El quiebre profesional entre Martina "Tini" Stoessel y su padre, el productor Alejandro Stoessel, escaló a un terreno estrictamente legal e institucional. Tras quince años de trabajo conjunto y una facturación estimada en cerca de 70 millones de dólares desde sus inicios artísticos, una auditoría privada encarada por un estudio jurídico-contable reveló profundas irregularidades en el esquema económico de la cantante.
"Ella no es dueña de nada"
Auditoría millonaria a Alejandro Stoessel: qué delitos podrían imputarle al padre de Tini
Una pericia contable reveló que la artista de 29 años no controla ni posee acciones en las sociedades que gestionan sus ingresos e imagen. Tras desvincularlo del rol de representante, analizan posibles encuadres penales como administración fraudulenta y delitos tributarios.
El informe preliminar arrojó que la totalidad de los derechos económicos derivados de la música, los contratos comerciales y el uso de imagen de la artista pertenecen a sociedades argentinas y extranjeras en las que la propia Tini no cuenta con participación accionaria, firmas autorizadas ni control operativo.
Los hallazgos de la auditoría y la pérdida de control financiero
Entre las conclusiones de la pericia contable —a la cual accedieron letrados y especialistas del sector— se destaca que el cobro de los contratos discográficos pasados y futuros recae de forma exclusiva en estructuras societarias que administra su progenitor. La cantante firmó documentación de cesión o autorización por confianza en su entorno familiar, pero sin haber cedido expresamente la titularidad de sus derechos artísticos o comerciales.
La situación patrimonial muestra además que recién en junio de 2026, mediante la mediación de un nuevo equipo de letrados, Tini logró el acceso a una cuenta bancaria de titularidad exclusiva. En la actualidad, la artista afronta una gira con más de 30 fechas programadas en América Latina y Europa sin contratos directos que le aseguren la percepción de las ganancias de su obra, por lo que exige el cierre del modelo de representación anterior y la reorganización de su patrimonio.
Encuadre legal: los delitos que investigaría la Justicia
Consultado sobre las derivaciones jurídicas del caso, el abogado penalista Leonardo Sigal explicó en medios nacionales que, si bien durante la minoría de edad del artista el ejercicio de la patria potestad faculta a los padres a suscribir contratos de envergadura, dicha atribución cesa de pleno derecho al cumplir los 18 años.
De confirmarse formalmente el detrimento económico en el ámbito judicial, la conducta podría quedar encuadrada bajo las figuras penalmente tipificadas de administración fraudulenta y defraudación (artículos 172 y 173 del Código Penal argentino). Ambos delitos prevén escalas penales de uno a seis años de prisión.
"Si se establece que existieron múltiples maniobras reiteradas en el tiempo, las conductas concursarían en forma real, lo que elevaría el mínimo de la escala penal y complicaría de manera sustancial la situación procesal del eventual imputado", precisó el especialista.
Asimismo, los peritajes del Ministerio Público Fiscal y de la querella evaluarían posibles infracciones a la ley penal tributaria en caso de detectarse irregularidades fiscales en las maniobras operativas de las sociedades involucradas. Por el momento, ambas partes mantienen negociaciones en el ámbito privado para intentar reestructurar el activo generado por la cantante.
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