Senadores suman datos y propuestas a sus críticas sobre las rutas nacionales

Un pedido de informes, presentaciones judiciales en demandas contra el Estado nacional, declaraciones de la Cámara y discursos, pero también propuestas son, en síntesis, las reacciones frente al pésimo estado de las rutas nacionales que se encuentran en territorio santafesino.

Se trata de una red de 2.700 kilómetros de que la Dirección Nacional de Vialidad, un organismo que el gobierno nacional quiso y no pudo cerrar, debería al menos poder mantener. Pese a la vocación de sus empleados de carrera, poco puede hacer.

A lo largo de la década, pero muy especialmente en los dos últimos años, las quejas se han repetido en el cuerpo de las 19 bancas, que tiene una representación territorial marcada. Hay sesiones del Senado que dan una postal discursiva de cómo se vive en el extenso mapa de la bota.

Imprevisto

Esta vez, al debate lo precipitó con un pedido de informes Julio Francisco “Paco” Garibaldi, senador socialista por La Capital, que dio en el blanco al explicar que no es cierto que “no hay plata” para al menos tapar los baches y hacer seguras las rutas.

Mostró con datos lo que los bolsillos sufren frente al surtidor: el aumento de los impuestos a los combustibles que tienen una asignación específica, por ley, para que la Casa Rosada repare los caminos.

Es indiscutible: en noviembre de 2023 el impuesto a los combustibles líquidos era del 8,9% por litro y a julio de 2026 es ya del 19,25%. La cuenta es fácil. Casi un 20% del costo del tanque lleno es para el Estado Nacional. Pero esos fondos solo viajan a la capital federal, no vuelven.

“En la timba financiera”

Si bien se trata de una suerte de actualización del gravamen a sus niveles históricos que marca la ley, debe decirse que también son normas legales las que deberían obligar a los funcionarios nacionales a usar esos recursos para el mantenimiento de la red vial.

Al cabo de una exposición de Garibaldi plagada de datos sobre el cumplimiento de la promesa electoral de “Obra pública cero” del presidente Javier Milei, tomó la palabra su par radical, Leticia Di Gregorio de General Obligado.

Sin medias tintas la senadora dijo que esos recursos van “a la timba financiera”.

Sin obras

Garibaldi había deslizado: “el impuesto a los combustibles líquidos debe ser destinado a obras viales e hídricas; si alguno de los que estamos acá las vio, que avise”.

Explicó que en 2025, del bolsillo de quienes cargaron combustible en sus vehículos fueron a las cuentas nacionales 4,8 billones. Y de ellos 28,58% tiene como destino legal el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y el 4,31% a otro de obras Hídricas. Pese a la llegada de El Niño, nada ha hecho la Nación, agregó.

Al Sisvial llegaron 1,5 billones de pesos. Pero no se ejecutó el 73,8%, advirtió al citar un informe del diario La Nación, firmado por el periodista Alconada Mon, que también Di Gregoio citó.

Más de 1,2 billones de pesos fueron “a instrumentos financieros del mercado (como plazos fijos y títulos públicos) y generaron rendimientos”, en contraste con el marcado deterioro de rutas nacionales en todo el país, recordaron ambos.

Reclamos

El pedido de informes del representante por el PS tiene el valor de una expresión política, más que un efecto concreto. Se trata de una forma de poder expresar un problema que aunque sea de jurisdicción extraña al ámbito provincial, produce daños incluso irreparables a los santafesinos.

En igual sentido, Di Gregorio recordó que ha llevado a tribunales la falta de mantenimiento de las rutas y comentó que tras la publicación de las quejas santafesinas en medios nacionales han comenzado mínimas reparaciones con bacheo en las rutas 8, 7 y 33 en respuesta a una medida cautelar solicitada ante la Justicia.

Dijo que “algo es algo” y aclaró pero no son “las obras definitivas de repavimentación” que se exigen en el amparo resuelto favorablemente por la justicia federal la semana pasada. (A ese juicio la legisladora lo había iniciado en marzo de 2025).

“Santa Fe aportó al impuesto hasta junio 923 mil y volvieron apenas 170 mil. Esto es malversación de fondos y así lo ha admitido incluso el vocero presidencial”, señaló.

Exposición en el Congreso

De inmediato, el presidente del interbloque de Unidos, Rodrigo Borla mostró la grave crisis vial con la lectura de datos publicados por El Litoral, que difundió un informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional que fue expuesto en el Congreso de la Nación, que muestra que hay problemas graves en el 74% del total de los caminos, entre otros datos.

El sanjustino llevó a casos concretos de la Ruta Nacional 11 que sufre ese departamento, como el de las curvas pronunciadas que anteceden a los pueblos diseñadas hace casi un siglo, que señala la estadística de la Fepevina.

Sumó también sus observaciones Esteban Motta, con un discurso que reclamó soluciones prácticas urgentes. “Las rutas no son ni peronistas, ni radicales, ni libertarias”, dijo y subrayó la competencia y responsabilidad nacional de décadas de falta de mantenimiento, desinversión y abandono actual.

“El sistema de transporte de la Argentina debe ser producto de un acuerdo político. Debemos tener una ley e inversión en una política de Estado que trascienda las gestiones. Sufrimos en las rutas accidentes evitables porque no hay una política nacional”, señaló.

Diferenció esa inacción que solo se ocupa del bienestar del Área Metropolitana de Buenos Aires, con el sentido federal que se da en Santa Fe a la obra pública y como dinamizador de la economía.