El administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, expuso en el Senado de la Nación el nuevo plan de concesiones viales sin subsidios estatales, lo que generó duras críticas de los legisladores por el mal estado de las rutas y cuestionamientos al sistema.
Vialidad Nacional defendió el esquema de concesiones viales
El administrador general del organismo, Marcelo Campoy, expuso ante la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado. El funcionario aseguró que el modelo buscará transferir al sector privado la gestión y el mantenimiento de los corredores, con tarifas reguladas y exigencias de mejora de la infraestructura. Los cuestionamientos.

El senador santafesino Marcelo Lewandowski reclamó respuestas sobre el uso de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles, pidió precisiones sobre la transferencia de la A012 a la provincia, e interrogó sobre qué va a suceder con los corredores menos rentables.

Durante la reunión de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, presidida por Beatriz Ávila, el funcionario sostuvo que al inicio de la actual gestión existían unos 6.700 kilómetros de rutas nacionales concesionadas dentro de una red vial de 40.500 kilómetros y describió un panorama marcado por contratos vencidos, judicializaciones y corredores en condiciones deficientes.
Un esquema diferente
Campoy mostró imágenes del estado de diversas rutas y afirmó que algunas fueron recibidas “totalmente destruidas y en un estado deplorable”. A partir de ese diagnóstico, explicó que la administración nacional diseñó un esquema diferente al vigente hasta ahora, basado en la transferencia al sector privado de las responsabilidades de gestión y mantenimiento de los corredores.
Según detalló, uno de los principios centrales del nuevo modelo es que las concesiones sean autosustentables, evitando subsidios estatales. Además, indicó que las licitaciones serán públicas y abiertas a empresas nacionales e internacionales.
Conforme al reporte del sitio especializado Parlamentario.com, el titular de Vialidad señaló que el sistema establecerá una tarifa máxima para los peajes con el fin de proteger a los usuarios de aumentos excesivos. En ese sentido, precisó que “la tarifa no puede superar los tres dólares cada 100 kilómetros”.
Asimismo, explicó que las empresas concesionarias deberán realizar trabajos de mantenimiento y puesta en valor de las rutas durante el primer año de contrato, incluyendo la eliminación de baches, el acondicionamiento de banquinas y la renovación de la señalización horizontal. Solo una vez cumplidas esas exigencias podrán comenzar a percibir ingresos mediante las estaciones de peaje.
Respecto de los controles, el funcionario aseguró que el Estado mantendrá facultades de supervisión mediante sistemas de evaluación sustentados en distintos parámetros e índices de calidad, con el objetivo de verificar que los corredores permanezcan en condiciones adecuadas para la circulación.

Además, señaló que el nuevo esquema permitirá a los concesionarios explotar comercialmente áreas de servicio ubicadas sobre los corredores viales, una herramienta destinada a generar ingresos complementarios y contribuir a la sustentabilidad económica de los contratos.
Dudas e interrogantes
Tras la exposición, los senadores formularon consultas vinculadas al estado de rutas, puentes y conexiones viales en distintas regiones del país. También reiteraron pedidos de información sobre el destino de los recursos del impuesto a los combustibles líquidos, las tareas de mantenimiento de corredores específicos y los mecanismos de control para garantizar la seguridad de los usuarios.
En particular, el santafesino Marcelo Lewandowski recordó que el impuesto a los combustibles tiene una afectación específica para obras viales, se recaudaron alrededor de $ 1,5 billones y se habría ejecutado menos del 30 %. Mientras la inflación desde noviembre de 2023 ronda el 330 %, el impuesto aumentó 1387 %. “¿Qué se hizo con ese dinero?”, preguntó.

Lewandowski planteó que si los recursos tienen un destino específico no pueden utilizarse para ordenar las cuentas públicas mientras las rutas nacionales quedan sin obras. Además, recordó que el propio vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció que parte de esos fondos fue destinada a bonos, inversiones o al sostenimiento del Estado.
Frente a eso contrapuso la realidad de Santa Fe, con rutas deterioradas, banquinas sin mantenimiento y corredores productivos que no reciben las obras necesarias.
En ese marco, reclamó precisiones sobre la transferencia de la A012 a la provincia de Santa Fe. El senador pidió conocer la letra chica y criticó que una provincia afronte obras sobre una infraestructura que forma parte de la red nacional con fondos de sus ciudadanos.
"Los santafesinos pagaremos tres veces por la misma ruta: el arreglo, el posterior peaje cuando se concesione ya reparada y el impuesto a los combustibles que se sigue cobrando", cuestionó.
Finalmente, Lewandowski cuestionó qué papel tendrá el Estado cuando empresas privadas definan cómo construir y mantener las rutas bajo las nuevas concesiones. Advirtió que no se trata solo de costos: detrás de cada decisión técnica está la seguridad de quienes circulan. También preguntó qué ocurrirá con los corredores que no sean rentables.
Antes de concluir el encuentro, la presidenta de la comisión informó que próximamente se convocará una nueva reunión para avanzar en el tratamiento de proyectos vinculados con modificaciones a la Ley de Tránsito y con normas de seguridad para el transporte escolar, entre otras iniciativas.









