Con cambios al proyecto oficial, el Senado dio media sanción a la Ley de Salud Mental

Con el apoyo de 42 votos del oficialismo y bloques aliados y el rechazo de 21 referentes del justicialismo, el Senado nacional dio media sanción al proyecto que modifica la Ley de Salud Mental.

Hubo cambios respecto de la iniciativa enviada por el Ejecutivo Nacional y nuevas modificaciones que llegaron luego de un debate que se saldó pasada la medianoche. Ahora, el texto deberá ser debatido por la Cámara de Diputados.

La iniciativa oficial propone reformas principalmente en los procedimientos de internación, la definición del concepto de “riesgo cierto e inminente para sí o para terceros” y el rol del psiquiatra dentro de los equipos interdisciplinarios, entre otros cambios.

Ivanna Arrascaeta (LLA), miembro informante del proyecto, agradeció la participación de especialistas, familiares de pacientes, dirigentes sociales, médicos y otros actores durante el tratamiento en comisiones. "Su participación está reflejada en la medida que hoy ponemos a consideración", expresó.

En referencia a la Ley de Salud Mental vigente, sancionada en 2010, la senadora sostuvo que "quedó desactualizada e insuficiente". En ese sentido, señaló que, desde su sanción, se produjeron cambios significativos en el contexto social y sanitario, entre ellos la pandemia y el impacto de los entornos digitales en los jóvenes. Finalmente, resumió el objetivo de la iniciativa como la necesidad de "poder llegar a tiempo a lo que hoy reclama la realidad de la salud mental".

Más tarde, Maximiliano Abad (UCR) consideró que "la ley que estamos debatiendo mejoró muchísimo con respecto al proyecto original". En ese sentido, destacó que se hayan corregido aspectos vinculados con la defensa de las incumbencias profesionales de la psicología.

No obstante, señaló que mantiene "diferencias profundas con los artículos 23 y 24", al cuestionar que permiten la permanencia de los hospitales monovalentes, "cambiarles el nombre no cambia lo que son: manicomios", afirmó.

Fue la senadora Lucía Corpacci (Justicialista) quien materializó las disidencias del bloque opositor, cuando manifestó que "nadie discute que tenemos un serio problema de salud mental y queda claro por las estadísticas que se vienen incrementando las consultas e internaciones".

Sin embargo, se mostró en contra de cambiar la ley vigente y propuso "dotarla de las herramientas económicas necesarias para que pueda ser eficiente".

También cuestionó que el proyecto no hubiera sido consensuado con los referentes provinciales de Salud Mental, pese a lo señalado por la secretaría del área durante su presentación en plenaria. Según afirmó, "el proyecto se trabajó a espaldas de esos referentes".

Tras enumerar otras diferencias respecto de los criterios y conceptos incorporados en la propuesta, y cuestionar los "recortes presupuestarios y el desmantelamiento" de áreas por parte del Gobierno nacional, Corpacci enfatizó que el principal problema radica en la falta de recursos: "Esto no funciona porque no hay presupuesto".

Más argumentos

La Ley 26.657 data de 2010: fue aprobada definitivamente el 25 de noviembre de ese año y fue muy celebrada entonces por haber introducido un cambio de paradigma en la atención de la salud mental en la Argentina, al abandonar el modelo centrado en la internación psiquiátrica y adoptar un enfoque basado en derechos humanos.

Sin embargo, hubo con el correr del tiempo y su implementación efectiva cuestionamientos serios de sectores profesionales, judiciales y familiares de los pacientes.

La sanjuanina María Celeste Giménez Navarro advirtió que “una persona que está atravesando una situación mental sigue siendo una persona con derechos. Fue justamente ese cambio de paradigma lo que hizo que este Congreso en 2010 sancionara esa norma que puso en el centro a los derechos humanos, la inclusión y a la responsabilidad del Estado. Para garantizar derechos, no para restringirlos”.

La senadora del bloque Justicialista recordó que “no pasó tanto tiempo, y sin embargo estamos discutiendo una reforma regresiva en un país diferente. En una Argentina donde han hecho del ajuste la principal política de Estado. Donde miles de compatriotas viven con la angustia de no saber cómo llegar a fin de mes”.

“Prevenir el daño”

Al concluir el debate, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, recordó que la ley sancionada en 2010 tenía “un problema muy serio respecto de cómo se evaluaba los problemas de salud mental que habían sucedido y esa ley lo que planteó es una lucha entre dos profesiones que atienden los problemas de salud mental que son los psicólogos y psiquiatras”.

“Esa contradicción generó una discusión que fue más allá. Es una mirada que esta ley deja atrás y eso es muy positivo porque son dos formas de encarar un problema de manera distinta, pero ambas profesiones son sumamente necesarias para el tratamiento que puede tener determinadas personas”, explicó.

Bullrich afirmó que esta ley “viene a cambiar esta situación donde, frente a una realidad de una persona que no está en condiciones y genera un riesgo inminente, no se podía actuar. Así suceden muertes, extrema violencia en distintas circunstancias”.

“Esta internación involuntaria sigue siendo un hecho excepcional”, aclaró. También resaltó que la iniciativa propone una mirada federal, aclaró que “los hospitales especializados no son manicomios”, y afirmó que si cuenta con una articulación presupuestaria y cerró: “Esta ley resuelve mecanismos concretos, operativos para las personas con trastornos mentales”.

Qué se aprobó

La reforma aprobada por el Senado mantiene los principios generales de protección de derechos, pero introduce cambios sustanciales en materia de internaciones, tratamiento de consumos problemáticos, funcionamiento de los servicios de salud mental y participación de las familias.

Entre otras modificaciones, incorpora expresamente a las adicciones dentro de las políticas de salud mental y habilita la intervención de médicos psiquiatras mediante teleconsulta cuando su presencia física no pueda garantizarse.

Uno de los puntos más relevantes es la redefinición de los criterios para las internaciones involuntarias. El proyecto establece que podrán disponerse cuando exista una situación de “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física” de la persona o de terceros, y exige que la evaluación contemple no solo el estado presente del paciente sino también antecedentes de conductas o ideaciones dañosas y la evolución previsible si no se realiza el tratamiento correspondiente.

Asimismo, se flexibilizan los procedimientos para casos de urgencia. Cuando solo haya disponible un médico al momento de la evaluación, este podrá ordenar la internación, que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario especializado en un plazo de 48 horas. También se faculta a los jueces a ordenar internaciones involuntarias cuando los prestadores de salud se nieguen a realizarlas pese a cumplirse los requisitos legales.

Otro cambio significativo es que las internaciones podrán realizarse no solo en hospitales generales, sino también en hospitales especializados en psiquiatría y salud mental e instituciones específicas públicas o privadas. No obstante, el texto mantiene la prohibición de crear nuevos manicomios y ratifica el objetivo de promover dispositivos comunitarios de inclusión social y laboral.

La iniciativa también incorpora nuevas obligaciones para familiares y responsables de personas con trastornos mentales, establece derechos específicos para quienes cumplen funciones de cuidado y prevé mecanismos de orientación, acompañamiento y acceso a información sobre tratamientos y recursos disponibles.

Finalmente, el proyecto modifica artículos del Código Civil y Comercial vinculados a las internaciones sin consentimiento, reafirma el control judicial de estas medidas excepcionales y crea herramientas estadísticas para el seguimiento de las internaciones por salud mental y consumos problemáticos en todo el país.