El Gobierno argentino presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que tiene sede en Hamburgo (Alemania), una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por parte del Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte.
Soberanía y recursos naturales
Explotación de hidrocarburos en Malvinas: el gobierno pidió intervención al Tribunal del Mar
La gestión procura evitar que las actividades “autorizadas de manera unilateral” por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por la ONU en 1965. La medida apunta directamente al proyecto Sea Lion. Sigue el debate en Diputados.
La Oficina del Presidente informó que la presentación busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas, a través de la resolución 2065, aprobada por la Asamblea General en 1965.
Según el comunicado oficial, la medida se enmarca en el procedimiento arbitral que el Gobierno Nacional inició el 28 de septiembre, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), para defender la soberanía argentina y los recursos naturales.
El Ejecutivo indicó que la solicitud se fundamenta en el artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR, que permite pedir medidas provisionales mientras se encuentre pendiente la constitución de un tribunal arbitral, con el objetivo de preservar derechos o prevenir daños graves al medio marino si la urgencia de la situación lo requiere.
La República Argentina reafirmó además sus derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y sostuvo: “Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”.
Cuatro pedidos
Hasta ahí el comunicado de la Oficina del Presidente que se difundió este martes por la mañana.
Minutos después, el canciller Pablo Quirno detalló los cuatro puntos en los que se basa el requerimiento al Reino Unido, vía CONVEMAR.
Allí figuran: impedir el inicio o la continuación de la explotación de los recursos de hidrocarburos en la plataforma continental de la Cuenca Norte de Malvinas por parte del denominado “Proyecto Sea Lion”, que, cabe recordar, tiene previsto iniciar la actividad comercial en 2028 aunque desde hace varios años realiza tareas de exploración.
En segundo lugar, se requiere al Reino Unido que “se abstenga de utilizar la información obtenida durante la exploración de los recursos naturales de las áreas marítimas en disputa, en perjuicio de los derechos de la República Argentina”. Apunta a datos geológicos, geofísicos o técnicos que puedan ser utilizados en beneficio e proyectos foráneos.
El tercer punto es para que “cese de impedir que la República Argentina cumpla con su obligación, en virtud de los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR, de proteger y preservar el medio marino de las áreas marítimas objeto de la controversia”.
El último ítem solicita que “se abstenga de adoptar cualquier otra medida que pueda agravar la controversia, en particular el otorgamiento de nuevos permisos para la explotación de los recursos de la plataforma continental en disputa”.
Cómo sigue el proceso
La decisión se concretó después del vencimiento del ultimátum de dos semanas que la Argentina había concedido a Londres para que adoptara medidas destinadas a impedir el inicio o la continuación de actividades vinculadas con Sea Lion, un proyecto desarrollado por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte.
Con esta presentación, el gobierno de Javier Milei pretende que el Tribunal ordene una medida provisional, equivalente en términos generales a una cautelar, que impida el avance del proyecto petrolero.
La resolución dependerá de los jueces internacionales, que deberán examinar los argumentos argentinos, escuchar a las partes y determinar si existen fundamentos jurídicos y condiciones de urgencia suficientes para disponer una suspensión u otras medidas.
Según consignan medios nacionales, la conducción de la estrategia diplomática y del procedimiento internacional corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Pablo Quirno. La Consejería Legal Internacional de Cancillería, a cargo del embajador Mario Oyarzábal, intervino en la preparación técnica, mientras que la Procuración del Tesoro, dirigida por Sebastián Amerio, trabajó durante las últimas semanas sobre los aspectos jurídicos de la presentación.
Invitación al diálogo
En la publicación de Quirno, que amplía y especifica el comunicado presidencial, se hace hincapié en “nuestro compromiso con el diálogo, la diplomacia, el derecho internacional”, a la vez que se invita al Reino Unido “a retomar la mesa de negociación bilateral para encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía”.
Para adoptar medidas provisionales, los jueces deberán determinar si existe una base de jurisdicción prima facie del futuro tribunal arbitral y si las circunstancias justifican una intervención urgente.
El Tribunal podrá aceptar alguna o varias de las solicitudes, rechazarlas o disponer medidas diferentes de las reclamadas. Si decide ordenarlas, serán jurídicamente obligatorias para las partes, conforme al artículo 290.6 de la CONVEMAR.
Una vez constituido, el tribunal arbitral podrá mantener, modificar o dejar sin efecto esas medidas.
El procedimiento urgente puede desarrollarse en un plazo relativamente breve. Los antecedentes permiten considerar que una primera resolución podría conocerse durante noviembre, aunque todavía no existe una fecha anunciada para las audiencias ni para una decisión.
Uno de esos antecedentes es el caso de la Fragata ARA Libertad, retenida en Ghana en 2012 a raíz de una acción judicial impulsada por acreedores de la deuda argentina.
Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la Cancillería inició un arbitraje conforme al Anexo VII de la CONVEMAR y solicitó medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para obtener la liberación del buque.
La solicitud fue presentada el 14 de noviembre de 2012. Después de celebrar audiencias, el Tribunal resolvió el 15 de diciembre ordenar a Ghana la liberación inmediata e incondicional de la fragata.
En cuanto al proyecto Sea Lion, el desarrollo prevé inicialmente once pozos submarinos conectados con una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo, conocida como FPSO. Las perforaciones de desarrollo están proyectadas para 2027.
Las empresas mantuvieron sus compromisos de inversión durante las últimas semanas, pese a las medidas anunciadas por Buenos Aires.
El 7 de octubre, Rockhopper comunicó un acuerdo para invertir 44 millones de dólares en su participación del 35 por ciento en la sociedad propietaria del buque FPSO OSX-1, destinado a acelerar otra etapa de Sea Lion.
Al mismo tiempo, las actuaciones del Gobierno argentino tuvieron consecuencias sobre algunas contrataciones del proyecto. La Oficina del Presidente informó que Halliburton había confirmado que sus filiales se abstendrían de prestar servicios para Sea Lion.
Navitas reconoció posteriormente que estaba trabajando para sustituir a dos contratistas, aunque sostuvo que continuaba con sus planes de desarrollo y que no esperaba un impacto material adverso sobre el proyecto.
En Diputados
Mientras todo esto ocurre, se espera para este miércoles un nuevo plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal, y Relaciones Exteriores y Culto (las tres presididas por el oficialismo) para continuar con el análisis del mensaje presidencial 275/26 que establece la Defensa de la Soberanía Nacional.
Más allá de la indiscutible voluntad legislativa en defensa de los intereses argentino sobre las aguas y el continente austral, el texto genera discusiones por el contenido total de iniciativa, que incluye, entre otros puntos, la creación de un Consejo de Seguridad con amplias facultades.
Ya pasaron por el plenario de comisiones funcionarios nacionales, incluida la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia María Irazábal Murphy, y referentes convocados por la oposición; entre ellos dos ex secretarios de Malvinas: Daniel Filmus y Guillermo Carmona.
El proyecto fue anunciado a comienzos de septiembre en cadena nacional por el propio presidente Milei, quien pidió un tratamiento rápido y una sanción exprés de su propuesta. La expectativa del oficialismo está puesta en lograr dictamen este miércoles y llevar el tema al recinto la semana próxima. Se descuenta que no será un solo dictamen el que emergerá de allí: la oposición ya anticipó que tiene sus propios planteos.
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