El diputado provincial de Unidos por el radicalismo, Martín Rosúa, destacó que la Cámara de Diputados acompañó la reforma de la ley de seguridad, dándole al Gobierno el jueves pasado 10 de las 11 herramientas que necesitaba para seguir bajando los índices delictivos y para continuar combatiendo al crimen organizado. “Y si se suman las dos leyes aprobadas en la semana previa, suman 12 de 13 herramientas. Como dice el gobernador Maximiliano Pullaro, tenemos que ser conscientes que las bandas delictivas no desaparecieron ni descansan en su organización. Por eso tenemos que generar todo el tiempo las modificaciones y actualizaciones a la legislación para permitir que el Estado tenga las herramientas necesarias para que la pelea sea más equitativa”, destacó el legislador.
“Las leyes de seguridad que impulsa el Gobierno son una mala noticia para las organizaciones criminales”
El diputado Martín Rosúa destacó que en la Cámara de Diputados se logró el acompañamiento para 12 de las 13 herramientas enviadas por el Ejecutivo. “Es un paso muy importante para consolidar la política de seguridad del gobierno de Pullaro, que logró recuperar gran parte de la tranquilidad que habíamos perdido los santafesinos y especialmente los rosarinos”, destacó.
Al destacar la importancia de darle las herramientas que necesita el Gobierno para hacer mejor su trabajo en materia de seguridad, Rosúa valoró por ejemplo que “la ley de inteligencia para anticiparse a los hechos delictivos; se incorpora el juicio en ausencia para evitar que las personas prófugas queden impunes, y se aplican mayores restricciones para los presos de alto perfil”. En ese sentido, apuntó que “estamos hablando de cortar con el preso de alto perfil que manda a matar desde la cárcel”, explicó.
Mencionó en ese punto, la incorporación de un artículo específico (57 Bis) que establece que cuando un interno, “por medio de sus visitantes, de los visitantes de otro interno, de sus comunicaciones reglamentarias, de correspondencia física o electrónica, de comunicaciones no autorizadas o por cualquier otro medio, realice actos que representen una amenaza grave a la seguridad pública”, será pasible de alguna de las siguientes medidas: aislamiento pleno en celda individual con derecho solo a 2 horas de patio (también individual) por día; suspensión total de visitas y comunicaciones, con derecho únicamente a correspondencia epistolar -que será abierta y visada por personal penitenciario-; retiro de artículos de ocio y entretenimiento, con derecho únicamente al material de lectura que fuera autorizado.
Rosúa también destacó la incorporación de la posibilidad de que el fiscal tome declaración informativa, como una de las herramientas que permita contar con procedimientos investigativos más ágiles. En ese sentido, la ley señala que “el fiscal podrá tomar simple declaración informativa a la persona que apareciera verosimilmente vinculada a un hecho delictivo y aún no existieran elementos suficientes para formalizar la imputación”. Y que, incluso en el caso de que la persona renuncie a declarar sin asistencia letrada, la declaración podrá ser utilizada solo para orientar la investigación”.
También destacó que la nueva ley permitirá usar “información y tecnología para anticipar delitos, con controles judiciales sobre las medidas que afecten la privacidad”. Valoró la posibilidad de “allanamientos urgentes sin orden judicial previa”, ya que se podrá actuar en situaciones excepcionales, como cuando hay sospechas fundadas de acopio de armas y la demora puede hacer desaparecer la evidencia. “La medida queda sujeta a control judicial posterior”, remarcó.
Sobre el juicio en ausencia o rebeldía, otra medida incorporada en la reforma, apuntó que es para evitar que una fuga paralice indefinidamente una causa, con intervención de un defensor, requisitos de notificación y posibilidad de revisión. “Son herramientas para resolver problemas concretos, no una discusión abstracta sobre mano dura o garantismo”, concluyó el diputado de Unidos.
