Media sanción para que todo juzgado sea competente ante casos de violencia de género

Un proyecto de ley de 89 artículos divididos en ocho títulos, que se propone cambiar los procedimientos y las responsabilidades de los funcionarios gubernamentales y judiciales ante la violencia de género, fue aprobado este jueves 22 de octubre con media sanción en la provincia de Santa Fe.

La totalidad de los senadores se expresaron por la afirmativa, luego de que la bancada de la mayoría de Unidos para Cambiar Santa Fe y la minoría del Partido Justicialista acordaran cambios al mensaje enviado por el Poder Ejecutivo Provincial. Tres ministros de la Casa Gris validaron los aportes que hizo la cámara.

El presidente provisional de la Cámara alta, Felipe Michlig, dijo que los ministros de Seguridad y Justicia, Pablo Coccocioni, de Desarrollo Social, Victoria Tejeda y de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, evaluaron esas modificaciones junto al bloque del oficialismo tras los pedidos del PJ.

El senador por San Cristóbal dijo que en una semana, producto de la labor entre los jefes de los bloques y los integrantes de la Comisión de Seguridad, se avanzó con cambios que "hoy permiten la unanimidad".

Subrayó que fue clave para el quorum la presencia de dos integrantes del bloque opositor y lamentó que hayan estado solo diez senadores del oficialismo, que tiene el número necesario para asegurar el funcionamiento de la Cámara.

Cambios de fondo

Como miembro informante por la mayoría, el senador por San Martín, Esteban Motta, dijo que la temática de la lucha contra la violencia de género está por sobre cualquier valoración ideológica o partidaria. Habló de las duras estadísticas que muestran que la provincia han crecido, como a nivel nacional, los femicidios.

Explicó que se busca evitar "la fragmentación de las instituciones" en las respuestas que da el Estado a las mujeres que presentan sus denuncias. Mencionó trámites, presentaciones y medidas que, reconoció, "no han dado los resultados que esperamos".

Habló de un "profundo cambio de paradigma" gracias al texto normativo que pasó a Diputados. Se crea dijo "una herramienta" para que la justicia deje atrás sus "respuestas reactivas" y haya por fin "prevención".

Ciro Seisas trajo los números al debate como titular de la comisión de Seguridad: "uno de cada cuatro llamados al 911 tiene que ver con denuncias por violencia bajo esta figura que es la violencia de género. Son datos oficiales del Ministerio de Seguridad".

El departamento Rosario tiene 20 de los 37 casos femicidios que se han registrado en la Provincia de Santa Fe, indicó. Las denuncias de mujeres que sufren violencia de género suman 6.745, de las que casi 4 mil fueron por whatsapp y otras 2.800 por teléfono. "No son números que se puedan relativizar", advirtió.

Por el justicialismo, Rubén Pirola, explicó que el bloque que lidera formuló propuestas que fueron aceptadas por el oficialismo. Destacó especialmente que el proyecto ponga en claro que se trata de una problemática en la que también debe atenderse lo social, los recursos económicos de las víctimas.

Y subrayó que se reserva para el Ministerio de Desarrollo la coordinación de esas acciones, así como la inclusión de las organizaciones de la sociedad civil para participar del diseño de políticas públicas.

El tema pasó a Diputados, donde existen otras iniciativas anteriores vinculadas con la misma temática que aún no han tenido tratamiento. Los expositores en el Senado dejaron entrever que puede haber más modificaciones en la otra cámara y subrayaron que el se puede esperar más.

Pirola usó la palabra "emergencia" en su discurso, aunque el texto de la norma no la contenga. La Ley de Prevención, Protección y Gestión Integral del Riesgo frente a la Violencia de Género, viene a modificar de modo "relevante" las respuestas del Estado, afirmó Motta.

Fundamentos

Según los considerandos del proyecto se busca, entre otros cambios, que nadie pueda en la Justicia argumentar que por razones de competencia no le corresponde actuar.

Una nueva figura de "Actuación urgente" crea esa obligación para los magistrados. Establece que "para cuando resulte necesaria la adopción inmediata de medidas de protección" será "competente para disponerlas cualquier juez que tome conocimiento del caso aun cuando resulte incompetente para continuar interviniendo".

La intervención prevista en este artículo "tiene carácter excepcional y no importa la prórroga de la competencia". Y sigue: "Adoptadas las medidas, el juez remite sin demora las actuaciones al órgano judicial competente, manteniéndose aquellas vigentes hasta su ratificación, modificación, sustitución o cese".

Es un cambio rotundo: primero atender lo que no puede demorarse, luego derivar el caso o la causa de iniciarse al juzgado competente.

Otro artículo expresa que "el control del cumplimiento de las decisiones judiciales se mantiene como una responsabilidad estatal y no se traslada a quien requiere protección" y "cada organismo provincial conserva la responsabilidad primaria sobre las materias correspondientes a sus competencias".

La creación de un Fondo Provincial de Asistencia Urgente para Personas Protegidas, destinado a "solventar necesidades inmediatas directamente vinculadas con la seguridad".