será el régimen de retiro voluntario
De acuerdo con la resolución publicada en el Boletín Oficial, el sistema se apoya en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, que contempla el retiro voluntario como una causal válida de finalización de la relación laboral.
El cálculo de las compensaciones tomará como referencia los haberes liquidados a enero de 2026 y la antigüedad reconocida hasta el 31 de marzo de este año. Según se detalló oficialmente, el incremento salarial considerado para la liquidación asciende al 10,3% sobre la base salarial utilizada para el esquema.
En paralelo, el Gobierno estima que alrededor del 20% de la planta del organismo podría adherirse al programa. Esa proyección implicaría cerca de 950 trabajadores sobre un total aproximado de 5.700 a 5.800 empleados en todo el país.
El costo estimado para afrontar las compensaciones supera los 101 mil millones de pesos, según cálculos internos del organismo citados en documentación oficial y reportes especializados.
La Dirección General de Administración del INTA será la encargada de analizar y resolver las solicitudes de adhesión al régimen. Además, la normativa establece que el acceso al beneficio no será automático, ya que cada caso deberá ser evaluado por las autoridades competentes.
En otras experiencias recientes dentro del Estado nacional, como ocurrió en ANSES, los programas de retiro voluntario incluyeron restricciones para quienes mantuvieran litigios judiciales abiertos, estuvieran próximos a jubilarse o tuvieran sanciones administrativas pendientes.
Reestructuración
La implementación del retiro voluntario se da en medio del plan de “modernización” que el Gobierno viene impulsando sobre el INTA desde fines de 2025. Ese proceso incluye reducción de estructuras administrativas, revisión de gastos y venta de inmuebles considerados subutilizados por la administración nacional.
Uno de los casos que generó mayor repercusión fue la venta de un edificio histórico del organismo ubicado en el barrio porteño de Palermo.
La operación derivó en cuestionamientos de sectores gremiales y de trabajadores, luego de que trascendiera que los fondos obtenidos por la subasta habrían sido destinados al Tesoro Nacional y no directamente al instituto, como se había anunciado inicialmente.
En paralelo, gremios vinculados al INTA vienen manifestando preocupación por el impacto que podría tener la reducción de personal sobre las tareas de investigación, extensión rural y asistencia técnica que el organismo desarrolla en distintas regiones del país.
El instituto tiene presencia territorial mediante estaciones experimentales y agencias de extensión distribuidas en todas las provincias argentinas.
Desde el Gobierno sostienen que las medidas apuntan a ordenar el funcionamiento administrativo y reducir gastos operativos dentro de la estructura estatal. En esa línea, la administración nacional considera que existen áreas sobredimensionadas y propiedades con costos elevados de mantenimiento.
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