Con la escasa presencia de legisladores, la Comisión de Acuerdos realizó la ronda de testimoniales en el marco de la tramitación de análisis de la conducta del suspendido fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación de San Jorge, Diego Rodríguez y Barros.
La situación del fiscal Rodríguez y Barros en manos de la Comisión de Acuerdos
Unos 40 testigos fueron escuchados por unos pocos legisladores. Corach tiene cuatro causales para sostener la acusación por mal desempeño.

El encuentro se realizó en el recinto de la Cámara de Diputados, presidido por el senador Raúl Gramajo, con la participación de algunos testigos en forma presencial; otros en forma virtual muchos de los cuales solicitaron no exponer su imagen por temor a posibles represalias. El propio Rodríguez y Barros participó de la reunión con su brazo derecho totalmente enyesado e interrogó a varios testigos, muchos de los cuales fueron propuestos por su defensa.
El designado miembro acusador, el diputado Marcos Corach, tuvo activa participación en el encuentro. Los otros legisladores presentes en gran parte del encuentro fueron los diputados Silvana Di Stefano (UCR) y Ariel Bermúdez (Creo).
La acusación de Corach se fundamenta en cuatro aspectos: el intento de fraguar un robo de cubiertas ante una aseguradora; maltrato con personal de la fiscalía; incidente en un trámite dentro de fiscalía y el pedido de dinero tras protagonizar un incidente de tránsito en la ciudad de San Jorge.

El fiscal de San Jorge, Carlos Zoppegni, y el juez de ese circuito, Pablo Ruiz Staiger, fueron algunos de los duros testimonios escuchados durante la extensa audiencia.
La suerte de Rodríguez y Barros comenzará a definirse en la reunión de Acuerdos del próximo miércoles. Allí, el acusador Corach mocionaría seguir adelante con las sanciones y será tema de discusión que tipo de pena recibirá. Seguramente la comisión analizará extender la suspensión en el cargo o bien destituirlo del cargo.
Oriundo de Rosario, el fiscal adjunto asumió en sus funciones en septiembre de 2023 y fue suspendido en el cargo el 27 de noviembre último, con reducción del 50% de sus haberes y la prohibición de ingresar a cualquier dependencia del MPA.
El proceso —en el que actúa como diputado acusador Corach— comenzó originalmente por una denuncia de presunta estafa a una aseguradora (vinculada a una supuesta falsa denuncia por el robo de las cubiertas de su auto), pero con el avance de la investigación en la Comisión de Acuerdos se sumaron otros cargos complejos, como el uso indebido de sistemas informáticos judiciales judiciales, amenazas y denuncias por un clima laboral hostil dentro de la Unidad Fiscal.

Salmain, a un paso del juicio político
El juez federal de Rosario, Gastón Salmain, procesado por corrupción judicial y acusado de haber ocultado que había sido echado del Poder Judicial en 2002 como empleado por ofrecer una coima, quedó a un paso del juicio político, luego de que la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aprobara por unanimidad el dictamen que propone su jury. Ahora, la decisión deberá ser ratificada por el plenario del organismo.
La decisión se tomó, por unanimidad, en la comisión de Acusación, con el voto de su titular, Alberto Maques, junto al senador Luis Juez, los diputados Gonzalo Roca, Álvaro González, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade y el abogado Cesar Grau.
Desde diciembre pasado, el titular del Juzgado Federal N°1 de Rosario Gastón Salmain, se encuentra procesado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato, en el marco de una causa donde, junto al financista Fernando Whpei y al lobista judicial Santiago Busaniche, está acusado de manipular un expediente judicial para favorecer a un fideicomiso con la salida de 10 millones de dólares a cuentas del exterior, entre septiembre de 2023 y hasta abril 2024, a cambio de una coima de 200 mil dólares.

Al magistrado se le dictó la prisión preventiva, pero la detención no se concretó por su inmunidad de arresto. El fallo fue ratificado por la Cámara Federal de Rosario y la Cámara Federal de Casación Penal. La semana pasada, Salmain se presentó en el Consejo para dar su versión de los hechos.
"El otro día lo teníamos acá a Salmain. No puedo creer que una persona esté más preocupada por mantener el salario y su cargo que defender su honor –dijo Juez, luego de que fracasara un intento de la defensa del magistrado por apartarlo-. No lo puedo creer. Lo escuché como abogado penal después de oir dura 40 años testimonios de delincuentes. Y dije: este hombre no puede ser juez federal", afirmó. "Estamos hablando de un magistrado enormemente sospechado y la defensa del señor Salmain nos quería hacer creer que se confabuló toda la justicia federal de Rosario para ponerlo en este aprieto judicial… Necesitamos jueces con honor. Y el honor no se defiende con artilugios o picardías".
Tailhade pidió la palabra para acompañar el dictamen ("es un juez con prisión preventiva que está tomando audiencias, una situación inverosímil", subrayó), pero aclaró que su bloque no compartía el dictamen de Juez por el segundo hecho: haber ocultado cuando concursó para juez federal que había sido echado del Poder Judicial en 2002 por orden de la Corte Suprema y tras una causa penal. Según se determinó allí, Salmain –empleado de la seguridad social- le ofreció a coima a una empleada de la Cámara del fuero –que lo denunció- para manipular un sorteo y que una causa quedara bajo su órbita.
En su defensa, Salmain explicó que no estaba obligado a reportar ese antecedente porque había ocurrido hacía más de 10 años y que nadie le había preguntado.
"Nunca dijo que la Corte Suprema lo había cesanteado por un hecho gravísimo –acotó Juez-. Él dice 'nadie me preguntó'. A ver si podemos entender lo que es ser juez. No es si te preguntan o no. Esta forma en la que se defiende los delincuentes acusando a otros… Me imagino si yo fuera imputado y él estuviera escuchándome (como juez) y yo le contestara (sobre un delito) 'porque no me preguntó'…"
Todos los presentes votaron el inicio del procedimiento de remoción. Este dictamen será analizado en la próxima reunión del plenario, donde se necesita el apoyo de dos tercios de los presentes para que un juez enfrente el jury.








