Vapeadores y bolsas de nicotina: pediatras alertan que la nueva regulación “abre la puerta” a más consumo adolescente

La Sociedad Argentina de Pediatría, junto con otras organizaciones de salud pública, manifestó su rechazo a las nuevas medidas impulsadas por el Gobierno nacional que habilitan un régimen de registro, comercialización y fiscalización para cigarrillos electrónicos, productos de tabaco calentado y bolsas de nicotina.

A través de un documento conjunto las entidades pidieron suspender de inmediato la Resolución 549/2026 del Ministerio de Salud y la Disposición 2543/2026 de la ANMAT.

Según señalaron las organizaciones firmantes, la normativa representa “un grave retroceso para la salud pública” porque, sostienen, flexibiliza controles sobre productos que generan adicción y que tienen un fuerte impacto entre adolescentes y jóvenes.

Las medidas oficiales fueron publicadas el pasado 4 de mayo y establecen un nuevo esquema regulatorio para este tipo de productos, que hasta ahora mantenían restricciones mucho más severas en el país. Desde el Gobierno argumentaron que la regulación busca ordenar un mercado que ya funciona de hecho y combatir la comercialización ilegal.

Sin embargo, desde distintos sectores médicos cuestionaron la decisión y alertaron sobre los riesgos sanitarios asociados al consumo de nicotina en edades tempranas.

Preocupación por el consumo adolescente

En el documento difundido por las organizaciones sanitarias, se advierte que el uso de vapeadores y dispositivos electrónicos de nicotina entre adolescentes ya alcanza niveles “alarmantes” en Argentina. Precisamente, uno de los principales cuestionamientos apunta a que la nueva regulación podría favorecer una mayor expansión comercial de estos productos.

“La disponibilidad en puntos de venta, la publicidad directa o indirecta, los sabores, el diseño de envases y dispositivos, las redes sociales y la venta online son factores que favorecen la experimentación y, en particular, la iniciación juvenil”, sostiene el texto firmado por entidades médicas y organizaciones de salud pública.

Las instituciones remarcaron además que la experiencia internacional muestra que los cigarrillos electrónicos suelen captar principalmente a consumidores jóvenes mediante estrategias de marketing asociadas a diseños atractivos, sabores dulces y la percepción de que representan una alternativa menos dañina que el cigarrillo tradicional.

Desde la Sociedad Argentina de Pediatría vienen advirtiendo desde hace años sobre el crecimiento del uso de vapeadores en adolescentes. Los especialistas señalan que la nicotina puede afectar el desarrollo cerebral durante la adolescencia y aumentar el riesgo de dependencia temprana.

Además, alertan que muchos jóvenes que comienzan utilizando cigarrillos electrónicos terminan desarrollando consumo dual, combinando vapeadores y cigarrillos convencionales.

En el documento también se indica que la incertidumbre sobre los efectos de largo plazo de estos dispositivos “no justifica su liberalización comercial” y, por el contrario, debería reforzar la aplicación del principio precautorio en materia sanitaria.

Cuestionamientos a la nueva normativa

Otro de los puntos cuestionados por las organizaciones firmantes tiene que ver con el sistema de autorización previsto por la nueva normativa. Según indicaron, el régimen habilita mecanismos de registro rápidos y basados principalmente en declaraciones juradas de fabricantes e importadores.

Para las entidades médicas, eso podría generar debilidades en los controles sanitarios y permitir la circulación de productos sin evidencia suficiente sobre su seguridad.

“El régimen aprobado abandona la protección preventiva y convierte a la población en campo de prueba”, señalaron en el comunicado.

También criticaron que la regulación permita algunos saborizantes, como el mentol en bolsas de nicotina, y advirtieron sobre la falta de controles suficientes sobre publicidad digital, redes sociales y canales de venta online.

Otro de los cuestionamientos apunta a que la resolución entró en vigencia de manera inmediata pese a que el propio texto establece que el Ministerio de Salud tendrá 45 días para organizar el registro correspondiente. Para las organizaciones, esa situación evidencia “imprecisiones y falta de coordinación gubernamental”.

En el documento, las entidades solicitaron formalmente cinco medidas concretas: suspender los efectos de la resolución y la disposición de ANMAT, evitar nuevas autorizaciones comerciales hasta realizar evaluaciones sanitarias integrales, publicar los antecedentes técnicos de la medida, convocar a organismos científicos y autoridades provinciales y garantizar que cualquier futura regulación priorice la prevención y la protección de niños y adolescentes.

El texto además remarca que los productos con nicotina “no son inocuos” y enumera posibles consecuencias asociadas a su consumo, entre ellas dependencia, riesgos cardiovasculares, toxicidad fetal durante el embarazo, intoxicaciones accidentales y afecciones respiratorias.

Las organizaciones que firmaron el documento sostuvieron que “la salud pública no puede quedar subordinada a la estrategia comercial de una industria que necesita renovar consumidores para sostener su mercado”.