Tras la apertura del año judicial y en diálogo con la prensa, el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, se refirió a la polémica suscitada con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por el nuevo edificio de Tribunales, que no tendría capacidad física para albergar a dicho instituto.
Repercusiones
Cruces por el edificio de Tribunales de Santa Fe en la apertura del Año judicial
Rafael Gutiérrez y María Cecilia Vranicich hablaron sobre la pulseada por el destino de la futura ala de los Tribunales santafesinos, que inicialmente tenía espacio reservados para los Ministerios de Acusación y de la Defensa, pero que ahora quedaron marginados por acordada de la Corte al no ser ya parte del Poder Judicial.
Pese a los reclamos y planteos públicos de la Fiscal General, María Cecilia Vranicich, como así también de la Defensora Estrella Moreno Robinson, Gutiérrez aclaró que tras la reciente reforma a la Constitución, ni el MPA ni el Ministerio Público de la Defensa "pertenecen ya al Poder Judicial".
Sobre la polémica, el magistrado sostuvo que "si hay disposición de espacio (en el nuevo edificio), se lo brindaremos. De lo contrario, vamos a priorizar lo nuestro".
Planteos cruzados
Sus dichos provocaron la réplica de Vranicich, también presente en el acto. "No podemos dejar de afirmar que ese edificio tiene una parte que pertenece al Ministerio Público desde su génesis", sostuvo. Y recordó el escrito que elevaron desde el organismo a la propia Corte sobre el tema.
"Solamente pedimos que cumplan con la nueva Constitución, que en la cláusula transitoria 16 dice que no puede ser modificado el destino de los inmuebles afectados a la Acusación y la Defensa sin su conformidad", planteó. Asimismo, se quejó por la falta de respuesta del máximo tribunal al escrito mencionado.
"Esto no es un capricho institucional. Es pedirles a quienes tienen que ser los garantes de la Constitución que cumplan con la letra de los convencionales", señaló.
Vranicich estableció un símil para ilustrar su punto: "Desde la Procuración General de la Nación, cuando se produjo la separación del Ministerio Público en 1994, hablan de un divorcio. Esto es un divorcio y así tiene que ser entendido", afirmó.
En esa línea, cuestionó que la decisión de la Corte se haya adoptado antes de abrir una instancia de diálogo. "Primero tomaron una decisión y luego llaman al diálogo", planteó.
La fiscal general también advirtió que, en caso de no llegar a un acuerdo institucional, el conflicto podría escalar a instancias judiciales superiores. "Eventualmente iremos a la Corte de la Nación. Incluso hemos hecho reserva convencional porque estamos convencidos de que hay que defender la institucionalidad y la Constitución de la provincia", señaló.
Los hechos
El 24 de febrero pasado, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe firmó una acordada suscripta por sus siete ministros en la que dispuso que el edificio anexo a los Tribunales de la capital provincial sea destinado de manera íntegra al Poder Judicial. Según la resolución, en caso de que existiera disponibilidad de espacio, se evaluaría la posibilidad de ceder sectores al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y al Ministerio Público de la Defensa (MPD).
La decisión generó cuestionamientos institucionales de ambos organismos. Sus titulares, Vranicich y Moreno Robinson, presentaron recursos de revocatoria.
"Ese edificio tiene una parte que pertenece al Ministerio Público de la Acusación y al Ministerio Público de la Defensa desde la génesis", sostuvo Vranicich.
Para Moreno Robinson, la decisión del Máximo Tribunal supone "una afectación a la independencia y las garantías de autonomía funcional, administrativa, y autarquía financiera del Ministerio Público de la Defensa, previstas en el artículo 134 de la Carta Magna".
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