En el marco de la presentación de su informe de gestión anual ante la Legislatura, la fiscal general María Cecilia Vranicich volvió a referirse al conflicto suscitado en torno al destino del nuevo edificio de tribunales de la ciudad de Santa Fe, denominado “Anexo al Palacio de Justicia” o “Palacio de Justicia II”.
Debate institucional
Los órganos extrapoder pidieron una reunión a la Corte por el nuevo edificio de tribunales de Santa Fe
El Ministerio Público de la Acusación y el de la Defensa solicitaron formalmente una instancia de diálogo con la Corte Suprema provincial tras la decisión que reservó el uso del inmueble al Poder Judicial. El planteo se inscribe en una controversia que ya tuvo intervenciones legislativas y presentaciones formales ante distintos poderes del Estado.
Durante su exposición, la titular del Ministerio Público de la Acusación (MPA) señaló que “en febrero pedimos a la Corte información” y recordó que “hay una cláusula escrita que obligaba a consultar a los actores” sobre la utilización del inmueble.
Según indicó, la controversia se originó a partir de la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia provincial mediante el Acta Acuerdo N° 4 del 24 de febrero, en la que se dispuso que el edificio quede bajo la órbita del Poder Judicial.
Esa resolución fue oportunamente informada por El Litoral, al dar cuenta de la readecuación del anexo de tribunales y el rechazo del MPA al cambio de destino originalmente previsto para el inmueble. En esa línea, el conflicto se inscribe en un proceso más amplio de definiciones sobre la infraestructura del sistema penal santafesino y su funcionamiento institucional.
Presentaciones y pedidos de diálogo
A partir de esa decisión, tanto el MPA como el Ministerio Público de la Defensa (MPD) iniciaron distintas gestiones formales. Por un lado, presentaron recursos de revocatoria ante la propia Corte. Por otro, llevaron el planteo al ámbito legislativo, donde —según se informó— las cámaras provinciales comenzaron a intervenir promoviendo instancias de diálogo institucional.
En particular, el Senado aprobó una comunicación solicitando mecanismos de coordinación entre los organismos involucrados, mientras que Diputados también se dispuso a analizar el tema, tal como fue reflejado en distintas coberturas periodísticas de El Litoral.
En ese contexto, el 1° de abril, Vranicich y la defensora general Estrella Moreno Robinson remitieron una nota al presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez, solicitando “una reunión de trabajo con el objetivo de dar cumplimiento a la asignación de espacios y uso del nuevo edificio para el sistema de justicia penal de la ciudad de Santa Fe”.
Planteo ante la Corte
En la presentación, ambas funcionarias fundamentaron el pedido en la necesidad de respetar “el destino original” del edificio y las “previsiones constitucionales vigentes”, además de citar la comunicación aprobada por unanimidad por el Senado provincial el 19 de marzo.
Allí se propicia que los distintos organismos “arbitren los mecanismos de coordinación institucional necesarios” para acordar el uso del inmueble.
El documento también hace referencia a lo dispuesto por la Corte en el punto 16 del Acta Acuerdo N° 4, donde se establece que el Ministerio Público dispondrá de espacios en el edificio “en tanto no sean necesarios en el futuro para este poder del Estado”, lo que, según señalan, fue resuelto “de manera inconsulta y sin conformidad” de los organismos extrapoder.
Asimismo, se invoca la Disposición Transitoria Décima Sexta de la Constitución provincial, que establece que el destino de los bienes afectados al Ministerio Público no puede ser modificado sin su conformidad. En ese sentido, las titulares del MPA y el MPD sostienen que existen antecedentes de intercambios institucionales desde 2021 que darían cuenta de la afectación del edificio al sistema penal.
Sin respuesta
Durante su intervención ante los legisladores, Vranicich afirmó: “El 1º de abril presentamos una nueva nota y no hemos tenido respuesta, ni de los ministros decanos ni de los nuevos”. Y agregó: “Estoy contando objetivamente lo que pasó”.
El conflicto por el uso del edificio judicial fue evolucionando en los últimos meses con distintos episodios institucionales.
Según publicó El Litoral, también se vinculó con debates más amplios sobre la organización del sistema penal y la relación entre los distintos poderes del Estado, en un contexto en el que tanto el Ejecutivo como la Corte Suprema han expuesto públicamente sus posiciones sobre la infraestructura judicial.
Por el momento, el pedido de reunión formulado por los ministerios públicos no ha tenido respuesta formal por parte del máximo tribunal, mientras continúan vigentes las presentaciones administrativas y las gestiones políticas orientadas a alcanzar una instancia de acuerdo.
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