La Cámara de Diputados de Santa Fe validó, con reformas, el mensaje del Poder Ejecutivo sobre herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública tras un mes de discusiones en comisiones y en la opinión pública, discusiones que siguieron en el recinto con varios cruces de alto voltaje político especialmente desde el socialismo. 37 votos a favor con 11 rechazos en lo general.
Extenso debate
Más de dos tercios de Diputados votaron las herramientas para seguridad pública de Santa Fe
Unidos sumó voluntades de varios bloques, incluso algunos justicialistas y el rechazo de la izquierda. Se incluyó la figura del juicio en ausencia donde Santa Fe será la primera provincia en aplicarla. El oficialismo acordó excluir el capítulo sobre zona de intervención especial policial y trabajar en la redacción de una norma específica. El socialismo cuestionó en el recinto expresiones de Federico Angelini.
En los hechos, el proyecto votado y girado en revisión al Senado modifica parcialmente cinco leyes, especialmente el Código Procesal Penal donde se retocan catorce artículos. Las otras normas que se modifican son el Código de Convivencia, la ley de Inteligencia, la privativa de la libertad y el programa provincial de protección y acompañamiento de testigos y víctimas y fondo de recompensas.
El dictamen fue elaborado por el plenario de las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales que llegó en las primeras horas de la tarde tras acordar el texto en el interbloque de Unidos donde la bancada socialista mantuvo diferencias con el radicalismo y los otros sectores que componen la mayoría.
Lo votado fue saludado por todo el arco político por entender que mejoró el texto remitido por el Poder Ejecutivo. En el despacho se mantienen diez de las once reformas propuestas por el Ejecutivo, solo excluyéndose la llamada área de intervención especial policial. En esas reformas hubo en algunos casos ajustes en la redacción para mejorar los controles sobre los institutos.
Conformidad
"Estamos muy conformes con el texto" se dijo en Casa de Gobierno al término del debate que además permitió mostrar un número importante de apoyos más allá de que algunos bloques rechazaron algunos artículos en particular.
Sobre el tema opinaron todos los actores que hacen al sistema judicial en dos plenarios para los cuales se abrió el recinto de la Cámara durante el mes de octubre.
"El proyecto aprobado procura dotar al sistema provincial de persecución penal y seguridad de instrumentos para intervenir frente a la criminalidad organizada, la violencia urbana y la continuidad de actividades delictivas desde establecimientos penitenciarios", marcó Martín Rosúa, radical y presidente de Seguridad Pública.
Destacó que la orientación estratégica se mantiene " fortalecer la capacidad estatal de prevención e investigación y la protección de víctimas, con decisiones susceptibles de control y prueba utilizable en el proceso. La versión examinada contiene veinticuatro artículos numerados y una disposición final sin numerar".
A Rosúa le sumaron exposiciones radicales de Dionisio Scarpin y de José Corral. "Hubiera ido por más" dijo el norteño. "Lo que importan son los resultados" destacó el santafesino al destacar los efectos de las leyes sancionadas al inicio de la gestión. "Hoy tenemos 63 presos de alto perfil del nivel más alto", destacó. Son 615 los presos de máxima seguridad.
El debate
El debate lo abrió la socialista Lionella Cattalini quien reivindicó la tarea del socialismo en el tema especialmente en cuidar el respeto de la Constitución santafesina, reivindicó la ideología y el debate ocupándose además de cuestionar a funcionarios del Ejecutivo que pegaron debajo de la cintura. Mencionó a Federico Angelini, el dirigente del Pro que integra el Ministerio de Seguridad.
Luego fue Joaquín Blanco el que se ocupó de reivindicar el trabajo de la bancada socialista y destacó que el proyecto votado es mucho mejor que el mensaje al que calificó como malo. "Hay que cuidar las coaliciones para gobernar. Es fácil hacerlas, pero difíciles a la hora de gobernar", añadió el jefe de la bancada socialista.
"Siempre dijimos que nos íbamos a poner de acuerdo sobre la base de que el MPA ejerza la acción penal y conduzca las investigaciones", resalto.
El bloque Somos Vida, los unipersonales Inspirar y Vida y Familia apoyaron el dictamen y luego rechazaron varios de los artículos al igual que la justicialista Alejandra Rodenas.
Los rosarinos Ariel Bermúdez (Creo) y Walter Ghione (Uno) fueron enfáticos en defender la política de seguridad de Unidos y de devolverle la tranquilidad perdida a los habitantes de Rosario. "Nos podemos equivocar pero actuamos" dijo el primero y el segundo reclamó que la seguridad sea un derecho para todos y no un privilegio.
El texto incorpora el artículo 113° bis sobre declaración Informativa. "El fiscal podrá tomar simple declaración informativa a la persona que apareciera verosímilmente vinculada a un hecho delictivo y aun no existieran elementos suficientes para formalizar la imputación", reza.
Agrega que "deberá advertirle que podrá comparecer asistido por un abogado defensor y le informará sus derechos a retirarse libremente en cualquier momento, a guardar silencio y a no responder las preguntas que se le formularán, sin que ello pueda tener consecuencia procesal en su contra".
Otro artículo incorporado al Código Procesal Penal es sobre la autorización para la sustanciación del proceso en rebeldía. También se detienen en cuándo se harán los allanamientos sin autorización judicial.
Desde el justicialismo, expusieron el rechazo al proyecto Lucila De Ponti, Celia Arena y Marcos Corach más el Frente Amplio por la Soberanía que votó en contra. Arena valoró el trabajo realizado en comisiones pero dijo que no votarían porque el texto pone en riesgo a los inocentes.
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