La búsqueda de personas condenadas por delitos de extrema gravedad volvió a ocupar un lugar central en la agenda de seguridad nacional.

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso el pago de una recompensa millonaria para quienes aporten información que permita localizar y detener a Sergio Eduardo Giménez, condenado a 15 años de prisión por delitos sexuales cometidos contra sus hijos.

La búsqueda de personas condenadas por delitos de extrema gravedad volvió a ocupar un lugar central en la agenda de seguridad nacional.
A través de una nueva resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional decidió reforzar la localización de un prófugo condenado por abuso sexual agravado, con un incentivo económico destinado a quienes puedan aportar datos clave para lograr su captura.
El Ministerio de Seguridad Nacional resolvió ofrecer una recompensa de 10 millones de pesos a aquellas personas que brinden información útil y comprobable que permita concretar la captura de Sergio Eduardo Giménez, un hombre condenado por delitos de abuso sexual agravado cometidos contra sus hijos y que se encuentra prófugo desde hace más de una década.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 88/2026, firmada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Susana Monteoliva, y publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina.
La decisión se enmarca en la Ley N° 26.538, que regula el sistema de recompensas como herramienta de colaboración ciudadana en causas judiciales de especial relevancia y gravedad
Según detalla el texto oficial, el ofrecimiento de recompensa fue solicitado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 15, a cargo del juez Adrián Norberto Martín, en el marco de la causa N° 19575/2011.
El tribunal consideró necesario reforzar la búsqueda del condenado ante la persistente imposibilidad de dar con su paradero, pese a contar con órdenes de captura vigentes a nivel nacional e internacional.

Sergio Eduardo Giménez, argentino, titular del DNI N° 26.348.802, nació el 7 de noviembre de 1977. De acuerdo con la información incorporada en la resolución, es hijo de Julián Giménez y Gabriela Francow y registra últimos domicilios conocidos en Paraguay, más precisamente en Ruta N° 2, kilómetro 24, en la ciudad de Capiatá, y en el poblado de Villa Rica.
En cuanto a sus características físicas, el documento señala que mide aproximadamente 1,70 metros de altura, tiene ojos marrones y que solía teñirse el cabello, datos que forman parte del anexo difundido oficialmente para facilitar su identificación
Giménez fue condenado a 15 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado, en concurso con otros delitos sexuales, cometidos contra sus propios hijos durante los años 2005 y 2006. La sentencia lo consideró autor de hechos de extrema gravedad, agravados por el vínculo, la convivencia preexistente y la condición de las víctimas, todas menores de 18 años.
Entre los delitos por los que fue condenado se incluyen abuso sexual simple, abuso sexual con acceso carnal reiterado, abuso sexual agravado y corrupción de menores, conforme a los artículos correspondientes del Código Penal. Pese a la condena firme, Giménez logró evadir a la Justicia y permanece prófugo desde entonces.

Sobre Sergio Eduardo Giménez pesa una orden de captura nacional desde el 20 de mayo de 2015 y una orden de captura internacional desde el 11 de noviembre del mismo año, lo que habilita su búsqueda fuera del territorio argentino y refuerza la hipótesis de que podría encontrarse en el exterior, particularmente en Paraguay.
La resolución establece que cualquier persona que cuente con información relevante podrá comunicarse de manera gratuita y confidencial con el Programa Nacional de Recompensas, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, llamando a la línea telefónica 134.
Este canal funciona en todo el país y permite realizar aportes sin necesidad de identificarse públicamente.
El texto oficial remarca que el pago de la recompensa estará sujeto al mérito de la información brindada, el cual será evaluado por la autoridad judicial interviniente. Además, se garantiza la preservación de la identidad del aportante, uno de los aspectos centrales del sistema de recompensas previsto por la ley